¿Acaso el Gobierno aspira a convertir España en el "reino saudí" de Europa?

Si nos atenemos a los pronunciamientos religiosos de varios de los actuales ministros en actos institucionales o de Estado, está sobradamente justificado concluir que la actitud del Gobierno que preside Mariano Rajoy emula a la del reino wahabita de los Saud y recuerda la de los monarcas de la Europa medieval que reforzaron su poder imponiendo a sangre y fuego dogmas de fe.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acudido hoy a Fitur para presentar Huellas de santa Teresa y, entre otras cosas, ha declarado oficialmente (en calidad de miembro del Gobierno) lo siguiente: «Estoy seguro de que en estos momentos [santa Teresa] estará siendo una importante intercesora para España en estos tiempos también recios que está atravesando»...

Ese pronunciamiento [insisto: oficial] de Fernández Díaz no obedece a un arrebato puntual que por excepcional podría ser disculpable. No, el ministro ya había dejado claro en varias ocasiones que es partidario de imponer dogmas religiosos.
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Homofobia "científica"...
El titular de Interior ya dejó testimonio de su actitud política cuando hizo alarde de su católica homofobia al afirmar que el matrimonio entre homosexuales «no garantiza la pervivencia de la especie», entre otras simplezas.

Es legítimo tener convicciones religiosas por las que guiarse en la vida privada, ¡sin ninguna duda!; pero también sin ninguna duda es ilegítimo e inconstitucional supeditar la administración de lo público, las leyes y la aplicación de estas a las creencias personales.

Imponer el catolicismo, como pretenden ese y otros ministros, conculca la Constitución de 1978, que al igual que en otros Estados de Derecho con democracia parlamentaria, garantiza la libertad religiosa. Principio este del que se burló Fernández Díaz cuando dijo que «con la coartada de lo políticamente correcto y la coartada de la defensa de la libertad de expresión, no se respeta en muchos ámbitos políticos y judiciales la libertad religiosa». Con esa contradictoria premisa el ministro no sólo denostó a los políticos que no comparten su fe, sino que además imputó a la generalidad de los jueces el pecado y el "error" de supeditar los criterios católicos a las leyes.

¿Qué autoridad moral y qué respeto merece un Gobierno en el que hay fanáticos religiosos que fían el futuro de los ciudadanos a la acción intercesora de una religiosa fallecida hace cinco siglos?

Salvo que el presidente desautorice el fanatismo religioso en actos y decisiones oficiales, tan cierto es que el Gobierno ostenta la autoridad legítimamente, como que no merece respeto político.