La inseguridad de los fondos de pensiones privados

Este verano, los responsables del departamento de auditorías del Congreso de Representantes de Estados Unidos han cifrado en 600.000 millones de dólares el déficit que acumulan los fondos de pensiones privados.
A raíz de esa revelación, si bien el problema era de sobras conocido y sería más exacto hablar de confirmación, la Casa Blanca ha aprobado con carácter urgente una iniciativa (decreto ley) para garantizar las pensiones de los estadounidenses que habían confiado su jubilación a las capitalizadoras privadas.

Los gestores de esos fondos privados se dedican casi sistemáticamente a especular, moviendo cientos de millones de dólares de uno a otro país y de uno a otro mercado financiero (bolsas) para en demasiadas ocasiones ejecutar operaciones tan arriesgadas que en numerosos casos dan pérdidas --para los abonados, no para los gestores....

La pregunta es inevitable: ¿por qué actúan con tanta ligereza o temeridad si saben o sospechan que el riesgo es tan alto?
Muy sencillo, hay gestores de fondos que prescinden de los intereses de los depositarios de los ahorros porque, en realidad, trabajan para las personas físicas o jurídicas que se benefician de esas inyecciones puntuales de capital, sea para ejecutar proyectos productivos, para restañar pérdidas o simplemente para rapiñar capitales ajenos sin que las autoridades puedan hacer nada.
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El fracaso estadounidense
La Administración de Estados Unidos, por ejemplo, nada puede hacer para recuperar una inversión errónea o temeraria en entidades afincadas en Indonesia, Sudáfrica, Brasil, Rusia u otros países.

Esa forma legal de desviar ahorros ajenos y, con ello, concentrar capitales para utilizarlos sin control por parte de las autoridades funciona desde hace decenios.
Pero el descaro de los especuladores y la inhibición de los gobiernos es proverbial desde finales de la década de 1980, cuando se puso de moda la tesis de que los fondos de pensiones privados eran más seguros que los públicos alegando motivos demográficos, financieros o sencillamente porque los Estados, decían ser incapaces de sacar rendimiento.
Peor aún, los propagandistas de los fondos de pensiones privados han llegado a esgrimir la falacia de que los depósitos públicos acumulados por las cotizaciones de los asalariados son utilizados por los gobiernos de forma injusta al costear servicios o prestaciones sociales que sólo favorecen a quienes carecen de empleo, a los que se niegan a trabajar o a quienes son vagos por naturaleza. Según esta insidiosa tesis, los gobiernos siempre acaban malgastando e incluso arruinando los fondos de pensiones públicos.

Sin embargo, en Europa ningún fondo público de pensiones está en peligro de quiebra y, por el contrario, al otro lado del Atlántico, donde impera el darwinismo social, el organismo público estadounidense que se hace cargo de las pensiones cuando los fondos privados se declaran insolventes o son judicialmente intervenidos ya se ha visto obligado a atender el pago de las prestaciones de un millón de trabajadores norteamericanos jubilados con pensiones privadas.
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Las públicas peligran en EE UU, pero no en Europa

La situación es tan delicada que el Congreso de Representates de EE UU ha encargado un estudio para prever la posible quiebra técnica de la caja pública de pensiones.

Desde hace unos veinte años, tanto en España como en el resto de países de la UE se han lanzado campañas (incluso desde algunos gobiernos) para convencer a los ciudadanos de que el sistema público de pensiones es inviable y que quebrará. La única alternativa, insisten, es confiar el dinero a un fondo de pensiones privado.
Ha ocurrido todo lo contrario, los que están quebrado son los fondos privados.

Digan lo que digan, un plan privado de jubilación o capitalización no puede garantizar una pensión concreta porque está basado en incontrolables inversiones tanto a medio como a largo plazo, estando sometidos a todo tipo de avatares productivos, financieros e incluso geopolíticos; amén de los reveses y desvaloraciones que pueden causar las alzas y caídas de los tipos de interés, la inflación o las rentabilidades bursátiles.

En resumen, ninguna entidad financiera privada puede prever el valor final de las cantidades aportadas por el suscriptor de un plan de jubilación, salvo cuando se prometen rendimientos menores.

A fecha de hoy ya se han quedado sin la pensión prometida un millón de trabajadores jubilados que habían depositado su confianza en fondos de pensiones privados del país que disfruta de la economía más poderosa de la Tierra... Lástima que ese poder económico sea tan escandalosamente elitista y sectario.

A pesar de sus defectos, que los tiene, está visto que la Administración pública y el sentido de colectividad constituyen la base de un futuro digno.