20 julio 2008

Bruselas propone castigar con rigor la contratación de indocumentados

Ahí va otra de esas noticias que apenas han merecido tratamiento mediático pese a su importante repercusión social:
El Consejo de Ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea convocado para la semana que mañana empieza debatirá, entre otros asuntos, un proyecto de directiva de la Comisión Europea cuyo objetivo es perseguir con mayor eficacia la contratación de trabajadores indocumentados e imponer mayores sanciones a los empleadores.
Al margen de cuestiones semánticas que merecerían revisión (por ejemplo, en el borrador se emplea la expresión inmigrantes ilegales), la iniciativa de la Comisión aborda un asunto sobre el que la mayoría de los gobiernos de los Veintisiete pasan de puntillas: la contratación de inmigrantes indocumetados permite reducir cotes salariales, pues cobran menos, lo que aumenta los beneficios del empresario.
Para colmo, los irregulares trabajan en condiciones que por lo general son aberrantes y que en ocasiones incluso son propias de un régimen esclavista.
Todo ello sin olvidar otro aspecto sustancial: Ese tipo contrataciones contribuyen al abaratamiento de los ingresos de la generalidad de los trabajadores, sin que esto signifique culpar del fenómeno a los desheredados que buscan un futuro.
El reciente escándalo protagonizado por una empresa de tratamiento de residuos de la ciudad italiana de Padua [mujeres inmigrantes dedicadas a seleccionar basura trabajaban en condiciones infrahumanas] constituye la enésima demostración de que urge solucionar un problema que no sólo afecta a los 6,5 millones de personas (cálculo aproximado elaborado por Bruselas) que residen irregularmente en la UE, sino que también perjudica al conjunto de los asalariados europeos.
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Ilustración capturada en Público
Cegueras interesadas
La actual situación es a todas luces caótica --mejor dicho, interesadamente caótica-- y descansa en tres pilares: cerrar lo ojos, restringir los derechos de los indocumentados, y sancionar lo más levemente que sea posible a los empresarios que contratan ilegalmente, aplicando simples y baratas sanciones administrativas.
Para colmo, los servicios de inspección laboral son deficientes o prácticamente nulos. Y para redondear, no todos los países socios imponen penas de prisión a quienes organizan el tráfico de personas.
El proyecto de la Comisión ya ha sido denostado por organizaciones empresariales de la UE, pero también es criticado por los sindicatos, aunque por razones bien diferentes.
Portavoces de patronales europeas echan balones fuera diciendo que ya hay leyes y normas de ámbito estatal que sancionan las ilegalidades laborales, aunque reconocen que no siempre se aplican, por lo que concluyen que no es necesario mejorar el escenario legislativo.
En tanto que desde el lado sindical se teme que la directiva sea poco más que un sistema de control de inmigrantes, por lo que reclaman, por un lado, una visión menos económica y más social y, en paralelo, reforzar las inspecciones laborales en todos los países.
El asunto tiene mucha enjundia, ¡también para los asalariados europeos!, y desde un punto de vista informativo se echa en falta una mayor atención de los medios, pues apenas han dedicado al proyecto de Bruselas cuatro palabras.
NOTA:
El reportaje del rotativo Il manifesto que informa del escándalo habido en Padua, con el que enlaza el texto de este post, ha sido traducido y difundido por Rebelión: para acceder a la versión castellana pulse aquí.
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ACTUALIZACIÓN (25 de julio):
El proyecto de reforzar y armonizar medidas legales contra las prácticas empresariales abusivas se ha quedado en el tintero. El Consejo de Ministros de la UE se ha limitado a aprobar una declaración de intenciones en la que habla de racionalizar la inmigración y fomentar la cooperación entre los Veintisiete. 
Nada más.

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