En 1975, vigente el Estado autárquico y económicamente irracional del franquismo, en España había poco más de un millón de funcionarios y empleados públicos. Para colmo, la aportación productiva de un notable porcentaje de ellos --en torno al 25 %-- era inútil o irrelevante, pues eran legión los que habían sido premiados por la dictadura o por otras vías y motivos con un puesto de trabajo público.
En 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los funcionarios y empleados públicos sumaban 2,5 millones, cifra que conviene territorializar para no alimentar la creencia interesada de que todo el monte es orégano.
En 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los funcionarios y empleados públicos sumaban 2,5 millones, cifra que conviene territorializar para no alimentar la creencia interesada de que todo el monte es orégano.
Tanto se habla de solidaridad interterritorial que bueno será poner todas las cartas encima de la mesa, ¡todas!, también esta:
En Extremadura, algo más el 28 % de la población activa ocupada cobra de la Hacienda pública.
En Extremadura, algo más el 28 % de la población activa ocupada cobra de la Hacienda pública.
¿Hay alguien en la Blogosfera o fuera de ella que pueda explicar racionalmente qué ocurre en Extremadura para que al menos uno de cada cuatro asalariados existentes cobre del erario?
El dato por si sólo no es relevante, pues objetivamente no tiene porque ser negativo que 1 de cada 4 asalariados dependan de la caja común, lo que resulta sorprendente son las diferencias existentes, circunstancia que exige análisis y dejar de lado los maquillajes.
Por detrás de Extremadura, pero a contable distancia, figuran Castilla y León, 20,5 %; Castilla y La Mancha, 19,5; y Andalucía con el 18,5. En el extremo opuesto están Catalunya con el 9,8 %, seguida del País Valencià, 12,2; Balears, 12,5; y Euskadi, 13,6.
El dato por si sólo no es relevante, pues objetivamente no tiene porque ser negativo que 1 de cada 4 asalariados dependan de la caja común, lo que resulta sorprendente son las diferencias existentes, circunstancia que exige análisis y dejar de lado los maquillajes.
Por detrás de Extremadura, pero a contable distancia, figuran Castilla y León, 20,5 %; Castilla y La Mancha, 19,5; y Andalucía con el 18,5. En el extremo opuesto están Catalunya con el 9,8 %, seguida del País Valencià, 12,2; Balears, 12,5; y Euskadi, 13,6.
Racionalmente es inexplicable, pero irracionalmente se me ocurren unas cuantas que estoy seguro son coincidentes con las tuyas y con las de muchas otras personas. Unha aperta.
ReplyDeleteUna teoría:
ReplyDeleteQuizás en Extremadura el número de funcionarios no es superior al de otras regiones si lo contamos en forma de médicos/1000 habs., policías/1000 habs, profesores/1000 habs., etc. De esta manera el sector público tiene la misma presencia que en otras comunidades, dando a su población los mismos servicios que en otros lugares. Pero como, por otro lado, es una comunidad pobre, con poca vida empresarial, cuando comparas ese número de funcionarios con el total de trabajadores aparece un porcentaje mucho mayor que la media.
Esa podría ser una explicación racional, dicha sin conocer en profundidad el tema.
Al anónimo:
ReplyDeleteDe entrada, lamento que no se identifique; no obstante, su comentario es publicable porque es correcto en la forma y en el contenido.
Con relación a las tasas que menciona, están ímplicitas en el porcentaje de funcionarios sobre el total de habitantes; para conocer la tasa exacta basta con dividir la cifra de la población entre el número de funcionarios (las cifras de ambos conceptos están colgadas en la web del INE).
Hay un aspecto que usted menciona que sí es sustancial: la escasa iniciativa; dicho de otro modo: la escasez de emprendedores; la cual, unida a que históricamente los extremeños ricos (o capitalistas) han preferido invertir fuera de su tierra explica en gran medida la poca oferta de empleo privado.
Ahondando en el asunto, cabría preguntarse qué hacen las Administraciones --tanto la central como la autonómica-- así como las burguesías urbanas (o clases medias) para revertir esa tara endémica. En paralelo, también cabe preguntarse qué hace la generalidad de los extremeños para "castigar" o "marcar distancias" con esos potenciales inversores de la tierra que, en el fondo, descapitalizan y cercenan las posibilidades de desarrollo del territorio.
Saludos.