La Audiencia de Madrid considera "probado" que el presidente de Tabacalera en los últimos años noventa, César Alierta, y un familiar cometieron un delito de uso de información privilegiada para embolsarse 1,86 millones de euros (unos 300 millones de las antiguas pesetas) pero, según precisa el mismo dictamen, el delito prescribió.
Lo más llamativo es que prescribió porque el instructor de la causa (el que cuatro años después era titular del juzgado número 32 de los de Madrid) rechazó abrir diligencias al estimar que no existía delito; si bien meses después, ¡cuando el delito ya había prescrito!, la misma instancia judicial aceptó la denuncia. ¿Como calificar este episodio?
Los magistrados que suscriben la sentencia de la Audiencia estiman que «existió un concierto común» para sacar «provecho económico» mediante «el acopio de un considerable número de acciones de Tabacalera», y añaden que Alierta dispuso de información privilegiada --es decir, utilizó datos a los que sólo él, como presidente de Tabacalera, y unos pocos tenían acceso y que afectaban al valor bursátil de las acciones.
Lo más llamativo es que prescribió porque el instructor de la causa (el que cuatro años después era titular del juzgado número 32 de los de Madrid) rechazó abrir diligencias al estimar que no existía delito; si bien meses después, ¡cuando el delito ya había prescrito!, la misma instancia judicial aceptó la denuncia. ¿Como calificar este episodio?
Los magistrados que suscriben la sentencia de la Audiencia estiman que «existió un concierto común» para sacar «provecho económico» mediante «el acopio de un considerable número de acciones de Tabacalera», y añaden que Alierta dispuso de información privilegiada --es decir, utilizó datos a los que sólo él, como presidente de Tabacalera, y unos pocos tenían acceso y que afectaban al valor bursátil de las acciones.
Más claro: Gracias a esa información privilegiada los autores del delito compraron acciones a sabiendas de que su cotización aumentaría y obtendrían beneficio.
Querido Félix, hay otra cosa más: Debemos exigir que se cambie el Código Penal, no solamente para ampliar (o incluso anular) el plazo de prescripción de estos delitos, sino para que estos sinvergüenzas estén obligados a devolver lo robado (pues es un robo y no otra cosa, que encima pone en peligro la economía de un país) so pena de no tener un solo beneficio penitenciario. Más aún: si salen de la cárcel sin devolverlo, que se les embargue cualquier tipo de ingreso que puedan tener (excepto un mínimo social, como a cualquier parado) hasta completar el total de lo sustraído.
ResponderEliminarSolamente cuando esa reforma tenga lugar, podremos empezar a decir que vivimos en un Estado de Derecho un pelín más justo.
Un saludo cabreado.