A bote pronto, el título de este post puede parecer exagerado; sin embargo, es escrupulosamente consecuente con lo que ha ocurrido.
Veamos: El gobierno local de Castellón, presidido por Alberto
Fabra (PP),
ha reincorporado a la plantilla a un agente reo de narcotráfico que está en libertad provisional bajo fianza de 40.000 euros. Según el expediente judicial, ese funcionario habría formado parte de una red que incluso disponía de laboratorios clandestinos de cocaína.
El policía de marras es sobrino y ex guardaespaldas de Carlos Fabra, presidente de la Diputación provincial.
Para más inri, el ejecutivo municipal que dirige Alberto Fabra justifica su decisión alegando que la legislación aplicable no prevé la obligación expresa de apartar del servicio a un policía reo de narcotráfico. ¡Acabáramos! Por la misma regla de tres, como la ley tampoco obliga a adoptar medidas cautelares de similar tenor contra los acusados de pederastia, cabe colegir que un docente acusado de haber abusado de un o una menor seguiría ejerciendo...
Policía-reo, trajes, bolsos, récord de cargos públicos imputados. ¿Qué ocurre en el PP-Levante?