El juez apoyó a los "okupas" de un piso en Barcelona... ¡Falso!

Pulsar sobre la imagen para ampliarla

¿Recuerda usted que hace un par de semanas El país destapó la escandalosa okupación de un piso en el barcelonés barrio de El Raval ¡ocurrida en el verano del 2008! y que, según informaba el periódico, el juez había dado la razón a la pareja de intrusos en perjuicio de los titulares del inmueble?

Pues bien, el episodio es sustancialmente distinto.

De entrada, el pasado 11 de noviembre, ocho días antes de que fuera publicada la noticia que ocurrió hace más de un año, el Patronat Municipal de l’Habitage (patronato municipal de la vivienda) de Barcelona (PMHB) e Incasol (el organismo autonómico que gestiona el suelo) habían decidido demoler el edificio por razones técnicas (la reordenación parcial del barrio) y, de salida, todo indica que el titular inicial del piso lo habría realquilado ilegalmente o bien lo mantenía cerrado, sin habitar.

[En este punto es obligado subrayar que se trata de una vivienda de propiedad pública de alquiler... ¡destinada a urgencias sociales y a familias de bajos ingresos!, por lo que está terminantemente prohibido arrendarla y, por ende, los titulares de la adjudicación deben residir en ella]

La pregunta es inevitable:  
¿Cómo es posible que un ciudadano que es propietario de un comercio y que no acusa problemas económicos de ninguna índole disfrutara de un piso destinado a urgencias sociales?...

El de marras no es el único piso destinado a urgencias sociales con el que algunos listos se embolsan un dinero extra, mantiéndolo periódicamente en barbecho a la espera de oportunidades. Lógicamente, estas situaciones sólo son posibles debido a la negligencia del PMHB.

Intervención del Tribunal Superior de Catalunya

La vieja noticia difundida por El país provocó la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tras examinar los hechos ha desmentido la información del periódico y ha puntualizado que, en efecto, el juzgado número 13 de los de Barcelona desestimó la petición de desahucio interpuesta por el comerciante (adjudicatario del piso destinado a "urgencias sociales") porque la titularidad de la vivienda es motivo del pleito civil que está pendiente de resolver por la Audiencia, a la que ha recurrido la actual inquilina para evitar que el titular inicial del piso la eche.

Es más, el propio TSJC ha recordado que en octubre del 2008 ya se dictaminó judicialmente que la mujer y su pareja tenía derecho a vivir en el piso --a la espera de que se dilucide el pleito por la titularidad--, aunque les impuso una fianza simbólica de un euro. Además, en ese dictamen consta que ambos están empadronados en ese domicilio.

El caso es que las actuaciones judiciales tienen más de un año de antigüedad y que todo el asunto transcurre por los cauces habituales.

Más tropezones en la misma piedra

Por si fuera poco, el día 21 --dos días después de lanzar la espectacular ¿exclusiva?-- El país publicó un texto apuntando que la decisión de demoler el edificio sería fruto de la denuncia del periódico. La realidad es bien distinta, pues esa decisión fue adoptada once días antes por el PMHB e Incasol.

En definitiva, la exclusiva estaba basada en cuatro pilares cuestionables:

1. El país decía que una pareja de okupas se apropiaron del piso mientras el titular estaba de vacaciones. Este hecho forma parte del alegato del comerciante, no es un hecho comprobado.

2. El país decía que el juzgado apoyó a los okupas. Falso. El desahucio no se ejecutó porque la sentencia inicial está recurrida.

3. El país decía que el edificio del piso okupado es un antro de drogas, delincuencia y escenario habitual de botellones. Esta es una percepción u opinión, no es un hecho comprobado… Además, ¡a 50 metros del inmueble hay una comisaría de la policía autonómica!

4. El país decía que las autoridades habían decidido derruir el edificio a raíz del escándalo provocado por la difusión de la vieja noticia y porque es un enclave “incívico”. Falso… Esa decisión es de orden técnico y se había tomado con anterioridad.

[Los inquilinos de las viviendas públicas afectadas por las demoliciones serán reubicados, operación con la que el ayuntamiento trata de reordenar la zona para, entre otras cosas, lograr un mejor aprovechamiento del espacio... De modo que es comprensible que los adjudicatarios iniciales que hayan realquilado sus viviendas o que las tenían desocupadas intenten recuperarlas o rehabitarlas para tener derecho a uno de los pisos nuevos que sustituirán a los condenados a la piqueta]

¿A qué obedece una información tan tendenciosa?

Según han informado medios catalanes no convencionales [la bitácora 500x2, por ejemplo, que fue la primera en difundir el hecho], la desinformación difundida habría servido para matar tres pájaros de un tiro:

1. La exclusiva habría sido una más de las maniobras que las autoridades y sus aliados realizan para ocultar, maquillar o cuando menos disimular la desastrosa política de vivienda pública.

[El PMHB gestiona 6.000 pisos en una ciudad que suma 750.000; es decir, las viviendas con fines sociales sólo suponen el 0,7% del total; aparte de que por lo general son inmuebles de construcción deficiente y mal gestionados, tanto que el fenómeno de los realquileres es normal. En numerosas ciudades de Alemania, Austria, Francia y Holanda con menor caché que la olímpica Barcelona ese porcentaje es superior al 20%. Los gobiernos barcelonés y catalán no son precisamente eficientes al respecto, si bien les queda el consuelo de que su ineficiencia es extensible a toda España]

2. La exclusiva ha sido útil para promover en la opinión pública una actitud favorable a la ley del desahucio exprés recién aprobada en el Congreso con los votos del PSOE, PP y CiU.

[El nuevo texto legal permite que las familias en apuros sean desahuciadas por procedimiento abreviado, ¡incluso de viviendas públicas!; mientras tanto, la banca privada en apuros recibe cientos de millones de euros…]

3. Y por último, la exclusiva de la vieja noticia también ha contribuido a desprestigiar las viviendas de promoción o propiedad pública, sobre todo las de alquiler.

ENLACE a "Un matrimonio lleva 16 meses con la casa ocupada y sin amparo judicial", en El país del pasado 19 de noviembre.

NOTA: La exclusiva informativa de El país fue difundida aplicando los criterios del loro por numerosos periódicos, emisoras de radio y de TV.