La Constitución y la legislación españolas prohíben las discriminaciones en función del sexo, al tiempo que sucesivas sentencias vetan esa segregación. Pero el Reino de España parece empeñado en demostrar que este es un Estado de pandereta y el PSOE --en este caso con el de Navarra al frente-- lo ratifica al aceptar que empresas de enseñanza que aplican criterios religiosos (¡las creencias son asunto privado!) lo hagan con dinero público.
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