A un mes del 21-O, una juez cuyo marido es directivo del PP encarcela al alcalde socialista de Ourense

Hoy, justo un mes antes de la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas del 21-O, en Galicia la noticia más comentada, la de mayor proyección social y de máximo significado político la coprotagonizan la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, María del Pilar de Lara Cifuentes, y el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE).
La funcionaria ha ordenado detener al regidor en la segunda residencia de este, en la provincia de Pontevedra (se ignoran los motivos de tan urgente acción policial) en el marco de una investigación referida a una presunta trama de corrupción.
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[Las diligencias judiciales incluyen a otro alcalde, el de Boqueixon, militante del PP y también arrestado; pero según los medios "convencionales" la presencia de este regidor carece de interés...]
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La juez De Lara y su colega del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, se han convertido en estrellas mediáticas --acaso a su pesar-- a raíz de los casos Carioca y Campeón, respectivamente, expedientes judiciales que investigan sendas redes presuntamente delictivas con vínculos y cómplices en distintas instituciones y organismos públicos.

Las pesquisas de la Operación Campeón, pilotada por San José, han dado de momento escasos resultados prácticos; ver: "¿Qué demuestra la Operación Campeón? De momento, la excelente política informativa del PP" y "La juez lucense Estela San José va camino del estrellato".
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Jorge Dorribo

Implicaciones con efectos políticos

No obstante, la Operación Campeón ha tenido sobresalientes efectos políticos, tanto por el momento en que fue publicitada [también en período pre-electoral] como por la identidad de varios de los implicados; entre los que destacan el ex ministro José Blanco (PSOE), el ex conselleiro Fernando Blanco (BNG) y el alcalde de Lugo, López Orozco (PSOE); los tres metidos en harina en base a las declaraciones del principal sospechoso y supuesto líder de la trama, Jorge Dorribo, un lucense que aquilata una muy interesante trayectoria social, deportiva y empresarial.
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[NOTAS:
* Curiosamente, el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijoo (PP), ni siquiera ha sido llamado a declarar pese a que se reunió con Dorribo en el despacho oficial del mandatario y pese a que días después de ese encuentro, el IFAPE (organismo dependiente del Gobierno autonómico) se convirtió en el único ente público que ha mantenido relación económica con Dorribo, que obtuvo una subvención para una de sus empresas.

** Las sospechas de la juez que pesaban sobre el sociademócrata José Blanco y el nacionalista Fernando Blanco se evaporaron tras la celebración de las elecciones y ambos han sido exonerados de toda responsabilidad penal]
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Hoy, a las puertas de otra jornada electoral, la otra juez mediática de Lugo, De Lara Cifuentes, ordena una espectacular acción policial con evidente (aunque quizá involuntario) significado político para detener a otro relevante dirigente de un partido de la oposición.
Esta iniciativa judicial contrasta con el criterio del Supremo y del CGPJ, que abogan por evitar acciones judiciales que tengan efectos electorales, salvo cuando exista riesgo real de fuga de los sospechosos o se trate de crímenes de singular o especial gravedad.

Para redondear singularidades y alimentar sospechas, el todo Lugo sabe que el esposo de la juez De Lara es miembro del comité de política local del PP de Lugo.

En fin, que cada cual extraiga las conclusiones que considere oportunas; pero en todo caso, suponiendo que el alcalde de Ourense estuviera implicado en hechos delictivos (de los que apenas ha trascendido nada pese al rebumbio mediático organizado), esta operación semeja un bis de la Campeón y con toda seguridad tendrá consecuencias en las urnas.
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A la izquierda, portal de acceso a la web del PP de Lugo y a la derecha, fragmento de la página

con el listado de los miembros del comité de política local (pulsar para ampliar)

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1ª ACTUALIZACIÓN (24 horas después):

Todo gira en torno al conglomerado Vendex..

Según se desprende del despacho de Europa Press titulado "Registran sedes del Grupo Vendex en varias ciudades gallegas en el marco de la Operación Pokemon", entre otras fuentes, los posibles hechos delictivos que investiga la juez De Lara Cifuentes tiene un denominador común: el conglomerado de empresas Vendex, que relaciona a un variado abanico de responsables políticos y funcionariales de diferentes instituciones públicas.
Ademas, el origen de la investigación estaría en las operaciones Carioca y Campeón, la segunda es pilotada por la otra juez mediática de Lugo, Estela San José.
De las pesquisas de la Carioca, la juez De Lara tiró del hilo de Javier Reguera, persona vinculada al servicio de la ORA de Lugo, que fue quien levantó sospechas por su elevado tren de vida.
Y de la Operación Campeón, De Lara ha tirado de otro hilo: el principal implicado en esa trama, el empresario Jorge Dorribo, que en una de sus declaraciones ante la autoridad judicial, hace ya un año, relacionó hechos relacionados con la Operación Campeón que ahora sirven también de base para la Operación Pokemon al sugerir que el ahora arrestado Fernández Liñares, ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y ex concejal del PSOE en Lugo, habría incurrido en varios delitos.
Grupo Vendex, cuya empresa matriz fue fundada en 1967 y tiene sede social en Madrid, está formado por una treintena de sociedades que operan en prácticamente toda España.
La instructora de las diligencias ha ordenado registrar distintos domicilios privados y varias oficinas de Vendex en distintas ciudades [en total, 25 registros] y la detención de doce o trece personas --según unas u otras fuentes-- en Galicia, Asturias y Madrid.
Todo indica que habrá más arrestos e invitaciones a comparecer en el juzgado para declarar.
Lo que todavía nadie ha explicado es porqué y en base a qué la totalidad de las informaciones difundidas (gracias a una filtración) han presentado al alcalde de Ourense como sospechoso principal del episodio pese a que el protagonismo está muy repartido pero hay una "estrella" a la que nadie hace sombra: la empresa Vendex (y sus directivos), cuyo corazón no está en Ourense y además presta servicios por cuenta de decenas de instituciones de media España; por ejemplo, el servicio de la ORA de A Coruña, el mantenimiento del Museo do Mar de Vigo, y la recogida de basuras en Burgos y Sabadell, entre otros muchos.
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MÁS INFORMACIÓN, amén de cábalas e hipótesis, en:

El Correo Gallego, elEconomista, eldiario.es, Galicia Confidencial, Galicia Hoxe, La región, Praza Pública, Público y 20Minutos.

2ª ACTUALIZACIÓN:
Según testimonios recabados y difundidos por Sermos Galiza, la juez instructora de la Operación Pokemon tiene colocado en su despacho oficial un retrato de Josemaría Escriva de Balaguer, fundador del Opus Dei, organización ultracatólica a la que la funcionaria estaría vinculada.
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3ª ACTUALIZACIÓN (21 septiembre 2012):
Tal como ya apuntaban ayer jueves medios jurídicos y políticos, el eje de la presunta trama de favores está constituido por el Grupo Vendex, destacando las empresas Doal y Sermasa.
Desde primera hora de esta mañana, la inquietud es patente entre políticos y funcionarios de numerosos ayuntamientos gallegos (incluidos los de las dos principales ciudades del país, Vigo y A Coruña) y entre el personal de la Xunta de Galicia, que está revisando contratas de mantenimiento de edificios y otros servicios otorgados a empresas de Vendex.
Más detalles, en Galicia Confidencial y Praza Pública.
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4ª ACTUALIZACIÓN (23 septiembre 2012):
Exceptuado el máximo responsable de Vendex, a quien la juez le ha impuesto prisión provisional, el resto de los detenidos poco antes de una jornada electoral [se supone que tan mediáticos arrestos eran inevitables debido a la elevada peligrosidad de los sospechosos...] han sido puestos en libertad sin fianza o con fianzas de cuantía menor.
Aparte de directivos de Vendex, ayer sábado fue liberado el alcalde de Boqueixón (PP) bajo fianza de 10.000 euros, y el de Ourense (PSdeG-PSOE), que ha permanecido detenido el máximo ordinario que establece la ley, excarcelado tras depositar una fianza de 6.000 euros.
Distintos medios han informado de que la decisión de detener a los sospechosos ya había sido tomada hace tiempo, antes de que el presidente de la Xunta anunciara la convocatoria de los comicios autonómicos anticipados; pero la acción policial fue pospuesta por la juez hasta después de la llamada a las urnas vaya usted a saber porqué...
Según han precisado fuentes jurídicas, los sospechosos «podían haber sido llamados a personarse en los juzgados para ser interrogados [como tantas veces se hace en ese tipo de investigaciones], sin necesidad de organizar un operativo policial» tan espectacular como costoso que, para más inri, ha emponzoñado el debate político electoral.
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5ª ACTUALIZACIÓN (septiembre 2013):
Fernández Liñares, ex concejal en Lugo y ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, ha ingresado en prisión provisional sin fianza, al igual que el administrador de Vendex.
Fernández Liñares, a tenor de los datos que han trascendido, podría ser el principal intermediario o conseguidor de la presunta red de corrupción.

6ª ACTUALIZACIÓN (febrero 2014):

Vendex obtenía apoyos políticos

a base de repartir prebendas

La larga tramitación y las incontables pesquisas de la operación Pokemon han puesto al descubierto algo ya sabido y habitual en las relaciones inter-empreasariales y entre estas y la Administración: Vendex tenía el hábito de hacer regalos y en algunos casos eran extrañamente caros (relojes de la marca Rolex, por ejemplo).
Otro "redescubrimiento" son los favores entre individuos; así, por ejemplo, el primer teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores (PP), se había interesado en que Vendex contratara laboralmente a un amigo.
De momento, tras la larga tramitación y las incontables pesquisas, el único imputado de postín o con alto significado político al que cabría señalar como presunto autor de delito (o delitos) es Fernández Liñares, ex concejal del PSOE en Lugo y ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil; no en vano, según él ha reconocido, aceptó dinero a cambio de ejercer de intermediario entre varias empresas y la Administración pública para beneficio de las primeras.
También hay sospechas de que en varios consistorios, casos de Ourense y Santiago, se podrían haber cometido acciones irregulares y/o ilegales en concursos y trámites similares.
No obstante, es prematuro hacer valoraciones sobre la acción judicial y su efectividad, pues la lectura y análisis de los miles de folios del expediente (ya ha sido levantado casi totalmente el secreto de sumario) requiere tiempo y tiento.

Más sobre el asunto;

"La operación Pokemon constata el poder del clan gallego de los conseguidores".