Las medidas adoptadas por el Gobierno español para hacer frente a la crisis financiera que ha causado la codicia de la banca de EE UU --unida a la desidia de su Administración-- han merecido mil y una loas, sobre todo de la banca y de esa izquierda que confunde posibilismo con realismo.
En todo caso, prescindiendo de ideologías y dejando de lado las simplezas del PP --empeñado en hacer oposición aplicando la exitosa táctica nihilista del 11-M--, las decisiones del gabinete de Rodríguez Zapatero son radicalmente posibilistas, probablemente --subrayo el probablemente, que no significa seguramente-- porque no queda otro remedio... ¿?
En todo caso, prescindiendo de ideologías y dejando de lado las simplezas del PP --empeñado en hacer oposición aplicando la exitosa táctica nihilista del 11-M--, las decisiones del gabinete de Rodríguez Zapatero son radicalmente posibilistas, probablemente --subrayo el probablemente, que no significa seguramente-- porque no queda otro remedio... ¿?
Pero en paralelo ocurre esto otro:
La Comisión Europea denuncia a Bélgica, España, Irlanda y Suecia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber aplicado todavía la legislación comunitaria que persigue el blanqueo de capitales.
El plazo para incorporar esa directiva (ley comunitaria) expiró el pasado 15 de diciembre, ¡hace casi un año!
El plazo para incorporar esa directiva (ley comunitaria) expiró el pasado 15 de diciembre, ¡hace casi un año!
La llamada tercera directiva contra el blanqueo de capitales, que fue aprobada por el Consejo de la UE en 2005, endurece las medidas que se aplican a la banca, a los abogados, a los notarios, a los consultores, a los contables, a los registradores de la propiedad, etcétera.
La directiva, que sigue sin ser aplicada en las legislaciones de los cuatro países socios denunciados, lleva aparejada la creación de instrumentos para combatir el blanqueo de dinero (identificación y comprobación de la identidad del cliente en el caso de los bancos, la conservación de los datos de quienes hacen las transferencias, o la formación del personal bancario y notarial, entre otras).
En resumen, se trata de aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es la institución multilateral que analiza el grado de porquería financiera existente y promueve medidas para combatirla.
¿Se habrán enterado los legisladores españoles, todos, sean del PSOE o del PP, del PNV o de CiU, de CC o del BNG, de IU o de la singularísima UPyD?
La hipocresía de los políticos en este asunto le hace caer en la sospecha de que presuntamente puedan tener intereses personales o que defiendan a amigos. Esta entrada tiene una mayor magnitud porque se publica en el día dedicado a la erradicación de la pobreza. Vergüenza debería darle a toda la clase política, a ese grupo de privilegiados que se sube el sueldo por encima de los alicaídos salarios medios.
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