16 diciembre 2014

El Gobierno de España crea la "constitucional" lista de sospechosos oficiales

Funcionarios y cargos políticos de Interior decidirán qué ciudadanos son fichados como
futuros infractores o delincuentes, junto a los que tienen o tuvieron antecedentes
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El pasado 25 de noviembre el ministro de Interior, el opusdeísta Jorge Fernández Díaz, firmó y remitió a sus subordinados incluidos cargos políticos un documento en el que expone las líneas maestras, "democráticas" y "constitucionales" que regirán para crear la lista oficial de "sospechosos habituales".
Ese texto establece cómo decidir qué ciudadanos son incluidos en la lista negra, así como los métodos para recoger y archivar datos en la ficha que tendrá cada una de las personas seleccionadas. Las instrucciones del supernumerario establecen criterios orientativos, no restrictivos; o sea, ¡uf!, ¡huy, huy, huy! y madrecita, que me quede como estoy...
Gracias a la Ley Orgánica 15/1999 que obliga al poder ejecutivo a informar de todo cuanto hace o deshace en materia de protección de datos personales, a través del BOE los ciudadanos se han enterado de que el Reino de España dispondrá de una lista negra que será sino equiparable comparable con las que disfrutaron Beria, Himmler, Franco, Stroesner, Pinochet o Videla. 
El episodio es paradójico, por no decir jocoso: la ley que garantiza la protección de los datos personales ha servido para advertir de que las autoridades gubernativas no tienen que... pues eso: la iniciativa ha ratificado aquello de hecha la ley, hecha la trampa.
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Viñeta de Bernardo Vergara
Comicidad marxista
Permítame, amable lector/a, una rechifla para no llorar: la descripción de la nueva base de datos es marxista [por Groucho, naturalmente]: «Punto único de comunicación para el intercambio de mensajes».
¿Objetivos?
Resumiendo: el Gobierno del ministro supernumerario dispondrá de una relación de los malos malisimos que estén «implicados en actividades delictivas e infracciones sobre las que se solicita información o son objeto de investigación policial a nivel nacional e internacional» [el "a nivel", galicismo horripilante, evidencia la calidad del castellano que usan los redactores de leyes y normas, cuyo rasero lingüístico apenas salpica el tobillo de una revista de estudiantes de bachillerato, con perdón de los chavales].
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Todo se hará como Dios manda...
Por cierto, ¿quién decide si un ciudadano está implicado?
Más sustancial: ¿qué se entiende por estar implicado, qué supone exactamente ser objeto de investigación? No son cuestiones baladíes porque, valga de ejemplo, el término "implicado" carece de una definición o significado concreto e inequívoco en los campos jurídico y administrativo.
Tiene usted razón, amable lector/a, ¡dejémonos de preguntas retóricas!, pues las respuestas a esas y otras cuestiones son conocidas: la decisión de abrir ficha a un ciudadano e incluirlo en la lista de sospechosos del supernumerario será adoptada por un funcionario o un cargo político.
En las fichas no sólo figurarán la identidad y los datos básicos del sospechoso, sino que podrán ser enriquecidas con fotos [incluidas las de las vacaciones o entrando en un sex-shop… ¡pecado mortal!], vídeos [¡vigile lo que sube a You-Tube o transmite a sus amigos o amigas!], extractos bancarios, relación de bienes muebles e inmuebles, identidades de parientes, amistades, amantes, compañeros/as de trabajo, conocidos/as y todo aquello que el funcionario o el político de turno considere oportuno para prevenir las infracciones administrativas o delitos penales que con toda probabilidad (¿?) cometerá el malo malisimo que ha sido fichado.
En resumen, un Big data perverso...
Para garantizar el mejor aprovechamiento de esa y otras medidas, así como para tener posibilidades reales de llenar las fichas con detalles sustanciales y sabrosos, las autoridades gubernativas podrán intervenir las telecomunicaciones de los sospechosos durante 24 horas, período que podrá ser prorrogado si un juez lo autoriza.
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[— Los motivos por los que las comunicaciones privadas de un ciudadano puedan ser grabadas no deben estar supeditados a la opinión de un juez... ¡faltaría más!; nosotros hemos comprobado que los miramientos legales sólo sirven para complicar la sagrada misión de garantizar la seguridad y la paz en las calles, las empresas y las instituciones; ¿está claro?
— ¿Y si las sospechas son políticas o están infundadas…?
— ¿Infundadas?, ¿políticas?...
— Usted perdone.]
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El supernumerario ama el Estado de Derecho menos que ayer y más que mañana.
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INFORMACIÓN relacionada:
«Juristas denuncian el sin sentido del registro de "malos ciudadanos" que prepara el PP», en Público.

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