Hojas de rábano. Debajo, enterrado, está el tubérculo --que es lo realmente valioso de esta especie-- y las raíces, sobre las que descansa la vida de la planta
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La decisión de la juez de Toledo de desestimar las medidas cautelares contra 57 medios que reclamaban Telma Ortiz (hermana de la princesa de Asturias) y Enrique Martín-Llop ha provocado ríos de tinta. La ejecutiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya ha emitido una valoración --asumida por la federación española de sindicatos de periodistas-- que dice así:
[1] “Que es injustificada y peligrosa la euforia de algunos medios que airean esa decisión como si fuera un triunfo del derecho a la información, cuando en realidad está haciendo evidente la necesidad de su regulación.
[2] “Que es de la máxima gravedad para la información que la definición de personaje público sea propiedad de los medios, que han adquirido la capacidad de fabricarlos a su antojo y según sus necesidades de márketing.
[3] “Que las personas nunca son de relevancia pública sino los hechos y conviene terminar con esta confusión interesada.
[4] “Que los hechos de interés o relevancia pública responden al interés público general y no al mayor o menor interés que puedan despertar en algún sector del público.
[5] “Que ese mayor interés que algún público puede tener por algunas personas no puede justificar el acoso ni otras actitudes que vulneran los principios deontológicos de nuestra profesión.
[6] “Que los hechos que han motivado este hecho judicial deberían hacer reflexionar a toda la profesión periodística sobre los límites que han vulnerado los medios cuando hay ciudadanos que han considerado pedir amparo de ellos.
[7] “Que el desprestigio que está sufriendo la profesión periodística deteriora el valor de la información, básica en una sociedad democrática, y hace imprescindible que los legisladores atiendan la solicitud de una regulación legal de la profesión que venimos reclamando los periodistas”.
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Matizaciones (con ademán constructivo, no recriminatorio):
[1] Desde un punto vista jurídico, es perfectamente justificable y lógica la euforia de algunos medios --mejor dicho: ¡muchos!-- ante el dictamen judicial, pues en parte viven de vender cotilleos y basuras. ¡Negligencia o barbaridad que no es exclusiva de la llamada prensa rosa! Creer que sólo la prensa rosa vende cotilleos es engañarse o, a lo peor, engañar a la sociedad.
[3] Hay personajes que SÍ son de interés informativo; sin menoscabo de que nadie deba ser convertido en noticia por hechos o asuntos de índole personal.
[4] Una de las raíces del problema --que es prácticamente irresoluble abordándola exclusivamente desde el periodismo y por los periodistas-- es que la mayoría del público ha dejado meridianamente claro que SÍ le interesa la vida privada de las celebridades. Luego, ¿qué institución o entidad osará determinar legalmente qué es y qué no es de interés público? El asunto es mucho más complejo, pero cabe resumirlo así: ¿alguien considera posible, aquí y ahora, que los políticos se atrevan a llevar la contraria al público, a los votantes?
[5] Hay aspectos del caso Telma Ortiz inexorables: Lo que ciertos periodistas y medios han hecho a esa mujer y a su pareja es una canallada; razón suficiente --junto a otros episodios similares e incluso más sangrantes-- para ser más prácticos, menos teóricos y, sobre todo, menos teoricistas. Resumiendo, de igual modo que se ha legislado y ahora se juzga y castiga el acoso sexual, laboral, escolar, etcétera, ¿por qué no se legisla, primero, y luego se juzgan y castigan los cada vez más numerosos casos de acoso informativo, imponiendo penas a los periodistas y medios que incurran en esa práctica? A ver, ¿por qué no se hace?...
[7] Pretender que la prensa rosa y sus prácticas constituyen la causa fundamental del desprestigio de la profesión periodística es, cuando menos, infantil.
Dicho esto, ¡claro que convendría regular el oficio de informar!, al igual que convendría fiscalizar las relaciones laborales en el seno de las empresas de comunicación, o impedir la difusión de propaganda comercial y política como si de información se tratara, amén de un largo etcétera de detalles.
Regular solo será útil si se dan otros requisitos
Confiemos en que la demandada regulación no se centre en absurdos como el caso Telma Ortiz y que cuando se acometa su redacción se aborden, en paralelo y sin excusas, aspectos que son tanto o más esenciales, pues informar no sólo aconseja aplicar normas deontológicas sancionadas por ley, sino que exige que la Administración impida que haya periodistas que trabajen en condiciones indignas y cobrando el salario minimo interprofesional... ¡Los hay y no son pocos!
Si fuera así, si el oficio de informar fuera legalmente regulado y dignificado, serían muy pocos los periodistas que obedecerían la orden de perseguir a Telma Ortiz, o la de mentir en torno a la inflación, o la de recurrir a la falacia y a la mentira para idiotizar a la afición de tal o cual equipo a fin de incrementar audiencia y con ella la publicidad de la emisora…
Hay ejemplos de perversión socialmente mucho más graves que el caso Telma Ortiz.
En todo caso, la nota del sindicato da en el clavo en casi todo, pero especialmente en una cosa: es incomprensible que alguien --ni siquiera los periodistas-- se alegre por el dictamen judicial de marras, porque si algo está meridianamente claro desde hace años y años es que nadie, ¡absolutamente nadie! --tampoco la santificada opinión pública, ni las empresas y mucho menos los legisladores-- está interesado, salvo la mayoría de los periodistas, en obligar a los medios a distinguir entre información e intoxicación, divertimento y falacia, dato y propaganda…
Para construir es imprescindible cimentar
De nada servirá regular el oficio de informar si los legisladores y los profesionales evitamos entrar en cuestiones de fondo y nos limitamos a aspectos concretos y puntuales (caso Telma Ortiz). SÍ a la regulación, pero siempre que vaya acompañada de acciones encaminadas a reparar otras vías de agua. ¿Por ejemplo?, pues que se establezcan pautas de rigor y de veracidad en asuntos institucionales, políticos y económicos, y que España deje de ser uno de los pocos países del Occidente más desarrollado cuya Administración todavía puede negar impunemente el suministro de datos oficialmente calificados de públicos.
¿Es más importante el caso Telma Ortiz que el hecho reiterado de que instituciones locales, autonómicas y centrales se nieguen, por ejemplo, a informar del gasto de los concejales y diputados en telefonía móvil, o del uso que se hace de los coches oficiales que pagamos entre todos los contribuyentes?; por poner dos supuestos simples como berzas pero de los que, pese a ello... ¡tambien se niegan los datos! Es fácil imaginar lo que ocurrre con asuntos de mayor importancia.
Sin ánimo de restar trascendencia al caso Telma Ortiz, llegados a este punto viene a cuento comentar que en arquitectura nadie cuestiona que construir un edificio requiere cimentar. El rebomborio suscitado --¡y organizado!-- por y en torno al caso Telma Ortiz resulta grotesco.












