El "cadáver" de Novacaixagalicia sigue expeliendo gases malolientes

La enrevesada historia de la fusión política de las cajas gallegas sigue viva.
Hoy, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra Julio Fernández Gayoso (ex presidente de Caixanova), José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Oscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro, los cinco acusados de «ocultar los importes [de sus premios, retiros, prejubilaciones o jubilaciones] tanto al consejo de administración como al Banco de España». A ver hasta dónde llega la Justicia...

El mural que urge colocar en las sedes de la Comisión Europea, BCE y FMI

Para rescates que en verdad son rescates, el que relatan estas fotos:

Rajoy "llora" en el G20 por los 100.000 millones que presentó como un éxito sin parangón

Cada vez es más evidente que el presidente de Gobierno español y ¿líder? del PP, Mariano Rajoy, acusa un creciente deterioro político-intelectual o, a lo peor, miente más que habla y nos toma por imbéciles.

Elecciones griegas: El miedo siempre favorece a los conservadores

La derecha roza la mayoría y la socialdemocracia se hunde

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El dato quizá más sobresaliente de los comicios celebrados en Grecia es que su parlamento --al igual que los de otros países de Occidente-- adolece de un grado de representatividad muy bajo, pues sólo tres de cada diez votantes han apoyado a la sección helena del Partido Popular Europeo (PPE), Nueva Democracia (ND), que con sólo el 29,6 % de las papeletas obtiene el 43 % de los escaños (129 actas de 300).

El caso Reganosa ratifica que es posible "torear" las sentencias del Supremo

Los incumplimientos legales perpetrados en Mugardos

permiten afirmar que la seguridad jurídica es nula

y que España es un Estado de Derecho relativo

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Con su empeño en no dimitir, el presidente del Tribunal Supremo se presta a ser la diana de un pimpampún jurídico-político que perjudica a la Justicia y, además --y esto es lo más grave-- contribuye al deterioro de las instituciones del Reino de España. Sin embargo, el caso Dívar no es el único episodio, ni tampoco el más sustancial, que constata la creciente inseguridad jurídica que acusa el Estado español.