¿Quién apoya prolongar la vida laboral?: La banca, la patronal y el PP

El partido conservador evita criticar la decisión del PSOE por motivos electorales

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La propuesta formulada por el presidente de Gobierno, Rodríguez Zapatero, de reformar el sistema de pensiones y prolongar la vida laboral hasta los 67 años ha causado tantos o más rechazos por el modo en que ha sido anunciada que por su contenido.
Incluso el Partido Popular (PP), que desde hace años reclama una reforma en ese sentido, ahora crítica a Rodríguez Zapatero, sin embargo la posición de la derecha no obedece a motivos relacionados con el mundo del trabajo ni a su humanitarismo, sino a fines electorales.

De hecho, el PP tiene una opinión más retorcida que la del Gobierno en lo tocante a la estabilidad del sistema, que según los populares no garantiza las pensiones ni siquiera a medio plazo.

Desde hace ya más de un decenio el PP reclama recortar el gasto de las prestaciones públicas y fomentar las privadas, de modo que es un aliado objetivo de las propuestas esbozadas por Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy aprovecha la coyuntura para ayudar al PSOE en su lenta pero constante pérdida de crédito electoral.

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Copia facsímile de la página de
La voz de Galicia en la que ha sido
publicado el texto reproducido en el blog

El Congreso daría el sí
Los partidos presentes en las Cortes que realmente se oponen a recortar derechos sociales tienen un peso menor; pues apenas suman una docena de escaños más algunos diputados que obrarían a título personal. La única oposición a la reforma que constituye un «contrapoder» capaz de frustrarla está en los sindicatos, pues todos rechazan sin paliativos el texto pergeñado en La Moncloa.

Los principales argumentos de quienes apoyan la medida --incluidos los que evitan apoyarla por motivos partidarios o electoralistas-- son de orden financiero y demográfico.

El PSOE --que en este punto sí esgrime datos-- ha demostrado que a fecha de hoy el sistema de pensiones goza de excelente salud [sumado el sobrante de 2009, el fondo de reserva ya roza los 70.000 millones de euros]. Pero los mismos dirigentes socialdemócratas insisten en que al paso de unos años el sistema será insoportable debido a que la pirámide demográfica española es cabezona (mucha gente mayor) y tiene los pies pequeños (pocos niños).

Unos auguran que el hipotético crac se podría producir en 2030, otros que en 2040 y los menos agoreros estiman que no antes de medio siglo. Pero si de ser exactos se trata, la tesis de La Moncloa solo constata que el sistema podría hacer crac si se sigue alimentando exclusivamente de las cotizaciones vía nómina. Por eso la afirmación del Gobierno es parcial, pues omite que España es el único país de Europa occidental [las comparaciones con el Este carecen de valor] que no utiliza ni un euro de los presupuestos generales para costear las pensiones. Es más, dinero de las cotizaciones es desviado para, entre otras cosas, cofinanciar programas ajenos a la sanidad y a las pensiones.
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Un ejemplo clarificador 

Hasta no hace mucho, en España solo disponían de servicios de sanidad públicos al 100 % los cotizantes a la seguridad social (así como sus beneficiarios, familiares en primer grado), que se financiaba solo mediante las aportaciones de los asegurados.
«Pero luego --ha razonado el ex ministro socialista Jordi Sevilla-- la sanidad se convirtió en un derecho financiado con los impuestos. Creo que ha llegado la hora de hacer lo mismo con las pensiones: de ser un sistema de seguro público financiado solo con cotizaciones, debe pasar a ser un derecho de ciudadanía financiado también mediante los impuestos generales».

En resumen, el 100 % de las pensiones se abona con las cotizaciones abonadas vía nóminas; circunstancia en la que insisten quienes critican la iniciativa del Gobierno porque está ocultando información que es imprescindible para hacer un juicio de valor racional. Motivo este por el que cada día son más los economistas de distintas escuelas y variada adscripción ideológica que denuestan la tesis y la actitud política de José Luis Rodríguez Zapatero.
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La piña se consolida

Los sindicatos hacen piña y ponen el acento en que prolongar la vida laboral equivale a laminar derechos socio-económicos «sin que exista razón presupuestaria alguna y a cambio de nada».

Además, advierten de que el modelo laboral español ha precarizado un porcentaje tan elevado de empleos que la mayoría de los asalariados que actualmente son menores de 35 años apenas tendrán posibilidades de acumular cotizaciones suficientes (35 años) para acceder a una pensión digna cuando se jubilen.
Rodríguez Zapatero también es acusado de «urgir la reforma para contentar a instituciones internacionales que reclaman reformas por motivos macroeconómicos» [léase el FMI y la OCDE]. Entre esas presiones también figuran las de la Comisión Europea --que se ha pronunciado por boca de Joaquín Almunia, eurocomisario español y miembro del PSOE--, además de varios gobiernos amigos de la Comunidad.
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El peligro de entreabrir la puerta

Algunos sindicalistas admiten estar dispuestos a «negociar todo», pero añaden que solo asumirían debatir un retraso de la jubilación --entre otras medidas-- si a cambio el Gobierno y el PSOE se comprometen «sin sombra de duda» a afrontar la europeización efectiva del mundo del trabajo en España: «Pero todos sabemos que europeizar obligaría a correcciones que la CEOE y el centro-derecha político rechazarían de plano».

¿Por ejemplo? Y entre otras cuestiones, citan que Inspección de Trabajo disponga de medios para ser eficiente, que se sancionen con rigor las ilegalidades laborales, que no se perdonen deudas a la seguridad social, que los trabajadores que laboran para una sola empresa no sean considerados autónomos y «otros sin sentidos que siguen aparcados desde 1975», apostillan.

CON ANTERIORIDAD:
"Prolongar la vida laboral puede reducir la del Gobierno".

DE INTERÉS:
"Los errores del determinismo demográfico: el caso de las pensiones".  
OTRA FALACIA del zapaterismo:
Los voceros pro gubernamentales han insistido una y otra vez en la sangría de las prejubilaciones y, en efecto, las hay perversas; pero constituyen una minoría y su carga no es relevante para las arcas públicas porque, entre otras cosas, en la mayoría de ocasiones han sido arbitradas con cargo a capitalizaciones y sistemas financiados por los propios trabajadores y por las empresas --como es caso del sector financiero.
Ver: "CC OO defiende el uso de las prejubilaciones contra la torpe campaña del Gobierno", en NUEVA TRIBUNA.