27 septiembre 2006

El embarazo de Letizia sirve de excusa para debatir sobre el sexo de los ángeles

El anuncio de que la princesa Letizia, futura reina de España, está embarazada ha reavivado un viejo debate tan absurdo como inútil.
Monárquicos, indiferentes y no pocos republicanos formulan a través de la prensa, las emisoras de radio y televisión una de las preguntas que, personalmente, considero más inanes de cuantas se pueden hacer en política aquí y ahora:
¿Debe o no ser modificado el artículo de la Constitución Española de 1978 que otorga prioridad a los varones sobre las féminas a la hora de heredar el trono?
Y a modo de espuela, los preocupados por ese detalle añaden: ¿urge afrontar ese cambio legal, o el país puede esperar?
Por favor, ¿alguien cree que ese asunto palaciego puede influir en cuestiones de ámbito o profundidad que abarquen al conjunto del país, a su economía y que afecten a la población?
El juego de fruslerías creado en torno a la Casa Real es patético y construir un debate para elucubrar sobre la herencia de la corona es poco más que un monumental entretenimiento.
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Tres detalles, sólo tres
* ¿Cabe hablar de criterios igualitarios en una institución que es radicalmente elitista y que, en  lo esencial, es hija y mantiene vigentes criterios teocráticos y los propios de un concepto personalista del poder y de la gobernación?
* ¿Es posible convertir en democrática una institución que es y necesita ser autocrática porque, de lo contrario, fenecería?
* ¿Acaso son menos autocráticas las monarquías cuyos herederos aspiran al trono en igualdad de condiciones con independencia de su sexo?
Indudablemente, desde una óptica formalista y analizando el asunto con un ojo cerrado y el otro parpadeando, bueno sería que la Constitución Española prohibiera que en la Casa Real se apliquen criterios discriminatorios por sexistas. Pero no es un asunto sustancial para España ni para nadie, salvo para la familia Borbón. 
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Todo es tan grotesco que la carcajada es más adecuada que la sonrisa
Sin rodeos: es grotesco que la abolición de esa norma sexista que consagra la Constitución sea presentada como un aspecto fundamental para el futuro de los ciudadanos.
Que la Constitución bendiga el sexismo o machismo en la Jefatura del Estado debería sonrojar en primer lugar al propio monarca, seguido de los legisladores que redactaron la carta magna, de los que la aprobaron [incluidos quienes votaron en el referéndum del 6 de diciembre de 1978] y de los legisladores que, impasibles, mantienen en vigor ese anacronismo medieval.
Pero con todo, no es un asunto por el que los ciudadanos debamos rasgarnos las vestiduras, ¿acaso nos afecta cómo administre la Casa Real las relaciones entre sus miembros?
Mientras el asunto no afecte más que a ellos y si ellas lo consienten, los Borbón pueden seguir discriminando a sus mujeres.
A fin de no dañar la ya precaria salud política de los ciudadanos, convendría que quienes se prestan a sobredimensionar debates carentes de interés social hagan un esfuerzo para no mezclar lo esencial con las cosas que sólo sirven para distraer al público que va al circo...
Tan grotesco es el asunto que casi nadie repara en este dislate: la "gente responsable" considera correcto y democrático que los legisladores (diputados y senadores) esperen a recibir la autorización del rey para erradicar el sexismo en la familia cuyo jefe también lo es del Estado.

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