Nuevo éxito de la singular campaña católica contra Paul Kagame

Esta semana, buena parte de la atención mediática española ha estado centrado en la estancia en Madrid del jefe de Estado de Ruanda, Paul Kagame, con motivo de los preparativos de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, institución que nombró al español José Luis Rodríguez Zapatero y Kagame copresidentes de la iniciativa.

Pues bien, varias organizaciones católicas, con los misioneros combonianos al frente y un grupo de oenegés "políticamente correctas" supuestamente bien intencionadas, apoyados todos en el previo rebumbio social fomentado por numerosos medios, han logrado que el presidente de Gobierno español suspendiera la reunión que tenía prevista en La Moncloa con el mandatario ruandés.

Los detractores de Kagame insisten desde hace ya años en acusarlo de ser poco menos que uno de los principales impulsores de las guerras y matanzas que se vivieron en los países de los Grandes Lagos durante la década de 1990.
La participación directa de Kagame en la puesta en marcha o en acciones de ese genocidio africano jamás han sido probadas, no han sido presentados testigos, ni siquiera indicios racionales.
Por el contrario, sí hay pruebas y sentencias contra dirigentes católicos hutus, incluidos curas, por su participación en delitos de sangre con motivo de la borrachera de odios que asoló Ruanda.

De ahí que en medios africanos y europeos haya causado extrañeza la decisión de las autoridades españolas de respaldar, siquiera tangencialmente, la cruzada que círculos católicos mantienen contra Kagame desde hace ya varios años con fines estrictamente partidistas, aparte de que quizá también insistan en esa cruzada para silenciar el vergonzoso papel que jugó la curia ruandesa.
Kagame es sospechoso, según la opinión de dos juzgados (uno francés y otro español) de haber incurrido en responsabilidades por no haber hecho nada efectivo para oponerse a los ataques de las bandas tutsis contra la población hutu.
Sin embargo, de momento nadie ha presentado pruebas fehacientes de esa presunta "inhibición activa". Además, mientras sea presidente del país goza de inmunidad; de modo que está descartado que autoridades judiciales de países de la UE o el Tribunal de La Haya abran un procedimiento.