23 septiembre 2014

Si el delegado del Gobierno en Murcia no es cesado, lo más razonable es abandonar Madrispaña

Estaba tentado de escribir un post exponiendo las razones jurídicas que demuestran sin sombra de duda que episodios como el de referencia sólo son posibles en un Estado bananero. Pero tanto esa tentación como la tarea de hilvanar dos o tres mil palabras son absurdas por innecesarias. La exposición de los hechos es más que suficiente para que cualquiera con dos (no cuatro) dedos de frente comprenda que el deterioro del principio de legalidad en España es muy grave.
Ni siquiera es preciso leer o escuchar informaciones de los llamados medios alternativos (que acostumbran a ser los más serios y fieles a la realidad, por cierto).
Bascuñana, en una imagen publicada este
verano para ilustrar otra "didáctica" noticia
de la que ha sido protagonista.
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Los detalles fundamentales del episodio los han difundido portales nada sospechosos de "cargar las tintas"; por ejemplo, Tribuna del Jurista, el foro de los estudiantes de Derecho de la Universidad de Murcia, que es la comunidad autónoma donde Joaquín Bascuñana ejerce de delegado del Gobierno.
A poco que se escarbe en lo sucedido, basta retirar unos granitos del polvo acumulado para preguntar por qué el capitán de la Guardia Civil que en ese momento ejercía de máximo responsable de los agentes de la Agrupación de Tráfico evitó que Bascuñana fuera detenido y conducido a dependencias policiales, que era lo que correspondía en aplicación de la legalidad.
Esa benignidad (o conveniencia) supuso la humillación profesional y la desautorización de los agentes que estaban cumpliendo con su obligación.
En fin, si lee el recorte reproducido al pie de este texto o pincha el enlace con el portal que lo ha editado, comprenderá que en el título del post haya optado por hundir el cuchillo en la herida que más duele a esa banda de profesionales (y aprovechados) de la política que están despedazando no sólo la economía social, sino que también están destruyendo la seguridad jurídica del Estado de Derecho.
Si Bascuñana no es cesado ipso facto, lo más razonable (¡desde un punto de vista apartidario!) será huir de España o, alternativamente, seguir el ejemplo de los catalanes y abandonar Madrispaña.
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1 comentario:

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