30 julio 2012

¿Por que los nacionalistas españoles imputan a las autonomías todos los dislates?

Entre los ajustes y recortes que el Gobierno de Rajoy y sus homónimos autonómicos del PP han anunciado hay uno con singular trasfondo político: abaratar el coste del aparato del Estado; lo que en rigor no debería consistir en reducir plantillas y otros gastos [como el PP pretende], sino que se debería reducir el número de instituciones y organismos. Objetivamente, ideologías al margen, lo primero que sobran son las diputaciones provinciales y fusionar cientos de municipios.
La reorganización del Estado pergeñada durante la Transición fue políticamente cobarde y administrativamente deficiente, digan lo que digan los autores y sus herederos políticos; en parte porque el franquismo era un "movimiento" socio-político e institucional sano y activo --en cierta medida sigue siéndolo-- y porque casi todos los partidos apostaron por una reforma dentro del orden... ¿Qué orden? (la pregunta es retórica).
En rigor, la reforma fue casi exclusivamente formal, acompañada inevitablemente del sufragio universal para elegir el poder legislativo y a través de este, el ejecutivo (gobierno).
Así, resumiendo, los gestores de la "eterna Transición" inventaron un pseudofederalismo bautizado Estado de las Autonomías, lo que permitió enterrar provisionalmente el problema de las naciones y culturas históricamente ninguneadas: Catalunya, Euskadi y Galicia, que eran y son los únicos territorios que en principio justificaban una descentralización politico-administrativa en varios campos.
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Cuadro añadido en 2014 (pulsar para ampliar)
Las provincias,
diseñadas en 1822,
arrastran la existencia
de 6.799 municipios con
menos de 5.000 habitantes, 
casi todos insostenibles 

Los autores del "tránsito" crearon las comunidades autónomas pero mantuvieron las diputaciones provinciales y el aberrante mapa municipal, con al menos 6.799 (los que suman menos 5.000 habitantes) que no sólo son económicamente onerosos, sino insostenibles.
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[No nos engañemos: todos los municipios que suman menos de 5.000 habitantes deberían ser sometidos a reagrupaciones forzosas. Para colmo, abundando en la Administración local, pasan los años y la mayoría de los dirigentes políticos orillan el absurdo que supone mantener divididas en varios municipios las conurbaciones de A Coruña, Bilbao, Barcelona, Sevilla, València o Vigo, entre otras. 
Esas taifas impiden que la administración pública sea racional, pues no sólo se multiplican las instituciones, sino también sus organismos y los gastos, al tiempo que facilitan la "coronación" de alcaldes-reyezuelos, etcétera y etcétera, propiciando mil y un chanchullos].
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Las sacralizadas diputaciones
El Estado de las autonomías fue construido, pues, encima de una irracional administración periférica.
Sin embargo, pese a que nadie ignora las raíces de ese problema político y de gestión, el PP pone especial acento en meter mano a las autonomías pese que estas, aun con sus defectos, serían admisibles y económicamente factibles si se acabara con lo que el franquismo y el posfranquismo obligó y obliga a mantener: diputaciones provinciales y miles de ayuntamientos que demográfica y económicamente son injustificables.
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[Otro asunto es el debate sobre si ha sido correcta la descentralización que se ha realizado del servicio estatal de salud, por poner un ejemplo. Un hecho reciente demuestra que los sinsentidos políticos de la Transición tienen sombra alargada y sólo se resuelven por la vía de la simulación; tal como ocurrió con el pacto PP-PSOE para sustituir los gobiernos civiles provinciales por los "gobiernos civiles autonómicos" (delegaciones del Gobierno)... ¡pero "inventaron" las subdelegaciones provinciales de las delegaciones del Gobierno!; o sea, los gobiernos civiles siguen existiendo pero se denominan de otra forma]
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¡Claro que hay duplicidades y solapamientos! Pero la causa de prácticamente todos los excesos que encarecen el aparato del Estado tienen dos orígenes: una Administración local irracional, con las diputaciones al frente; y la propensión de la mayoría de políticos profesionales a crear organismos públicos paralelos, incluidos los llamados chiringuitos y asesores.
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¿Por qué el PP carga contra las autonomías?
Porque satanizar presupuestariamente a las comunidades autónomas es la forma más efectiva de la que dispone el nacionalismo español para alimentar la matraca de que la patria debe ser uniforme y, de paso, satanizar a las comunidades sirve para deslegitimar a los nacionalismos llamados periféricos.

[Asunto distinto son los excesos en el gasto, las inversiones sin retorno y los clientelismos varios en los que incurren las Administraciones públicas; todas, no sólo las autonómicas]
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CON ANTERIORIDAD:
"España y el sueño maniqueo de una noche medieval",
"El federalismo aglutina, el españolismo disgrega",
"Natio y nación, ignorancia pertinaz y cegueras interesadas",
"Territorialismo: La herramienta ideal para emponzoñar y enfrentar a los ciudadanos".

DE INTERÉS:
"Las comunidades autónomas en el ojo del huracán", por Alberto Garzón Espinosa, y
"No se ahorra recortando democracia", en ESCOLAR.NET.

INFORMACIÓN relacionada:
Alcaldes de municipios con apenas 5.000 vecinos cobran más de 40.000 euros al año, en La voz de Galicia.
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El mapa administrativo básico de España tiene más de dos siglos de antigüedad 
Prefecturas napoleónicas, 1810

Reforma de las provincias, 1822
Las actuales demarcaciones de las provincias españolas son prácticamente iguales que las creadas por las Cortes en 1822 (mapa inferior), hijas de las prefecturas napoleónicas de 1810 (mapa superior).
Las únicas modificaciones sustanciales en 1822 (en fechas posteriores) consistieron en suprimir las provincias de Villafranca del Bierzo, absorbida por la de León y en menor medida por la de Ourense; la de Calatayud, que fue integrada en las de Zaragoza, Soria y Teruel; y la de Xàtiva, absorbida por la de València.
En paralelo, varias demarcaciones han sufrido modificaciones tanto fronterizas como de superficie, siendo los cambios más notorios los que afectaron a Canarias (dividida en dos provincias) y a la antigua provincia de Chinchilla, cuya capitalidad se trasladó a Albacete, al tiempo que a su costa ganaban territorio las provincias de Alicante y Murcia, en detrimento también de las de Ciudad Real y Jaén al tiempo que, casi a la par, se aplicaron "trasvases territoriales" entre las provincias de Madrid Toledo y entre esta y la de Ciudad Real.
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Cifras de interés
Los 10 municipios españoles con los porcentajes de deuda más elevados:
Almensilla (Andalucía), deuda del 801 % del total de sus ingresos anuales
Alhabia (Andalucía), 301
Puértolas (Aragón), 277
Isuerre (Aragón), 220
La Almunia de Doña Godina (Aragón), 202
Los Villares de Soria (Castilla-León), 188
Teruel (Aragón), 187
Paterna de Rivera (Andalucía), 171
Botija (Extremadura), 165
Capdesaso (Aragón), 160

(...) Nueve capitales de provincia (además de Teruel, que ya figura en el listado anterior) arrastran una deuda (31.12.2009) superior a sus ingresos anuales:
Madrid (Madrid), 159 %
Málaga (Andalucía), 127
Jaén (Andalucía), 120
Zaragoza (Aragón), 115
Ávila (Castilla-León), 111
València (País Valencià), 106
Córdoba (Andalucía), 101
Salamanca (Castilla-León), 100,5
Santander (Cantabria), 100,2.

Los diez municipios españoles con los ratios más elevados de deuda por habitante:
Aguilar de Segarra (Catalunya), 9.236 euros per cápita (censo: 249 habitantes)
Monasterio de la Sierra (Castilla-León), 8.864 (46)
Ochánduri (La Rioja), 6.560 (74)
Puebla de la Sierra (Madrid), 5.420 (107)
Oloritz (Nafarroa/Navarra), 5.125 (176)
Palo (Aragón), 4.714 (32)
Alhabia (Andalucía), 4.448 (721)
Fuendetodos (Aragón), 3.987 (174)
Tiurana (Catalunya), 3.692 (78)
Lerga (Nafarroa/Navarra), 3.548 (65)

(...) Ocho capitales de provincia arrastran (31.12.2010) una deuda superior a 1.000 euros por habitante:
Ceuta (ciudad autónoma), 2.592 euros per cápita (censo: 77.389 habitantes)
Madrid (Madrid), 2.008 (3.213.271)
Melilla (ciudad autónoma), 1.430 (71.448)
Málaga (Andalucía), 1.311 (566.447)
Teruel (Aragón), 1.187 (35.037)
Tarragona (Catalunya), 1.170 (137.536)
Zaragoza (Aragón), 1.122 (666.129)
València (País Valencià), 1.102 (807.200).

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