Venta de armas a la Libia de Gadafi, ¿quiénes se beneficiaron de esas transacciones?

El portal informativo Periodismo Humano ha publicado un interesante reportaje titulado «Qué penita nos da ahora la represión, pero bien que les vendemos armas», refiriéndose a los responsables políticos, los creadores de opinión y las sociedades de Occidente por su actitud ante la decisión del Gobierno libio de reprimir las movilizaciones populares haciendo uso de las armas que numerosos gobiernos autorizaron vender al régimen de Gadafi.
La información de Periodismo Humano está redactada con la expresa intención de denunciar esa hipocresía y --acaso sin pretenderlo-- abre otra reflexión.

[Para titular el texto, PERIODISMO HUMANO ha utilizado una declaración de Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, una de las oenegés que auspicia la campaña "Armas bajo control"]

De entrada, el reportaje obliga a abrir este interrogante: ¿Los ciudadanos españoles o de otros Estados occidentales son corresponsables de las decisiones adoptadas por sus gobiernos en casos como el de las armas vendidas a Libia?
Desde un punto de vista legal, no; pero aplicando criterios éticos, políticos, humanos y teniendo en cuenta que el gobierno ha sido elegido mediante sufragio universal, cabría concluir que quienes votaron a los partidos del actual o de anteriores gobiernos serían políticamente corresponsables de la hipocresía que denuncia Juan Luis Sánchez, autor del texto de Periodismo Humano.

Sin embargo, más allá de argumentaciones que son legítimas y que reflejan hechos, episodios y actitudes realmente criticables, la inclinación a imputar a la generalidad de los ciudadanos las decisiones de los gobiernos roza la perversión --a veces incluso incurre en ella.

Prácticamente todos los gobiernos, sean democráticos o no, burlan una y otra vez gran parte de sus promesas e incluso toman decisiones que conculcan los principios o valores de los partidos u organizaciones a las que pertenecen los miembros del poder ejecutivo y legislativo.

No, definitivamente no; los ciudadanos no son corresponsables de la hipocresía que denuncia Periodismo Humano. 
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Gobiernos que hacen lo contrario
de lo que dijeron para ganar votos
Los hechos demuestran sin sombra de duda que desde hace años y años ningún gobierno, ¡tampoco los democráticos!, cumple lo que promete o anuncia; es más, en numerosas ocasiones y asuntos los gobernantes ni siquiera son fieles a sus teóricas intenciones e idedología.
Por si fuera poco, todos los gobiernos acaban plegándose en mayor o menor grado a los intereses económicos de las grandes empresas y corporaciones, aunque para ello incumplan radicalmente el programa o listado de intenciones con el que se presentaron ante los electores.

La acusación del director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria que Periodismo Humano utiliza para titular su información no sólo es injusta, sino que otorga a los gobiernos una representatividad que han perdido --o han renunciado a ella--, también en los países democráticos.

Ocurre, desgraciadamente, que los gobiernos no sólo utilizan el dinero de todos los ciudadanos para salvar bancos, cajas y empresas que han quebrado a causa de la mala gestión o de los abusos de sus propietarios y directivos --como está ocurriendo en España-- sino que además utilizan los votos para legitimar decisiones que la mayoría de quienes han votado a ese partido de gobierno jamás autorizarían.
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Poner el ventilador ayuda a diluir las responsabilidades

Algo así ya ocurrió con la decisión de Aznar López de convertir a España (¿y a los españoles?) en promotores y propagandístas de la invasión de Irak. Y no por eso cabía corresponsabilizar a todos los votantes del PP de esa aberración legal, política y humana.

Acusaciones como la del director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria sirven, aparte de para concitar legítimamente la atención de los ciudadanos, para centrifugar responsabilidades políticas que son exclusivamente gubernamentales. Así, acaso involuntariamnete, también se contribuye a que en los medios se minimice u oculte qué políticos y qué empresas han hecho posible armar a las dictaduras.

Sin ánimo de denostar una denuncia que es necesaria y justa en su esencia, conviene advertir que en lugar de imputar todo al gobierno de turno y a la generalidad de los ciudadanos, sería mucho más útil identificar a los promotores de las ventas de armas y a las empresas que hacen negocio.
Los ciudadanos en general no se han beneficiado de esas exportaciones, ni siquiera las han aprobado.

¿Quiénes han engordado su fortuna con esas y otras ventas? Estas son las identidades cuya difusión tendría efectos realmente disuasorios.
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DE INTERÉS: 
"Gaddafi, neoliberalismo, el FMI y los gobiernos supuestamente defensores de los derechos humanos", por Vicenç Navarro.
"Análisis de las  exportaciones españolas de material de defensa y doble uso. 2009", vía Amnistía Internacional.