En los últimos 30 años los trabajadores han perdido una media del 18% de capacidad adquisitiva

Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), complementados con informes y estudios de entidades privadas --desde los de sindicatos hasta los de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), e incluso de Cáritas, entre otras fuentes--, la capacidad adquisitiva media real de la generalidad de los españoles al cierre del año pasado era un 9% inferior que hace un decenio, en el 2002 (ver la infografía que encabeza este texto).

Los datos del INE referidos a las evoluciones de los salarios y del índice de precios al consumo (IPC) que se han registrado durante ese decenio, analizados sin más referencias, reducen ese diferencial a la mitad, pues sólo computan los ingresos de los asalariados, sin tener en cuenta la ocupación real; es decir, excluyen los trabajadores irregulares, que suman entre 1,8 y 3,5 millones de personas, según las fuentes (la segunda cifra incluye a los contratados a tiempo parcial que en realidad cubren jornadas completas, entre otras perversiones).
Además, evidentemente, la práctica totalidad de quienes trabajan en condiciones irregulares, entre los que abundan los que no están dados de alta en la seguridad social, perciben emolumentos inferiores.

Perversiones

Las cifras oficiales tampoco tienen en cuenta el elevado número de asalariados que cobran menos de lo que consta en sus nóminas; práctica esta que según las centrales sindicales afectaría a 1,3 millones de personas, siendo esta la cantidad inferior de las que barajan.

En definitiva, teniendo en cuenta el amplio abanico de irregularidades que caracterizan el mercado laboral español, las cifras del INE --sin menoscabo del rigor y de la eficiencia a la hora de trabajar los datos de que dispone-- son manifiestamente insuficientes para conocer, siquiera aproximadamente, los ingresos medios por persona o por hogar, pues el INE solo refleja cifras oficiales (o declaradas), o bien el resultado de encuestas (caso del IPC).

Al margen de singularidades, ese fenómeno --el de las distorsiones que acusan los cómputos socio-económicos oficiales-- es similar a los que se dan en el resto de Europa. Por ejemplo, en Alemania y Francia y en lo tocante a sus tasas de desempleo, resulta que en realidad son notablemente más elevadas que las que comunican a la Administración comunitaria --que son las difundidas en España--, entre otras cosas porque las autoridades alemanas no computan, entre otros colectivos de parados, a quienes buscan trabajo mediante agencias de colocación privadas y en el caso de Francia, las estadísticas oficiales excluyen a quienes buscan empleo por primera vez, entre otras singularidades.

De modo que, tal como denuncian cíclicamente los sindicatos de uno y otro país, las tasas de paro oficiales de Alemania y Francia engañan y la tasa real de población activa sin empleo en ambos países es entre un 35 y un 50% más elevada, según geografías y épocas del año.

Así las cosas, es obligado contrastar todos los datos oficiales disponibles con los de otras fuentes.

Cambios de tendencia

En el caso de España y con relación a la capacidad adquisitiva, la evolución de los ingresos y de los precios --que son los referentes fundamentales, pero no los únicos-- durante el decenio estudiado arroja saldos anuales positivos (aumento de la capacidad de compra) hasta el 2007, año en que estalló la crisis financiera en Estados Unidos.

En el segundo semestre del 2008 y pese a que se había producido una ligera deflación, la capacidad adquisitiva media de los españoles empezó a reducirse más y más rápido, tendencia que ha persistido durante los años 2009, 2010 y 2011.

Además, según todas las proyecciones realizadas para este año, el desplome persistirá y, aunque quizá se atenúe, se prolongará durante al menos otros dos ejercicios.

A este respecto, cuatro de los cinco economistas consultados estiman que la caída de la capacidad adquisitiva podría estabilizarse a finales del 2014 y marcar una ligera recuperación en el 2015; si bien matizan que esto sólo será posible --incluso admiten que podría ocurrir antes-- si se recupera el crecimiento, para lo que califican de «imprescindible» la inversión pública y la normalización del crédito, condiciones sine qua non para que a su vez aumente la inversión privada y se vuelva a generar empleo --mejor dicho, se recupere siquiera parte del perdido.

Espejismos

A medida que se profundiza en el estudio de la capacidad adquisitiva real, aumentan las sorpresas, también en el IPC. Una de las cuestiones más sobresalientes radica en que el cálculo oficial del IPC prescinde de los pagos para amortizar las hipotecas de la vivienda habitual, pues el epígrafe de gastos por vivienda sólo computa los de mantenimiento.

Ese lunar es doblemente grave en un país como España, en el que ser propietario del piso o la casa es un criterio sacralizado, siendo el territorio de la UE con el más bajo porcentaje de población residiendo en régimen de alquiler (poco más del 10%, tres, cuatro y hasta cinco veces menos que en Alemania, Austria, Francia, Holanda, etcétera).

En paralelo y en lo tocante al resto de precios, durante el decenio estudiado (2002-2011) el IPC oficial refleja una evolución de precios que es entre 1,4 y 2,3 puntos inferior a la resultante de tener sólo en cuenta los productos básicos de la cesta de la compra diaria de la inmensa mayoría de los españoles.

La lista de productos fundamentales que se ha utilizado para hacer este cálculo --que es estrictamente orientativo-- sólo recoge los alimentos y bebidas no alcohólicas, la energía (sólo gas y electricidad), el agua, los artículos de limpieza personal y del hogar, así como el mantenimiento de este; excluyendo gastos no habituales o de lujo como joyas, servicio doméstico o cirugía estética, entre otros.

Precedentes

Con anterioridad al decenio estudiado, durante los años ochenta y hasta 1998, la capacidad adquisitiva se redujo casi todos los años.

Todos los estudios consultados (once) indican que entre los últimos años setenta y los últimos noventa la capacidad de compra media de los asalariados españoles había caído un mínimo del 8,5% --hay informes que elevan esa tasa hasta el 14%--, tendencia que experimentó un repunte con la entrada del euro (2002), fenómeno este que todas las fuentes citan pero que, paradójica y significativamente, apenas se reflejó en las cifras oficiales del IPC.

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La pobreza aumenta al mismo ritmo que se deprecia el trabajo

Por Manuel Lago (economista)

Por mucho que algunas fuentes señalen que los salarios han crecido mucho en España, la realidad es que en las dos últimas décadas se ha producido una reducción salarial en términos reales, lo que ha provocado una notable pérdida de capacidad de compra de prácticamente todos los asalariados, e incluso de los trabajadores autónomos y pequeños empresarios.

Durante las dos últimas décadas el modelo de negociación colectiva en España ha funcionado relativamente bien, con acuerdos marco entre empresarios y sindicatos que después se trasladan a los diferentes ámbitos territoriales, sectoriales y de empresa, donde se negocian los convenios.

Esos acuerdos han apostado por la moderación salarial y por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, vinculando el incremento salarial al índice de precios al consumo (IPC) y condicionando la ganancia de poder adquisitivo al reparto de los incrementos de productividad.

Brecha creciente

La estadística de los convenios colectivos señala que durante los últimos años los incrementos salariales han seguido esa pauta y han crecido ligeramente sobre el IPC, tendencia rota en el 2009.

Pero esa estadística oficial sobre incrementos pactados en los convenios esta en absoluta contradicción con otras fuentes que demuestran que los salarios en España son muy bajos y que las rentas salariales han perdido posiciones en el reparto de la renta nacional.

Además, de forma paralela, la desigualdad de las rentas en España está entre las más altas de la Unión Europea y, por ende, esta brecha se agrava con la crisis.

La Contabilidad Nacional señala que la participación de los salarios en la Renta Nacional no deja de caer desde que en el año 2000 alcanzó un máximo del 55%. En el 2010 fue solo del 52%, pese a que los asalariados constituyen el 80% de los ocupados.

La estadística de la Agencia Tributaria revela que el salario medio anual es de 19.113 euros; esto es, 1.365 euros brutos al mes; que el 50% de los asalariados no llega a mileurista y que casi 8 millones de trabajadores tienen salarios por debajo de los 750 euros netos al mes.

Esa aparente contradicción entre lo que dice la estadística de convenios --que los salarios negociados mantienen el poder adquisitivo-- y las demás fuentes, que señalan un deterioro salarial, está explicada por el efecto composición. Porque la estadística de convenios refleja tasas de variación; es decir, los porcentajes de incremento salarial pactados en convenios, pero no el salario en cifras absolutas. Y ese salario se ha reducido como consecuencia de los cambios económicos, productivos, empresariales, demográficos, sectoriales y laborales de las dos últimas décadas.

Como es bien conocido, el salario de un trabajador es más elevado si la empresa en la que trabaja es grande, si su actividad es industrial o presta servicios de alto valor añadido, si tiene un contrato fijo y si su antigüedad en la empresa es elevada, y más si tiene un nivel formativo alto.

Pues bien, en los últimos años en casi todas estas variables se han producido cambios en la dirección contraria que han provocado que la cuantía de las retribuciones se fuera reduciendo.

Las empresas han utilizado la descentralización productiva y el "outsourcing" (externalización) para reducir el tamaño de sus plantillas principales; a su vez, las empresas industriales han perdido presencia en favor de la construcción y de los servicios de escaso o nulo valor añadido. En paralelo, los contratos temporales son cada vez más, la precariedad aumenta la rotación laboral reduciendo la productividad, mucha gente ya no cobra antigüedad y se usa y abusa del empleo menos cualificado en esas actividades de bajo valor.

El bajo nivel salarial es uno de los brazos de la tenaza que comprime el nivel de renta de las familias trabajadoras.

El otro brazo ha sido el incremento brutal del precio de la vivienda habitual, lo que ha obligado a casi todas la familias a dedicar una parte muy elevada de su renta al pago de la hipoteca. En definitiva, los asalariados han tenido que compensar con préstamos bancarios lo que no cubría el sueldo.

Endeudamiento

El resultado ha sido un proceso casi dramático de endeudamiento, de apalancamiento, para la compra de vivienda que a día de hoy lastra no so¬lo el nivel de vida de la gente sino las posibilidades de recuperación de la actividad económica en España.

Y esto no lleva al último punto. Los salarios son al mismo tiempo un coste para las empresas y el componente fundamental de la demanda. Reducir el salario en una empresa concreta sin duda beneficia al empresario porque ganará más. Pero si la reducción salarial se generaliza a todas las empresas todos perderemos, los empresarios también, porque al caer la demanda se produce menos y también caen los beneficios. Es la paradoja de la generalización, lo que es bueno para uno individualmente puede ser malo si se extiende a todo el mundo.

Y este es el gravísimo riesgo que se esconde detrás de las propuestas para imponer por ley una reforma de la negociación colectiva. Si la reforma da más poder al empresario, se podría reducir más el nivel salarial, lo que nos empobrecerá todavía más a todos.

(Reproducción facsímile de los textos, publicados ayer en La voz de Galicia)