Ayer, 11 de junio, los ciudadanos nos enteramos oficialmente de que el pasado día 1 el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, denunció ante la Comisión Europea el régimen fiscal de Gibraltar. Iniciativa que, ¡casualmente!, fue ejecutada dos días después de que el Gobierno español comunicara a Bruselas que estaba dispuesto a negociar un rescate financiero.
¿Por qué la denuncia contra Gibraltar fue materia reservada hasta hace 24 horas y ha sido ventilada públicamente en el marco del alarde españolista que desde hace cuatro días realiza el Gobierno de Rajoy para protestar por la estancia en Gibraltar de los muy británicos condes de Wessex?
[El Gobierno de Rajoy alega en su denuncia ante la Comisión Europea que el Ejecutivo del Peñón burla los tratados europeos en materia fiscal y, por ejemplo, las empresas allí radicadas abonan un impuesto de sociedades reducido (10 %), motivo por el que numerosas sociedades fijan allí su sede aunque desarrollen su actividad en España; por cierto, entre esas empresas las hay que también se declaran españolísimas, tanto como García-Margallo... ¡o más!]
A la vista de la fecha de presentación de la denuncia (1 de junio), cabría concluir que Gibraltar decidió abaratar impuestos el pasado 31 de mayo… Pues no, las rebajas fiscales gibraltareñas son tan viejas y rancias como el nacionalismo españolista del PP.
Si el PP estuviera realmente dispuesto a defender España de la pérfida Albión, cerraría el paso fronterizo con el Peñón, amén de otras medidas prácticas y legales, que las hay. Los ciudadanos podríamos estar de acuerdo o criticar que el Gobierno convirtiera el Peñón en la raíz de un conflicto político de primer nivel, pero el nacionalismo del PP sería coherente y no una burda maniobra para ocultar detrás de la bandera que el Reino de España cede soberanía a cambio de 100.000 millones de euros para la banca.
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