05 agosto 2014

Hoy hace 75 años que fueron fusiladas Las Trece Rosas

Los 57 acusados de participar en el atentado que costó la vida al general Gabaldón
fueron condenados a muerte. Franco sólo conmutó la pena capital a una mujer
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El 3 de agosto de 1939, cuatro meses después de haber finalizado la guerra que desencadenó el golpe de Estado de 1936, fueron condenadas a muerte quince mujeres en el consejo de guerra organizado en la I Región Militar para vengar el atentado cometido en Talavera de la Reina (Toledo) cuatro días antes, el 31 de julio, que costó la vida al general Isaac Gabaldón, inspector jefe de la Policía Militar.
Trece de las quince condenadas a la pena capital, conocidas como Las Trece Rosas, fueron fusiladas hoy hace 75 años en la tapia del cementerio de La Almudena.
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La Justicia al servicio de la venganza
Durante las madrugadas del 5 y del 6 de agosto de 1939 fueron fusiladas un total de 55 personas, todas ellas condenadas a muerte por el atentado que costó la vida al general Gabaldón, a su hija de 18 años de edad, que viajaba con él en el mismo automóvil, y al soldado que conducía el vehículo.
[El general Gabaldón fue el primer responsable de recopilar, revisar y ordenar documentos para el Archivo de la Masonería y el Comunismo, que entre otras finalidades sirvió para organizar el sistemático procesamiento de altos cargos de la II República y dirigentes de organizaciones democráticas... ¡de todas!, no sólo de las logias masonas y del PC] 
La venganza legal por la muerte del general se prolongó hasta el 19 de febrero de 1940, cuando fue fusilada otra de las quince mujeres condenadas a muerte, Antonia Torres, cuya ejecución había sido pospuesta; en tanto que la décimo quinta, Julia Vellisca, tuvo la fortuna de que la pena capital le fuera conmutada por la de 30 años de reclusión, de los que cumplió seis. Fue la única persona que sobrevivió de las 57 que fueron incluidas como culpables en el expediente número 30.426.
Entre los ejecutados en la segunda tanda de fusilamientos, la madrugada del 6 de agosto, estaban los tres miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) que habían confesado ser los autores del delito durante el hábil interrogatorio al que fueron sometidos.
Salvo esos tres miembros de las JSU y el máximo responsable madrileño de la organización, no había indicio alguno de que el resto de las personas condenadas hubieran participado directa o indirectamente en el atentado de Talavera de la Reina. No obstante, todos los juzgados eran militantes de las JSU, de la Unión General de Trabajadores (UGT) y/o del Partido Comunista de España.
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Antes del primer arresto, las autoridades ya habían decidido a quienes acusar  
Las 57 detenciones practicadas por las autoridades franquistas se debieron a que unas horas después del atentado de Talavera fue arrestado gracias a una delación el secretario general del comité madrileño de las JSU, José Pena Brea, que fue sometido a torturas hasta que firmó una declaración previamente preparada en la que ya figuraba una lista de autores y cómplices del delito.
Esa circunstancia se debía a que las autoridades franquistas conocían las identidades de prácticamente todos los militantes de las JSU, del PCE y de otras organizaciones políticas madrileñas que habían sido leales al Gobierno legal de la II República, exceptuados quienes se habían incorporado a la lucha durante los últimos días del asedio de Madrid o una vez finalizada la contienda [el ejército golpista se hizo con el control total de la ciudad el 28 de marzo de 1939, sólo tres días antes de que el general Francisco Franco emitiera el último parte de guerra], sin olvidar que las delaciones eran numerosas y los seguimientos de sospechosos constituían la tarea más habitual de los agentes del orden y sus colaboradores.
A la hora de acabar con la resistencia armada o la oposición civil, las autoridades militares y la policía política madrileñas jugaron con una ventaja sustancial durante varios años debido a que cuando el ejército franquista entró en la capital logró hacerse con los ficheros de militantes de varias organizaciones que por diversas causas no habían sido destruidos. De modo que una vez detenido José Pena Brea, sus interrogadores sólo tenían que confirmar la película de los hechos ya escrita y las identidades de los principales sospechosos de haber cometido el atentado, a los que añadieron medio centenar de opositores que estaban "condenados" desde hacía meses o que era "conveniente" matar tras haber sido identificados como antifranquistas con motivo de seguimientos, tareas de vigilancia o delaciones.

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