22 diciembre 2010

La mayoría de los legisladores rechazan la ley Sinde, pero evitan condenar sus raíces

Nadie sensato cuestionará que las cartas y paquetes que son remitidos mediante servicios de correos y de transporte (sean públicos o privados) son, de entrada, inviolables --salvo que la autoridad judicial en base a sospechas fundadas emita una orden para comprobar si el contenido de la carta o del paquete es ilegal.
A nadie sensato se le ocurriría encomendar a Correos y a las empresas de transportes la persecución de los traficantes de productos ilegales.
Pues bien, el empeño de numerosos gobiernos por convertir internet en una red de carreteras en la que las operadoras ejerzan de aduaneros, catalogando a todos los operadores y usuarios de la Red como presuntos delincuentes, equivale a convertir a los carteros y transportistas en policías de correos y carreteras.
Más sencillo: Hay quienes parten de la base de que todo aquel que envía una carta o factura un paquete es sospechoso de delinquir.  
Lógicamente, el productor o comercializador de vinos, camisetas, perfumes, libros o discos de música que contrata un camión para distribuir sus ofertas abona los impuestos aplicables a cada caso, sin que el transportista tenga obligación de ejercer de policía, ni el receptor del producto deba abonar una cuota por si el fabricante o comercializador no ha satisfecho sus obligaciones.
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Argumentos de trilero
En el caso de internet los especialistas en fabricar argumentos idiotas pretenden convencer a los legisladores y a la ciudadanía de que los camioneros (operadores) que transportan materiales por la red viaria (internet) deben asumir propias de la policía gubernativa y de la Guardia Civil de Tráfico, aparte de que con el canon digital ya están obligando a todos los ciudadanos a compensar posibles infracciones.
Para colmo de despropósitos, los gobiernos (no sólo el español) pretenden poner trabas a que usted y yo regalemos a nuestros familiares, amigos o vecinos el deuvedé, el libro, el kilo de percebes o el perfume que hemos comprado y pagado de forma escrupulosamente legal.
Es más, para dificultar el ejercicio de esa prerrogativa personal --y con la excusa de combatir prácticas comerciales ilegales-- pondrán vigilantes a la puerta de nuestras casas y en las empresas de transporte, además de cobrarnos una tasa o impuesto preventivo al estimar que usted y yo podríamos haber robado el objeto o haberlo comprado a un contrabandista.
La ley Sinde --al igual que el canon digital-- es una aberración jurídica.
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Los intereses arrinconan a los derechos
Nadie sensato negará que es justo y necesario proteger los derechos de autor, pero proteger los derechos de unos jamás justifica pisotear los de otros.
Tecnológica y jurídicamente es posible arbitrar procedimientos para combatir la piratería y hacerlo respetando escrupulosamente los derechos de todos.
Luego, ¿por qué los gobiernos optan por convertir a los particulares (internautas) que contratan un transporte (operadores) en sospechosos de contrabando o de connivencia con los contrabandistas?
Esta actitud, al igual que salvar bancos y cajas que están en quiebra por haber especulado, indica que los Estados (no sólo el español) han alcanzado un grado de ineficiencia y desidia tan acusada que ni siquiera argumentan con lógica sus decisiones [sin olvidar que argumentar no es sinónimo de razonar].
La ley Sinde es una prueba irrefutable de que los servidores del Estado español --con los legisladores a la cabeza-- son intelectualmente cortos, jurídicamente parciales, fiscalmente ineficientes, tecnológicamente incultos y/o económicamente inanes.
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NOTA:
Cada vez son más los medios --ignoro si a cambio de algo, o por aquello de que todo se contagia menos la hermosura y la inteligencia-- que alimentan la falacia de que la ley Sinde sólo es una ley anti-descargas: Mienten premeditadamente, por comodidad o por ignorancia!, pues la ley Sinde va mucho más allá de combatir las descargas ilegales. Además, para perseguir a los piratas ya existen instrumentos legales [ver "La Policía Nacional detiene a dos propietarios de webs de descarga de estrenos cinematográficos"].
Muy probablemente, los instrumentos legales existentes son imperfectos, pero eso no justifica ir más allá de lo objetivamente necesario. 
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