02 abril 2010

La fianza impuesta a Matas y el "suicidio" de la Justicia

El abogado de Jaume Matas, Rafael Perera, ha informado de que su cliente recurrirá contra la cuantía de la fianza que le ha impuesto el juez instructor, fijada en 3 millones de euros. ¡Lógico! Semejante cifra no sólo es aberrante, sino que además avala la tesis de que la Justicia ha perdido el norte, tanto que el juez que ha establecido esa cifra ha llegado a justificar su decisión alegando que ha respetado la propuesta del fiscal...
¿Acaso los jueces instructores están obligados por ley a dar por buenas las peticiones de las fiscalías? ¡No!
Sorprendentemente, en el caso Matas el juez ha llegado a argumentar que Matas se ha beneficiado de la benignidad del fiscal, porque si fuera por él habría decretado prisión provisional sin fianza. ¿Por qué no lo ha hecho?
Él sabrá, pero no ha sido porque estuviera obligado a satisfacer la propuesta del acusador público.
Ignoro a qué juegan los fiscales que proponen tamañas fianzas.
En resumen, es radicalmente lógico que Matas recurra el sinsentido de los 3 millones de euros.
La Justicia (con mayúscula inicial, pues es una referencia a la Adminstración, no al concepto) parece empeñada en desprestigiarse con, por ejemplo, fiscales que han perdido el sentido de la proporción y con jueces que, quizá, con tal de no incomodar no se sabe a quién o a qué, evitan firmar autos de prisión.
En un país cuya Justicia se respetara a sí misma Matas estaría encerrado, pero en España...
¿Por qué ocurren estas cosas? Este y otros episodios están relacionados con el hecho de que el presidente del Supremo y del CGPJ sea Carlos Dívar, un genuino producto de la Justicia del 18 de julio de 1936 y del 37, 38, 39, 40... 60, 61, 62... 70, 71, 72... que es la misma que la Justicia del 78, 79, 80... 2010...
Matas tiene motivos sobrados para recurrir el cachondeo de los 3 millones de euros. Es más, en España incluso es posible que le rebajen la fianza.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

NOTA: En ImP no se publicarán injurias ni difamaciones, ni tampoco imputaciones de faltas o delitos sin aportar pruebas, datos judiciales o sentencia.
Sólo se publicarán los anónimos que a criterio del administrador sean de interés.