12 octubre 2012

El fiscal general entra en el "jardín" de las preferentes para templar gaitas

El titular de la Fiscalía General del Estado [en realidad y a la vista de sus prácticas, ahora y antes, esa institución debería ser rebautizada como Fiscalía General del Gobierno], Eduardo Torres-Dulce, ha dado otra lección de no se sabe exactamente qué, ampliando la que ya ofreció hace apenas dos semanas al dar su respaldo a la posibilidad de criminalizar las protestas ciudadanas.
[ver "El fiscal Torres-Dulce se desnuda ideológicamente en público. Gracias"]
En esta ocasión, Torres-Dulce ha afirmado que es "difícil" establecer o probar que en la comercialización de participaciones preferentes hubo casos de estafa ¡porque la relación entre los ahorradores y las entidades bancarias estaban basadas en un contrato civil!... O sea, ¿si hay un contrato civil de por medio no puede haber estafa?
Francamente, o Torres-Dulce no se sabe explicar o su silogismo es jurídicamente absurdo.
El fiscal general del Gobierno ha admitido que puede haber excepciones, aludiendo a los contratos en los que el cliente firma con una cruz o con la huella dactilar porque es analfabeto, o a las preferentes expedidas a personas discapacitadas, aunque evitó mencionar que hay contratos --¡miles!-- en los que hubo falta de información y, por tanto, un aprovechamiento irregular y acaso ilegal de la ignorancia del cliente.
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Mensajes interesados
«Esas situaciones --ha admitido Torres-Dulce-- hay que investigarlas desde el punto de vista penal».
Aunque al fiscal le haya resultado difícil reconocerlo, máxime después de decir que era improbable la combinación contrato civil-estafa, sí es perfectamente posible que un contrato civil sea fruto de un engaño u otro ardid, existiendo dolo y por tanto delito de estafa.
Pero el mensaje central y la intención del fiscal general del Gobierno obedecían al criterio que cada vez más altos cargos de los gobiernos central y autonómicos del PP aplican por norma en el caso de las preferentes: Lanzar mensajes que favorezcan a las entidades bancarias y generen dudas en los ciudadanos engañados o estafados, con esa finalidad insisten en la tesis de que las estafas han sido excepcionales y también por eso recurren a frases aparentemente inteligentes y casi siempre retóricas.
Ciertamente, hubo quienes adquirieron preferentes porque debido a su profesión, estatus económico o conocimientos financieros eran conscientes del altísimo riesgo que corrían, o bien porque fueron reglamentaria y convenientemente informados, pero los engañados o estafados suman miles... Con toda probabilidad: decenas de miles, opine lo que opine Torres-Dulce a título personal.
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[En este punto es obligado puntualizar un detalle:
En Galicia, supongo que en el resto de España también, se ha extendido la tesis de que quienes compraron preferentes por codicia, espoleados por los altos rendimientos que bancos y cajas ofrecían, no deben ser considerados engañados o estafados.
Ese argumento es falaz, pues supone afirmar que la codicia del cliente exime de responsabilidades a quien engaña o estafa.
Esta y otras justificaciones perversas están siendo difundidas por algunos medios de desinformación y por personas que repiten lo que oyen sin pensar]
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MÁS sobre las declaraciones de Torres-Dulce, en La voz de Galicia

2 comentarios:

  1. Naturalmente, una cosa es que en la "letra pequeña" de los contratos los bancos se hayan guardado las espaldas utilizando un lenguaje críptico, y otra muy distinta que el acto mismo de la venta, o la interacción con el comercial de turno, haya sido doloso y fraudulento, ocultando información, camuflando condiciones o exagerando supuestas ventajas. Ya se las arregla el comercial para que no haya tiempo de leer in situ la extensa "letra pequeña", hábilmente "traducida" por él en beneficio del banco.

    Si esto no lo sabe un fiscal, listos estamos, cuando incluso las organizaciones de consumidores denuncian constantemente abusos de esta naturaleza.

    En cuanto a los contratos "civiles", simplemente patético. Lo son aquellos firmados por personas sin cualificación de comerciantes, y en ellos se cometen, por desgracia, estafas y timos como en los demás. Es lástima que este fiscal no se dedique en exclusiva al comentario cinematográfico. Lo hacía bastante mejor.

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    1. Antonio P., lo que usted expone es de libro y la conclusión a la que llega es escrupulosamente racional: el fiscal de marras bien podría dedicarse al comentario cinematográfico.

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