Maduro y Guaidó son astillas del fuego que plantó EE UU y que aviva la Justicia venezolana

La oposición recurre al golpe de Estado 

para forzar el fin del chavismo

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Los últimos acontecimientos vividos en Venezuela constituyen la enésima demostración de que la mayoría de los medios están empeñados en que el hoy sea ajeno a lo ocurrido hace quince días, tres meses o un año y si nos remontamos más atrás, numerosos medios (no todos) trasladan la sensación de que en Venezuela nunca ocurrió nada relevante hasta la irrupción del chavismo o hasta hace poco más de 48 horas, cuando el más reciente de sus profetas, Juan Gerardo Guaidó Márquez, se autoproclamó presidente.
Más y peor: casi toda la información difundida por los medios de masas, con las grandes agencias y las cadenas de TV a la cabeza, lanzan un mensaje (político) falaz: todo cuanto ocurre en Venezuela es responsabilidad del chavismo y para redondear el absurdo publicitan la tesis-trampa de que todo cuanto ocurre es consecuencia de decisiones venezolanas adoptadas exclusivamente por venezolanos.

Salvo acontecimientos puntuales de la vida personal, nada de cuanto ocurre en la vida social o colectiva es casual ni fruto de una decisión puntual. Las acciones de Maduro y de Guaidó tienen antecedentes, son fruto de una serie de circunstancias y sucesos más o menos pretéritos y, esto es sustancial, no todo lo ocurrido en Venezuela es consecuencia de las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro Moros o de sus opositores. El episodio es mucho más complejo y los protagonistas son numerosos y variopintos, algunos insospechados y ocultados por los grandes medios.

Basta un dato para atisbar la profundidad y la extensión del serial y para tener una idea aproximada de cuántos protagonistas esconde la actualidad oficial: Venezuela es el país que posee las mayores reservas conocidas de hidrocarburos del mundo.

La actualidad del país exige
recordar datos, sólo datos

El presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue reelegido por amplia mayoría absoluta para un tercer mandato (2013-2019), pero debido a su fallecimiento (marzo de 2013) se convocó la elección de un nuevo presidente en la que el entonces vicepresidente Maduro obtuvo una ajustada victoria.

El 14 de abril de 2013 los votos válidos sumaron 14.988.563, de los que 7.587.532 respaldaron a Maduro en tanto que Henrique Capriles Radonski obtuvo 7.363.264 papeletas.
Tan ajustado resultado, que fue avalado por los observadores internacionales, propició que la oposición política, con el apoyo de medios, entidades y relevantes personajes y mandatarios extranjeros desencadenara una intensa y continuada ofensiva antigubernamental durante más de un año que se sumó al boicot comercial y financiero que pilotaba Estados Unidos desde 2012, acciones combinadas que propiciaron el creciente deterioro económico y la lógica pérdida de credibilidad de la Administración, más un notable rebrote de la corrupción (mal endémico en Venezuela desde hace más de medio siglo) y el alza de la delincuencia en general con un aumento extraordinario del uso de la violencia.
Así fue como la inestabilidad social y el descrédito institucional se multiplicaron exponencialmente.

[Tras el fracasado golpe de Estado de 2002 para derrocar al presidente electo, Hugo Chávez, que fue organizado con apoyo de Washington y varios de sus aliados, incluido el Gobierno de España, los Estados Unidos volvieron a la carga con un progresivo boicot comercial y financiero que se endureció sobremanera a partir de 2012 y al que se han ido sumando otras potencias del Primer Mundo y decenas de empresas, casi todas multinacionales. 
Esa guerra económica, que ha sido silenciada por casi todos los medios convencionales, ha dificultado y a la postre imposibilitado el acceso al crédito del Estado venezolano e impedido la importación de tecnología; por ejemplo, piezas para el mantenimiento plenamente activo de la industria petrolera; males a los que se sumó el bloqueo de los fondos y del oro propiedad del Estado venezolano depositados en bancos de Occidente, empezando por los EUA; más el sorprendente descenso de las compras de crudo venezolano, represalia que tampoco ha sido casual sino premeditada, provocando todo ello una grave reducción de la entrada de divisas con la consiguiente incapacidad para adquirir en el exterior numerosos productos esenciales, desde alimentos y medicinas hasta maquinaria industrial y papel prensa, entre otros muchos productos, lo que --unido al embargo de importaciones practicado con la colaboración de Colombia, entre otros Estados-- ha desembocado en el cierre de cientos de empresas, reducido la actividad económica, multiplicado el desempleo y generado tasas de subalimentación que no se registraban desde los años ochenta, empobrecimiento que ya entonces --y ahora también va camino de hacerlo-- propició una rebelión ciudadana (ver «El Caracazo cumple 25 años y su veneno sigue activo: el maniqueísmo y los abusos de la clase pudiente», post datado en 2014)]   

El dislate lo remató el Tribunal Supremo

"robando" competencias al poder legislativo

Las elecciones parlamentarias de fecha 6 de diciembre de 2015 echaron guindas al pavo al triunfar, lógicamente, la Mesa de la Unidad Democrática --principal movimiento de oposición al gobierno del presidente Maduro-- con el 56,3 % de los votos y obtener 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional.
El 5 de enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela amplió alegre y peligrosamente sus funciones y [a mi parecer] se limpió con la Constitución venezolana declarando nulas leyes aprobadas por la nueva Asamblea Nacional. 

Para mayor inri, el TSJ declaró en desacato a la Cámara legislativa y revocó todos sus acuerdos por negarse a anular definitivamente las actas de tres diputados cuya elección estaba bajo suspensión provisional por presuntas irregularidades sometidas todavía a investigación.
Con el peregrino argumento de que se había producido un desacato, el TSJ huyó hacia delante y se arrogó competencias que de acuerdo con la Constitución de Venezuela son exclusivas de la Asamblea Nacional, como por ejemplo la aprobación y la prórroga del estado de excepción o el control de los presupuestos del Estado.
El desmadre estaba servido e inevitablemente se ha consumado.
Apostar por Maduro o apoyar a Guaidó es mantener activo el dislate y caminar hacia el desastre... ¿Hay solución?
Todo apunta que sólo queda una salida legal y útil para evitar el enfrentamiento extremo y la guerra civil: el Gobierno de Maduro y la Asamblea Nacional deberían renunciar a tomar más decisiones, sentarse y pactar la convocatoria, primero, de elecciones presidenciales anticipadas al mismo tiempo que depuran las graves responsabilidades políticas en las que ha incurrido Guaidó, para inmediatamente después de las elecciones acometer una reforma a fondo (y la renovación urgente de los miembros) del poder judicial.

DE INTERÉS, vía eldiario.es: «Quien tenga legitimidad para derrocar a Maduro que tire la primera piedra», por Carlos Hernández.