08 septiembre 2010

A fin de condenar a Garzón, el Supremo pone España en el mapa de la ignominia mundial

Se ha confirmado lo que temían (temíamos) quienes consideran (consideramos) que el Tribunal Supremo está a punto de demostrar que en el Estado español siguen vigentes criterios y valores de la dictadura franquista.
Las decisiones que sobre el caso Garzón está adoptando el Supremo demuestran que funcionarios del aparato de Justicia ponen trabas o se inhiben en la búsqueda y recuperación de los cadáveres de los más de 100.000 ciudadanos desaparecidos bajo la dictadura.
En rigor, la Justicia impide que se sepa qué ocurrió y quiénes participaron en una barbarie cuya cifra de víctimas multiplica por 25 las habidas durante el régimen de Pinochet, por poner sólo una comparativa.
De hecho, durante el siglo XX el número de muertes derivadas de la represión política que hubo en la España del general Franco sólo es superado por las habidas bajo los regímenes de Hitler, Stalin, Mao Zedong y Pol Pot (excluyendo las guerras civiles de Vietnam y el Congo).
En ese aspecto, España nada tiene que envidiar...
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Carlos Dívar Blanco
La Justicia de España es ejemplar...
Ayer, la participación de España en la maratón de la ignominia ha sido confirmada con la resolución de la sala segunda del alto tribunal de rechazar todas las pruebas propuestas por el juez Baltasar Garzón para su defensa en el caso de la memoria histórica.
Los cinco magistrados que han firmado el auto [Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo] avalan la instrucción realizada por el juez Luciano Varela, y aunque quedan pendientes cuatro recursos, ya es prácticamente definitivo que Baltasar Garzón --acualmente suspendido de sus funciones-- se sentará en el banquillo como reo de prevaricación, probablemente el próximo mes de noviembre o diciembre.
Fuentes jurídicas e incluso numerosos jueces y fiscales han advertido de que una hipotética condena de Garzón sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de imparcialidad, pues los magistrados del Supremo que están instruyendo el expediente de la memoria histórica --los que resuelven en apelación las diligencias y extremos que afectan al fondo del asunto-- son los que juzgarán al acusado.
Más claro: el instructor es el juez... ¡Un dislate!

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