Expropiaciones del SAT: Gentes de orden e hipócritas evitan el debate político

Las gentes de orden --expresión que en este caso utilizo con toda su carga peyorativa-- han puesto en marcha una hábil operación mediática que, resumiendo, consiste en reducir el debate político abierto por las expropiaciones de alimentos ejecutadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a una sola pregunta: ¿Son justificables esas acciones?
Reduzcamos, pues, todos los debates, no sólo los que sirven para tergiversar los hechos:

¿Es legal que los directivos de cajas y bancos arruinados y mantenidos con dinero público cobren salarios, premios de jubilación y pensiones que equivalen al total de lo que cobrarán a lo largo de toda su vida laboral cuatro, cinco, seis y hasta diez trabajadores que perciben el salario medio?
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Ciudadanos de primera, segunda, tercera...

Similar pregunta cabe formular respecto de otros fenómenos y profesionales dependientes o protegidos por el Estado, desde procuradores de tribunales y notarios hasta altos cargos de empresas públicas y organismos autónomos de la Administración, amén de miles de asesores nombrados a dedo...
No, no se equivoque, amable lector o lectora, ya sé que son perfectamente legales casi todas las desmesuradas y vergonzosas retribuciones que perciben las vacas sagradas del débil e instrumentalizado Estado español --banca incluida--; mi planteamiento no es comparar esas legalidades con la iniciativa del SAT.

El meollo del asunto, el debate que quieren evitar las gentes de orden, es el siguiente:

¿Por qué en rigor es ilegal la acción del SAT y, en cambio, es legal que una exigua minoría de profesionales que cobran del erario publico o están amparados por el Estado tengan derechos económicos que cabe describir como latrocinios institucionalizados o robos legales? ["latrocinio institucionalizado" y "robo legal" son descripciones de carácter político]

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Imagen capturada aquí

¿A qué esperan?
¿A qué narices esperan los legisladores (diputados y senadores) de un Estado democrático de Derecho para reformar un ordenamiento legal que permite tan aberrantes ignominias?

¿Por qué tras la ejemplar --dicen-- transición y cumplidos sobradamente treinta años de democracia parlamentaria, los legisladores mantienen vivos en la Administración pública, incluida la de Justicia, los criterios depredadores, elitistas y nepotistas que la dictadura inyectó en la estructura del Estado español?

Este y no otro es el debate político que han abierto las expropiaciones del SAT, el movimiento 15M, los indignados o el anciano griego que, una vez asesinado económicamente por el Estado, hizo lo único digno que restaba, rematar el trabajo de las instituciones inmolándose a lo bonzo ante el Parlamento heleno.

Las gentes de orden, que de tontas no tienen un pelo, han logrado llevar el agua a su molino y reducido el debate a una pregunta: ¿Considera usted justificable que el SAT haya incurrido en una ilegalidad?

La pregunta es tan inteligentemente estúpida que merece una respuesta inequívoca:

Pues sí, en las circunstancias actuales la acción del SAT es justificable y lógica.

Es más, por el bien del 95% de los ciudadanos, sobre todo por el futuro de los menores de 30 años --¡de los que más de la mitad carecen de empleo!--, deseo que haya más expropiaciones y acciones similares, sólo así, quizá el Gobierno de Rajoy renuncie a desmantelar la economía social del país, quizá los dirigentes del principal partido de la oposición asuman sus funciones y dejen de decir bobadas y quizá, de paso, la sección andaluza de IU abandone el Gobierno del políticamente impresentable señor Griñán.
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DE INTERÉS: "La economía según Sánchez Gordillo".
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NOTA: 
Con relación a este episodio, es obligado subrayar que el ministro de Interior del Gobierno de Rajoy, el opusdeísta Fernández Díaz, ordenó la detención e interrogatorio policial de los expropiadores del SAT antes de que las empresas de los supermercados asaltados presentaran denuncia; es más, el Gobierno se anticipó a las autoridades judiciales, que en tanto no hubiera denuncia de parte no tenían porque intervenir. La celeridad y el rigorismo del poder ejecutivo (gobierno) no sólo han sido excepcionales, sino también significativos.