Facturas impagadas: El PP propone legislar que todo siga igual

Ahí va uno de esos episodios políticos que pasan casi desapercibidos porque su calado es aparentemente relativo, pero cuyos significados son monstruosos: el PP ha anunciado que la próxima semana defenderá en el pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley para que las pequeñas empresas y los autónomos queden exentos de liquidar el IVA de las facturas pendientes de cobro y las que no han podido cobrar.

Está visto que hay políticos profesionales que no se ganan lo que cobran y que para colmo son incapaces de mirar la realidad de frente.
Peor: confunden solución con parche y futuro con nunca.

Desde un punto de vista racional y en la búsqueda de soluciones, lo que deberían hacer sus señorías es poner coto legal al histórico abuso en que incurre parte del empresariado hispano --máxime las grandes compañías--, que paga cuando le conviene o cuando le viene en gana. ¡Hay decenas de miles de facturas que se pagan con 60, 90, 120 días y hasta con seis y más meses de retraso! Los efectos en la economía real son letales.
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Consentir el abuso y paliar las consecuencias

Ante ese fenómeno --aparte del habitual silencio y pasividad de casi todos los legisladores--, la propuesta del PP es la propia de quien consiente el abuso y se limita a paliar sus consecuencias.

Resultado: La bola de nieve sigue rodando y creciendo, arruinando pymes y autónomos.

¿Para cuándo una reforma de las leyes aplicables a los intercambios comerciales y a las prestaciones de servicios en lo tocante a cobros y pagos?

En un alarde de demagogia barata, la encargada de presentar semejante chapuza, Soraya Sáenz de Santamaría, ha preguntado con retórica del XIX: «¿cuántos autónomos y pymes se hubieran salvado si el Gobierno lo hubiera aplicado en su momento?», en alusión a una anterior proposición parlamentaria (en este caso no de ley) que planteaba el mismo apaño.

Todo esto sin olvidar dos detalles. Uno, ¿es constitucional arbitrar una exención para sólo una parte de los sujetos afectados por una obligación fiscal?; y dos, ¿por qué los políticos profesionales eluden llamar a las cosas por su nombre y se niegan a reconocer que los retrasos en los pagos constituyen la fórmula más barata de la que disponen las grandes empresas para obtener liquidez a corto plazo?

¿Será esto último lo que desaconseja al Poder legislativo solucionar el problema?

En el Gobierno tampoco sobra la inteligencia política, pues no ha querido, no ha sabido o ha evitado la respuesta que en rigor corresponde: Colegas del Partido Popular, ¿no sería más beneficioso para las pymes, los autónomos y la economía en general legislar soluciones que pongan coto al abuso en lugar de zurcir parches?

INFORMACIÓN puntual, en Europa Press.

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ACTUALIZACIÓN (10 de febrero):
El absurdo se consumó, el Congreso ha dado el visto bueno a la chapuza que proponía el PP a pesar a que el problema no es el IVA, sino las facturas y el impago de las mismas.