¿Por qué la ley de comunicación de Ecuador merece tantos "sermones" sobre la libertad de información?

Ofensiva de los partidarios de reducir la información a un mero producto comercial

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Hace apenas dos semanas la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Comunicación, texto que es fruto de encendidos debates y del largo proceso legislativo iniciado en 2008, cuando fue refrendada la actual Constitución ecuatoriana, que instaba la redacción de ese nuevo texto legal.
Tras largos y a veces enconados rifirrafes, los diputados de Alianza País [partido que obtuvo la mayoría en las elecciones del pasado mes de febrero], con otros apoyos puntuales, han aprobado el texto por 108 votos a favor, 26 en contra y una abstención.

Ratificada la ley, se ha desatado la tormenta. Las grandes empresas privadas ecuatorianas del sector, más los lobis y todo tipo de entidades nacionales e internacionales vinculadas al negocio de la información y la comunicación desarrollan una intensa campaña para desacreditar la norma aprobada por la cámara ecuatoriana.

Los integrantes de esa alianza político-económica no han dudado en difundir medias verdades y mentiras. Todo vale. Todo menos informar... Pero por encima de todo, los detractores del nuevo texto ponen especial cuidado en ocultar lo que en rigor es un hito: en Ecuador el reparto de frecuencias de radio y TV deberá respetar el llamado «criterio de los tres tercios».
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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y los propietarios del diario
El universo mantienen un largo contencioso político en el que se han
inmiscuido otros grupos editoriales, incluso extranjeros, lo que
ha emponzoñado las relaciones entre la Administración y los
medios. Para conocer lo esencial de esa pugna es aconsejable
leer el análisis del economista Hernán Ramos,
en la bitácora RIENDA SUELTA

Ante todo, evitar la concentración
de medios y el uniformismo
* 33 % de las licencias serán para empresas privadas,

* 33 % para el Estado (incluidos ayuntamientos), y 

* 34 % para medios comunitarios: entidades civiles, desde oenegés hasta asociaciones de vecinos o de campesinos, sindicatos y organizaciones similares.

El criterio de los tres tercios ha levantado las ampollas más dolorosas: ¡Nos están robando el negocio!, gritan los lobis empresariales. Pero lo que más duele no es esa pérdida de oportunidades de negocio y de ganar plata; lo que más les enerva es que el Poder económico deberá hacer frente a una situación "incomoda" y "peligrosa": sus emisoras y periódicos deberán competir en igualdad de condiciones [o al menos con el mismo número de medios] con el Estado (medios públicos) y con la sociedad civil (medios comunitarios).

La equidad es lo que más duele a los que siguen empeñados en que la información es sólo un producto más y que debería ser comercializado aplicando la ley del libre mercado; es decir, sin rodeos ni eufemismos, la ley del más fuerte y/o del más influyente.
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Dos objetivos que tienen especial valor y un tercero, espinoso

Indudablemente, la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador tiene fallos e incurre en errores, sobre todo si se analiza desde el muy democrático, muy corrupto y muy postfraquista Reino de España...

Pero la ley ecuatoriana también tiene aciertos y, entre otros, hay tres especialmente envidiables:

Primero, prohíbe la censura previa, ¡también en los medios públicos! [¿se habrán enterado los gestores y los periodistas de RTVE?];

Segundo, establece que la difusión de mensajes, noticias y opiniones tiene responsabilidades complementarias y/o ulteriores [por ejemplo, no sólo es falta o delito injuriar y difamar, entre otros, sino que también lo es o lo puede ser contar mentiras];

Tercero, la nueva ley no sólo atiende los derechos laborales de los trabajadores de prensa, radio y TV, sino que otorga especial protección a los derechos que garantizan el oficio de informar [si se aplica con rigor, en Ecuador igual consiguen que desaparezca la subespecie de periodistas que escriben al dictado, sea por interés o por orden superior (es decir, miedo a ser despedido)].

Para hacer juicios de valor desde Europa sobre la recién aprobada ley ecuatoriana, conviene tener en cuenta, entre otros detalles, que a fecha de hoy en Ecuador 8 de cada 10 frecuencias de radio y TV están en poder de empresas privadas y que en torno a la mitad de esas licencias fueron obtenidas de forma irregular o descaradamente fraudulenta. De hecho, una revisión administrativa realizada durante el bienio 2009-2010 reveló que el 30% de las concesiones eran radicalmente ilegales.

En resumen, les preocupan la pérdida de oportunidades de hacer negocio desinformando y las dificultades que tendrá el Poder económico para difundir propaganda partidista y falacias. Es lógico, pues, que las entidades vinculadas o económicamente dependientes (vía subvenciones) del Gobierno de EE UU, así como las que están adscritas a entidades gubernamentales europeas o que dependen de sus subvenciones, desarrollen una intensa campaña mediática, informen sesgadamente de la nueva ley ecuatoriana y busquen los cinco pies del gato para satanizar lo que, en rigor, sin menoscabo de errores, es un paso adelante para la generalidad de los ciudadanos, pues no pocos medios privados tratan la información como un producto estrictamente comercial y, para colmo, la funden, alean y empaquetan al gusto de intereses privados [lo cual, siempre que se evite la mentira, es legítimo; motivo por el que lo más conveniente desde un punto de vista democrático es aplicar el criterio de los tres tercios, que garantiza la existencia de medios privados, estatales y comunitarios].
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Los intereses del Partido del Negocio de Informar

Si hay una organización privada que merezca el título de enemiga número uno de la racionalización y de la democratización de la información y que, por tanto, se opone frontalmente a la nueva ley ecuatoriana, esa es la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La SIP, lobi constituido y controlado por empresas propietarios de medios, ya quedó con el culo al aire [y así continúa] en la primavera de 1973, cuando la Administración chilena descubrió las numerosas y onerosas irregularidades fiscales en las que incurrían varios medios, entre los que figuraba el "todopoderoso" diario El mercurio. 

En base a los informes técnicos y de la hacienda pública, el Gobierno presidido por Salvador Allende abrió los correspondientes procedimientos. La reacción de los empresarios y de la SIP fue inmediata: lanzaron una campaña nacional e internacional contra el Gobierno de Chile y colaboraron [¡todos!, aunque unos más que otros] con quienes ya estaban pergeñando un golpe de Estado, como así ocurrió el 11 de septiembre de aquel mismo año.

La SIP, erigida en el partido del negocio de informar interesadamente, ha arremetido contra los poderes legislativo, judicial y ejecutivo de Ecuador, para lo que cuenta con el apoyo de la larga lista de entidades que están engrasadas directa o indirectamente por los poderes económicos de todos los países de Occidente [incluidos los periodistas que bien por convicción, por ignorancia o por ingenuidad, que la hay, hacen la ola a la SIP y demás entidades y organizaciones engrasadas].

MÁS detalles sobre la ley ecuatoriana:
"Ecuador aprueba la LOC o la que presentarán como ley de la mordaza", por Pascual Serrano, en ELDIARIO.ES.

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