Representantes de los 25 países socios de la Unión Europea (UE) deberán reunirse a instancias del Tribunal de Primera Instancia de la Corte de Luxemburgo (una especie de juzgado de instrucción de ámbito comunitario) para revisar la lista de organizaciones y personas declaradas terroristas en la UE. La reunión debe celebrarse antes de que termine este año.
La requisitoria de la Corte de Luxemburgo (o Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) obedece a las reclamaciones presentadas por varios grupos y personas que se consideran perjudicados por la decisión político-administrativa de la Unión.
Entre los grupos criminalizados figura el movimiento iraní Muyahidín Jalq (Combatientes del Pueblo), que es la organización armada o de acción del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, que posee representación en varios países europeos. Con relación a esta inclusión y al polvorín de Oriente Próximo, cabe resaltar que en la peculiar lista de la UE no figura Estados Unidos pese a que su ejército ha ocupado Irak contraviniendo el Derecho internacional.
La Corte de Luxemburgo ha precisado que los órganos de la UE deben revisar la lista porque, entre otras cosas, Muyahidín Jalq no fue emplazada a defenderse ante la institución que decidió satanizarla.
La orden judicial revitaliza un debate que la mayoría de países socios quieren cerrar --o al menos evitar--, pues la lista es elaborada incumpliendo criterios jurídicos consustanciales a un Estado de Derecho, criterios que informan todos los tratados de la Unión. Además, las organizaciones incluidas en el listado ven congeladas las cuentas bancarias de las que son titulares en la UE, lo que es de dudosa legalidad en la mayoría de los casos.
La lista fue creada tras los atentados del 11-S en Nueva York y es revisada periódicamente por un órgano no regulado por los tratados y del que forman parte representantes --casi siempre administrativos, no judiciales-- de todos los países socios.
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