El proceso a Garzón pone al Reino de España donde merece

Leído el auto que suscribe el magistrado del Tribunal Supremo que acusa a Baltasar Garzón de incurrir en un delito de prevaricación por pretender --según el instructor-- investigar los crímenes franquistas, hay aspectos que merecen ser subrayados:
1. El procedimiento es fruto de una querella formulada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias; iniciativa a la que se sumaron una agrupación denominada Libertad e Identidad y Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-sindicalista (FE-JONS).

2. El instructor sustenta su argumentación afirmando que Garzón no es competente para investigar crímenes de la dictadura debido a la mal llamada amnistía de 1977; texto este que sólo sirvió para perdonar todo tipo de responsabilidades a quienes delinquieron al amparo de las autoridades administrativas y judiciales de la dictadura.
A quienes delinquieron combatiendo el régimen del general Franco sólo se les aplicó el indulto de 3 años otorgado en diciembre de 1975; de hecho, los antifraquistas a los que les fueron perdonadas parcial o totalmente las penas por delitos cometidos antes de 1977 (año de la amnistía) sólo se les aplicó el indulto de 1975 o en todo caso indultos personales, así como relecturas o reinterpretaciones de la amnistía que permitieron sobreseer sumarios o aplicar perdones individuales.

3. Sin embargo y pese a sus limitaciones, la amnistía sí permitió y sigue permitiendo el perdón de todos los crímenes --muchos de ellos de lesa humanidad e imprescriptibles-- cometidos al amparo de la dictadura.

4. El descaro de quienes todavía ahora califican de amnistía lo que en rigor fue una ley de punto final se convierte en desvergüenza si se tiene en cuenta que establecía, textualmente, que «nada de lo dispuesto» impide celebrar juicio y condenar a personas que cometieron delitos según los principios generales del Derecho reconocidos por la comunidad internacional; es decir, una lectura no política de aquella amnistía si permite juzgar los crímenes de Estado de la dictadura, pero el aparato de Justicia español ha cerrado y sigue cerrando los ojos.

5. Todos los gobiernos habidos en España tras la aprobación de la Constitución de 1978 son cómplices de los desafueros legales que por omisión, por interés o por inhibición se perpetran en el Reino de España al no detener y juzgar a cientos de delincuentes.

Ahí va un ejemplo de desvergüenza: hay más de 30.000 desapariciones o secuestros de menores que siguen sin haber dado resultados penales equiparables a las evidentes responsabilidades penales en que incurrieron sus autores.

6. La Ley de Memoria Histórica que diseñó el zapaterismo es una bobada inútil e impropia de un régimen democrático y de Derecho. No sólo no vale para nada, sino que además ha sido y es utilizada para engañar a miles de víctimas y ciudadanos y para contentar a quienes siguen beneficiándose de los delitos --incluidos miles de robos patrimoniales-- perpetrados hasta más de dos años después de haber muerto el general Franco.

7. La mayoría de los miembros del Tribunal Supremo habidos desde 1978 hasta hoy han jurado los principios del Movimiento y declararon su fidelidad al régimen franquista. Si en España hubiera habido una transición a la democracia con mínimo calado, esas personas habrían sido inhabilitadas para ostentar responsabilidades relevantes en un Estado democrático de Derecho.

8. Si el procedimiento abierto contra Garzón sigue adelante, el Estado demostrará sin sombra de duda que España es …ponga usted el calificativo... y confirmará lo que ya han probado los hechos: demasiados jueces y magistrados están enredados en argumentos legalistas, alejados de la realidad y atrapados por miedos o intereses derivados de la dictadura. Prácticamente ningún juez español ha avalado las exhumaciones que se han solicitado para comprobar identidades de miles de personas desaparecidas y asesinadas durante el franquismo. Esa cobardía jurídica y ética es todavía más grave si se tiene en cuenta que con esas exhumaciones no se pretende juzgar a nadie, sino sencillamente identificar y dar digna sepultura a víctimas del terrorismo, en este caso terrorismo de Estado.

9. El instructor del procedimiento abierto a Garzón está a punto de conseguir lo que la Justicia española ha evitado: poner pública e internacionalmente al Reino de España en el sitio que merece.

DE INTERÉS:  
"La reacción por Garzón", en P+DH;  
"La caza", en El país, y  
"La defensa de Garzón", en ESTRELLA DIGITAL.