Por favor, amable lector/a, lea y haga un esfuerzo de imaginación. No le pido que imagine personajes de cuento de hadas, ni tampoco que cierre los ojos para recrear fantasías. Al contrario, imagine con los ojos abiertos. Muy abiertos. Se trata de hacer "filosofía del Derecho"; pero no tema, el argumento es simple, basta con ser racional. Veamos:
Una persona fuerza el acceso a una vivienda, ingresa en el inmueble, registra armarios y cajoneras, se mete en el bolsillo los 55 euros que había en un bote de la cocina, otros 200 que estaban guardados en la cómoda del dormitorio, tres anillos de oro, los pendientes que la señora de la casa heredó de su madre, los gemelos de oro que al marido le regaló la empresa cuando cumplió los 25 años de antigüedad, y además mete en el bolsón un ordenador portátil, una cámara de fotografiar y e asaltante, ducho en su oficio, aún tiene tiempo de beber una cerveza, eructar al salir de la casa y, chino-chano, alejarse tranquilamente calle abajo porque, lógicamente, no había ningún agente policial apostado en las inmediaciones de la vivienda para impedir esa u otras acciones delictivas.
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Pues bien, en España, en determinados episodios y con actores concretos las leyes y normas establecen que la inexistencia de vigilancia o control personalizado y permanente exime de delito al autor o autores de una estafa, una apropiación indebida, una administración dolosa y delitos similares.
Sí, ha leído bien. Procuraré enunciarlo con mayor claridad:
Hay profesionales del Derecho, funcionarios de Justicia y legisladores (diputados y senadores) que defienden un dislate: en la actividad financiera y bancaria sólo existe delito si es detectado mediante vigilancia directa, personal y permanente... ¿?
Los autores de esos no delitos y no faltas pueden ser criticados, en efecto, que para eso hay democracia... Incluso pueden ser criticados con dureza, pero son inocentes cual dulces gatitos.
De modo que aplicando el mismo principio y no existiendo vigilancia policial en la vivienda, tampoco delinquiría el ladrón que entra en una vivienda en ausencia de los inquilinos y una hora después la abandona con 475 euros que ha encontrado en el cajón de la mesa de la cocina, una máquina de fotografíar, una pulsera, un broche, unos gemelos y otra piezas de oro. etc...
Esa singularidad explica que también sean inocentes los directivos y comerciales de banca que vendieron participaciones preferentes a personas analfabetas, a niños, a viejecitos aculturizados y a decenas de miles de pequeños ahorradores que confiaba en la bodad de la inversión.
Y también son inocentes cual dulces gatitos quienes han cobrado pensiones millonarias de las entidades financieras arruinadas que luego han tenido que ser reflotadas con dinero público.
Las autoridades administrativa o gubernativa, en este caso el papel de la policía lo ejercen la CNMV y el Banco de España, no vigilaban directa, personal y permanentemente las ventas de participaciones preferentes u otros productos, por lo que los directivos o comerciales no han incurrido en responsabilidad penal alguna.
volverá a suceder...
¿Comprende usted, amable lector/a, porque el "lío" de las preferentes es tratado oficialmente como si fuera simplemente eso, un malentendido?, ¿comprende usted porque los bancos y cajas han procurado destruir las circulares internas sobre comercialización de preferentes que remitían a sus empleados?, ¿comprende usted porque ese "lío" está siendo sorteado a base de aplicar la desestimación o el sobreseimiento a miles de casos?, ¿comprende usted porque tienen tanta proyección mediática las explicaciones de los "expertos" que insisten en que lo ocurrido es una desgraciada suma de deslices, errores o comportamientos indebidos de carácter individual que jamás volverán a suceder?
Es evidente que tamaño error legislativo debe ser corregido, y solo hay dos posibilidades ciertas de hacerlo con equidad:
1. Acometer una profunda reforma de las leyes y normas que derogue ese tipo de singularidades "filosóficas", al tiempo que las entidades devuelven ¡todo el dinero a los perjudicados o, alternativamente,
2. Reconocer oficialmente que todas las personas físicas y jurídicas tienen los mismos derechos que las entidades financieras y sus directivos; es decir, todas pueden incurrir en "deslices", "errores" o "comportamientos indebidos" y quedar eximidas de posibles delitos o faltas si en el momento de los hechos no estaban sometidos a vigilancia personal y permanente...
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