El deterioro de la UE parece imparable, ni siquiera muestra interés en frenar la evasión fiscal

Hace un año, con la ayuda de Antoine Deltour [ex empleado de una de las grandes asesorías de empresas de Europa] un equipo de periodistas hizo público el escándalo fiscal más importante y cuantioso de la historia de la Unión Europea (UE): LuxLeaks.
La situación actual refleja que la UE está en franca descomposición: Deltour ha sido procesado en Luxemburgo por robar datos y difundirlos, de forma que en los próximos meses será juzgado y puede ser penalizado hasta con cinco años de prisión, mientras que los beneficiarios y los autores políticos de los pactos fiscales ventajosos, claramente irregulares, contrarios al acervo comunitario y presuntamente ilegales han logrado de momento esquivar la tormenta y tal como se desarrolla el episodio, quizá salgan indemnes y les pidan disculpas...
Nada se sabe de quiénes tienen la responsabilidad política y posiblemente penal de los chanchullos fiscales, que al parecer no sólo se han dado en Luxemburgo. Jean-Claude Juncker (PPE), por ejemplo, actual presidente de la Comisión Europea y ex primer ministro del Gran Ducado, ha puesto cara de no haber roto un plato en su vida para negar que haya estado involucrado en los ventajosos acuerdos fiscales otorgados en Luxemburgo a decenas de grandes empresas y consorcios: los tax rulings.

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¿Será verdad que

Luxemburgo es una

monarquía bananera?

Juncker ha tenido el descaro de declarar ante la comisión Taxe del Parlamento Europeo [encargada de investigar la evasión fiscal] que la agencia tributaria de Luxemburgo actuó y actúa al margen del poder ejecutivo; es decir, sin control alguno por parte del Gobierno. Espeluznante.

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[Si el aserto de Juncker reflejara realmente el funcionamiento del Estado luxemburgués, el Gran Ducado debería ser calificado oficialmente como una monarquía bananera; en rigor, si el LuxLeaks no se desenreda, esa será la calificación que merecerá el pequeño país centroeuropeo para mayor escarnio de la propia UE y de los gobiernos que están protegiendo los dislates pasados y actuales de Juncker, a sus cómplices y a las grandes empresas y consorcios beneficiados]

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Bruselas y varios

Estados miembros

torpedean

la investigación

Desde hace meses, la comisión Taxe intenta aclarar los hechos, han precisado los eurodiputados Sven Giegold y Ernest Urtasun: «Estamos dispuestos a llegar hasta el final, comprobar si se siguen produciendo prácticas similares en los Estados miembros y quiénes son los responsables».

La situación es aberrante: la Comisión Europea y varios gobiernos de países socios se dedican a dificultar la investigación. «Desde hace meses retienen, por ejemplo, algunos documentos clave sobre reuniones de los gobiernos sobre la cuestión. En condiciones absurdas, sólo unos pocos diputados pudieron ver algunos documentos confidenciales en una sala de lectura bajo estrictas medidas de seguridad, sin móviles ni ordenadores y por un tiempo limitado. En esa sala no está permitido tomar apuntes acerca del contenido de las más de 800 páginas redactadas en un inglés muy técnico, para lo que además se requiere firmar un compromiso de confidencialidad», han reseñado los dos eurodiputados de Taxe.

Es decir, gobiernos de Estados miembros de la Unión están boicoteando premeditada y sistemáticamente los trabajos de la comisión parlamentaria que intenta poner coto al fraude y a la evasión fiscal.

«Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando comprobamos que se habían tachado numerosos fragmentos en los documentos». Es más, los gobiernos de Bélgica, España, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo y Países Bajos se han negado a facilitar los informes elaborados por sus funcionarios, «lo que impide el ejercicio de un control democrático y el esclarecimiento del caso LuxLeaks».

Cuando estalló el escándalo «Jean-Claude Juncker prometió una revolución en la legislación fiscal comunitaria --han narrado Giegold y Urtasun--, era noviembre de 2014 y Juncker se presentó ante el Parlamento Europeo como un pecador arrepentido, declarando que tal situación era inaceptable y prometiendo elaborar y presentar una legislación fiscal severa y amplia para la Unión Europea. Un año después, prácticamente nada ha cambiado».

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El Gobierno español prefiere

dejarlo correr... 

La Comisión Europea anunció ambiciosos objetivos... ¡inmediatamente rechazados por numerosos gobiernos!

Más claro: gobiernos de la Unión, entre los que figura el español, se niegan a colaborar con un grupo que investigue asuntos fiscales sin estar sometido ni controlado por las autoridades estatales.

Giegold y Urtasun han precisado que para destapar casos de dumping fiscal habría que conocer las identidades de las empresas que logran tratos de favor, las cuantías y en qué países pagan sus impuestos.
«Según las estadísticas --han precisado los miembros de Taxe--, las empresas estadounidenses obtienen el 10 % de sus ganancias fuera de EE UU, en Luxemburgo. Es obvio que eso no tiene nada que ver con la economía real, sino que es el resultado de una competencia fiscal desleal, pero los datos no son públicos. Todavía hoy esperamos que la Comisión Europea presente una propuesta al respecto».

Entre los miles de acuerdos alcanzados entre gobiernos y multinacionales que ya han sido inspeccionadas, la Comisión Europea sólo ha declarado dos como ilegales: el de Fiat en Luxemburgo y el de Starbucks en Países Bajos.

La eurocomisaria de Competencia «está actuando bien en estas investigaciones --precisan desde Taxe--, pero lamentablemente su departamento sólo dispone de 20 funcionarios dedicados al complicado tema del dumping fiscal y se encargan de toda la Unión Europea». 

Esa precariedad contrasta con la generosidad de la UE para otros fines; lo que explica que no se incoen nuevos expedientes o se congelen decenas de investigaciones a grandes empresas y multinacionales.

«Los ciudadanos europeos tenemos derecho a saber quiénes son los responsables de la evasión fiscal de miles de millones de euros, así como a disfrutar de una legislación fiscal justa que no otorgue trato preferente a las grandes corporaciones. Por eso celebramos que el Parlamento Europeo haya decidido dar continuidad por otros seis meses a la comisión Taxe que investiga esos hechos».

Ha transcurrido un año desde que explotó el grano de pus y la Comisión Europea que dirige el muy singular Juncker sigue dando largas a sus anunciadas propuestas para introducir cambios legales y, en paralelo, Antoine Deltour es perseguido judicialmente y para redondear el circulo vicioso, numerosos dirigentes comunitarios y varios gobiernos boicotean las investigaciones relacionadas con el fraude y la evasión fiscal.

Por cierto, son los mismos gobiernos que peroran sobre ética para pedir honestidad a las autoridades de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Rusia, Siria, Venezuela, etc. etc. etc.
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ENLACE al expediente LuxLeaks, elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (eng)