17.4.14

Catalunya es territorio económico, político y legal de la UE... Sobran los simplismos

Desde hace meses, los "grandes" medios de información españoles publican textos informativos y de opinión cuyos autores afirman que la Unión Europea (UE) no podría o no permitiría que Catalunya siguiera integrada en la Comunidad si proclamara o accediera a la independencia.
En numerosas ocasiones esos textos informativos o de opinión [casi todos de corte amenazante o intimidatorio] añaden que la UE ni siquiera podría o estaría dispuesta a habilitar un procedimiento para hacer posible la permanencia en la Unión de una Catalunya independiente. Lo cual, dicho sea de paso, equivaldría a lavarse las manos y generar mil y un conflictos y desajustes de todo orden a decenas de millones de ciudadanos [¡no solo a los residentes en Catalunya y en el resto de España!], a miles de entidades y empresas, a las Administraciones de todos los países socios (incluidas las de Justicia), etcétera, etcétera ... ¡y también a todas las entidades financieras!, desde el FMI hasta el más pequeño de los bancos.
No vale engañarse: ese tipo de informaciones y opiniones solo sirven para contentar a unos, provocar el desánimo en otros y al mismo tiempo son útiles para satisfacer a un sector de los consumidores de prensa, radio y TV [los ciudadanos del sector anti-segregación, que son mayoría en el conjunto de España, cierto, pero "mayoría" no es sinónimo de "racionalidad"]
La insistencia de los "grandes" medios en difundir esa supuesta actitud o decisión de la UE es, cuando menos, chocante por varios motivos. 
De entrada, en esa batería de informaciones/afirmaciones hay cuatro "detalles" que han sido silenciados u orillados por los periodistas y/o los colaboradores especializados en asuntos comunitarios de los que disponen la mayoría de los medios [esto se supone, como la valentía del guerrero...]:
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Jose Manuel Durao Barroso
1. La Comisión Europea (CE), que es el único órgano del que han partido pronunciamientos al respecto, es el poder ejecutivo de la UE, no el legislativo; ni mucho menos el judicial, por supuesto.
La función de la CE es cumplir y hacer cumplir el Tratado de la Unión y las directivas (legislación), así como las decisiones del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros de los Veintiocho (presupuestos, programas, etcétera).
La CE no está facultada para hacer interpretaciones de los textos legales, y mucho menos interpretaciones políticas o ideológicas. La CE no puede suplantar las competencias del Consejo Europeo ni del Consejo de Ministros y, por descontado, la CE carece de competencias para introducir artículos en el Tratado de la Unión y, por descontado, no puede ni debe interpretarlos ni añadir elucubraciones o "complementos" al gusto. 
Lo que si podría haber hecho la CE es encargar un informe a un equipo de juristas [una "task force" constituida ex profeso]; pero no lo ha hecho por razones obvias, entre otras porque sería una iniciativa política radicalmente contraria a las normas no escritas que hacen posible el funcionamiento cabal de la Unión: inmiscuirse en asuntos internos de un país socio está muy mal visto...
Es más, la CE ni siquiera ha propuesto al presidente del Consejo o al propio Consejo de Ministros una iniciativa que quizá despejaría dudas: solicitar un dictamen prejudicial al Tribunal de la Unión que determinara que podría o no hacer la UE si prosperara un proceso segregacionista y se constituyera un nuevo Estado en territorio comunitario. Y no ha cursado esa propuesta por lo mismo, porque supondría inmiscuirse en un asunto que en principio es español y solo español, no comunitario.
La ausencia de esas u otras iniciativas hace todavía más llamativa y políticamente repudiable la locuacidad y la vehemencia con las que se emplean cargos institucionales de la Unión, como es el caso del ex maoísta y hoy derechista Durao Barroso, presidente de la CE y, por cierto, militante del PPE.
En resumen, las opiniones emitidas por ese señor o por cualquier otro individuo que ostente un alto cargo en la UE carecen de relevancia legal y su valor es estrictamente político... Y acaso partidista. 
2. Al margen de las opiniones difundidas por algunos altos cargos a título individual, ni el Consejo Europeo ni el Consejo de Ministros de los Veintiocho han emitido pronunciamiento alguno, y ningún Estado miembro ha solicitado al Tribunal de Luxemburgo un dictamen prejudicial [esta iniciativa es bastante habitual en asuntos legales de todo tipo y recurren a ella tanto instituciones públicas como agentes económicos y sociales, desde simples ciudadanos hasta bancos, pasando por entidades civiles, empresas y grandes consorcios].
En resumen, las opiniones, sean de miembros de la CE o de otros organismos, carecen de toda relevancia legal y solo tienen valor político.
3. El Tratado de la Unión y demás textos legales no establecen nada, ¡absolutamente nada!, para el caso de que en el territorio de la Unión se constituya un nuevo Estado.
Nada hay legalmente previsto al respecto a pesar de que el nuevo Estado estaría dentro del ámbito geográfico, económico, político y ¡legal! de la UE, lo que obligaría a las instituciones a tomar decisiones, salvo que se lavara las manos, lo cual [y reitero lo reseñado en el segundo párrafo:] equivaldría a generar mil y un conflictos y desajustes de todo orden a decenas de millones de ciudadanos [¡no solo a los residentes en Catalunya y en el resto de España!], a cientos de entidades y empresas, a las Administraciones de todos los países socios (incluidas las de Justicia), etcétera, etcétera ... ¡y también a todas las entidades financieras!, desde el FMI hasta el más pequeño de los bancos.
4. Para redondear el dislate que supondría que la UE se lavara las manos, resulta que Catalunya está en la zona euro, con todo lo que esto implica.
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Los dogmas políticos solo sirven para destruir la convivencia
El asunto es muy complejo. Mucho más de lo que informan/afirman casi todos los medios.
Todas las opiniones son legítimas y respetables, pero es absurdo que el actual Gobierno central y los medios anti-segregacionistas conviertan las opiniones, vengan de quien vengan, en dogma y punto final del debate UE-España-Catalunya.
[¿Alguien cree realmente que los Estados miembros expulsarían ipso facto y sine die del mercado común y de la eurozona a Catalunya, o a la Padania, Silesia, Bretaña, Escocia, o el Tirol?...]
El debate sobre si una Catalunya independiente seguiría o no perteneciendo a la UE es de tan pésima calidad y tan deficiente como el que se mantiene en general sobre el contencioso España-Catalunya.
El Gobierno central y el partido que lo sostiene, que son los actores fundamentales quieran o no asumirlo, no buscan soluciones de futuro [quiero decir soluciones reales, no "parches" como el de crear diecisiete comunidades autónomas], sino que se han encastillado y su único objetivo es imponer sus criterios y su concepción de España, como si de una finca se tratara. Es lógico, pues, que en lo tocante al "capítulo UE" se contenten con buscar "amigos" circunstanciales y apoyos ideológicos.
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La UE tiene "lagunas" que los hechos obligarán a vadear...
Escocia y Catalunya son las primeras naciones sin Estado que acometen un proceso soberanista en el seno de la Unión y lo hacen con fuerza social suficiente para que las instituciones comunitarias asuman el reto reiteradamente pospuesto de arbitrar procedimientos que hasta ahora los países socios han preferido obviar en los tratados.
No es la única "inhibición" que la UE debería corregir, pues tampoco está previsto cómo afrontar que un Estado miembro decida abandonar la Comunidad, o la eurozona.
Es más, la UE ni siquiera ha previsto cómo ejecutar la expulsión de un país socio que conculque principios legales o democráticos que son de cumplimiento obligatorio para pertenecer a la Unión.
Los altos, medianos y bajos cargos de la UE pueden decir lo que quieran, incluso pueden cantar la "misa" que un gobierno solicite a fin de simular lo más conveniente en cada momento; pero las opiniones, opiniones son.
Convendría no olvidar un "detalle" ya mencionado y que es capital: si Escocia, Catalunya u otro territorio comunitario se proclamara Estado, ese hecho jurídico ocurriría en el ámbito geográfico, económico, político y ¡legal! de la UE.
La UE no es un "accidente" y los Estados serios, ¡que los hay!, muy difícilmente permitirán que cuestiones ideológicas y mucho menos los patrioterismos pongan patas arriba el sistema [el capitalista, por supuesto, del que el PP aún tiene mucho que aprender...].
El asunto es muy complejo. Sobran los simplismos.
CON ANTERIORIDAD:
9 abril 2014, "Un debate previsible y estéril en el que destacó el agresivo ultranacionalismo de Rosa Díez";
6 abril 14, "Si el poder no pone coto a las guerras inter-territoriales..."
21 enero 14, "¿Campaña anti-independentista?... ¡No!, el PP se moviliza para no perder votos del nacionalismo español";
20 diciembre 2012, "Los catalanistas responden a la ofensiva españolista diseñando una vía a la independencia";
27 noviembre 12, "La España nacional-católica y la crisis del euro favorecen el independentismo catalán", y
26 noviembre 12, "25-N: Triunfa la derecha económica y se consolida el independentismo".

10.4.14

La presidenta de la Junta de Andalucía lanza un "consejo electoral" para el 25 de mayo

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Susana Díaz Pacheco [secretaria general del PSOE andaluz con el apoyo del 98,6 % de los delegados que participaron en el último congreso] dijo durante el pleno del Parlamento Andaluz en el que fue investida presidenta de la Junta (4 y 5 septiembre de 2013):
«A los que peor lo están pasando, a los desempleados, a los que se han visto obligados a alejarse de Andalucía en busca de una oportunidad, quiero expresarles el apoyo del Gobierno andaluz...
«Las consecuencias de esta crisis afectan cada vez a más ciudadanos, generándoles cada día más problemas, más inquietud y zozobra, y una creciente sensación de desprotección e impotencia. Nuestra obligación como responsables públicos, y desde luego la mía si soy investida presidenta, no es poner excusas, ni menos pedirles paciencia y comprensión...
«Este es un gobierno sustentado por dos formaciones de izquierda, cuya razón de ser, históricamente, es la aspiración a una mayor igualdad…
«Por eso, un eje esencial de mi programa de Gobierno es el de la cohesión social. Defiendo para Andalucía un verdadero modelo social, un modelo de inclusión, de solidaridad…»
Pues bien, esa teórica socialista o socialdemócrata ha decretado hoy retirar la competencia sobre vivienda pública a la consejera de Fomento, Elena Cortés, por haber realojado de forma provisional y urgente a 22 familias que estaban en la calle tras haber sido expulsadas por orden judicial de la Corrala Utopía (Sevilla).
Solo después de haber tomado tan radical decisión, la Junta ha emitido un comunicado alegando que ha sido abierta una investigación para determinar «si los procedimientos y criterios de adjudicación de viviendas a las familias se ajustan a los principios de igualdad y legalidad».
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida (IU) [formación a la que pertenece la consejera ninguneada y "castigada"], José Antonio Castro, ha precisado que la consejería de Fomento y Vivienda se ha limitado a seguir las indicaciones del Juzgado de Instrucción, pues su titular, ante la obligación de hacer cumplir la letra de la ley y ordenar el desalojo de la corrala, en la misma sentencia insta a las Administraciones autonómica (PSOE) y local (PP) a «proveer lo necesario» para atender «a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social» [ver copia adjunta], motivo por el que Elena Cortes decidió instalar provisionalmente a diez familias en viviendas propiedad de la Junta y a otras doce en pisos de alquiler.
No nos engañemos: la presidenta de la Junta no ha protagonizado ninguna sorpresa, ha tomado la decisión que cabía esperar de una persona de clase media-alta que jamás ha trabajado para una empresa y cuya trayectoria laboral es 100 % la de una profesional de la política.
Aun suponiendo que la consejera Elena Cortés haya incurrido en alguna irregularidad administrativa al poner bajo techo a esas 22 familias, la decisión de la presidenta de la Junta es injustificable, no ya en una persona que milita en un partido socialdemócrata, sino en una persona con responsabilidades políticas y sociales en uno de los territorios que figura entre los que acusan las tasas de desempleo y exclusión social más elevadas de Europa.
El 25 de mayo hay que votar a favor del cambio, según postula la candidata llamada Elena Valenciano, por lo que cabe agradecer a Susana Díaz Pacheco su actitud política ante la desgracia de las 22 familias que estaban en la calle porque constituye un "consejo" útil para los electores que realmente quieren que esto cambie.
De nada.
INFORMACIÓN puntual del asunto, en ELDIARIO.ES y PÚBLICO.
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ACTUALIZACIÓN (12 abril): La pasada madrugada, la presidenta de la Junta se avino a devolver las competencias a la Consejería de Fomento y Vivienda tras forzar un "examen" de las familias realojadas y comprobar si todas cumplen los requisitos de pobreza y/o exclusión social. En principio, IU acepta la solución propuesta por el PSOE.
DE INTERÉS:
"Breve y simple análisis", en LA CUENTAS DE JAVI, y
"El espectáculo más grande del mundo", por Gerardo Tecé, en LA MAREA.
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