Un alto cargo designado por el Gobierno y un equipo
de funciomarios de Interior decidirán quiénes serán
registrados y sometidos a controles discrecionales
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El 25 de noviembre de 2014, el ministro de Interior, el opusdeísta Jorge Fernández Díaz, firmó y remitió a sus subordinados —incluidos cargos políticos— un documento en el que expone las líneas maestras, "democráticas" y "constitucionales" que regirán para crear la lista oficial de sospechosos habituales.
Ese texto establece cómo decidir qué ciudadanos son incluidos en la lista negra, así como los métodos para recoger y archivar datos en la ficha que tendrá cada una de las personas seleccionadas.
Las instrucciones del supernumerario ministro establecen criterios orientativos, no restrictivos; o sea, ¡uf!, ¡huy, huy, huy! y madrecita, que me quede como estoy...
Gracias a la Ley Orgánica 15/1999 que obliga al poder ejecutivo a informar vía BOE de todo cuanto hace o deshace en materia de protección de datos personales, nos hemos enterado de que el Reino de España dispondrá de una lista negra que será —sino equiparable— comparable con las que elaboraron y "disfrutaron" los Beria, Himmler, Franco, Stroesner, Pinochet o Videla.
El episodio es paradójico, por no decir jocoso: la ley que garantiza la protección de los datos personales ha servido para advertir de que las autoridades gubernativas no tienen que... pues eso: la iniciativa ratifica aquello de hecha la ley, hecha la trampa.
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por Groucho
Permítame, amable lector/a, una rechifla para no llorar: para describir la nueva base de datos basta con recordar a los marxistas hermanos Marx.
«Punto único de comunicación para el intercamabio de mensajes», tal es el epígrafe de la lista.
Lo que las personas que no necesitan disimular con palabrería enrevesada zanjan diciendo: las comunicaciones estarán centralizadas.
¿Objetivos?
Resumiendo: el Gobierno del ministro supernumerario del Opus dispondrá de una relación de los malos malisimos que estén o hayan estado «implicados en actividades delictivas e infracciones sobre las que se solicite información o sean objeto de investigación policial a nivel nacional e internacional»
[La expresión a nivel, galicismo horripilante, evidencia la calidad del castellano que usan los redactores de leyes y normas, cuya calidad lexicogáfica apenas salpica el tobillo de una revista de estudiantes de bachillerato, con perdón de los chavales]
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Todo se hará como Dios manda... ¿?
Por cierto, ¿quién y en base a qué criterios se decidirá que un/a ciudadano/a debe figurar en ese listado?, ¿por qué y para qué?, ¿qué efectos tendrá exactamente estar registrado?
No son cuestiones baladíes... Tiene usted razón, amable lector/a, ¡dejémonos de preguntas retóricas!, pues las respuestas a esas y otras cuestiones son conocidas: la decisión de abrir ficha a un ciudadano e incluirlo en la lista de sospechosos del supernumerario ministro sera adoptada por un alto cargo a designar por el gobierno de turno para controlar... ¿y para qué más?
En las fichas no sólo figurarán la identidad y los datos básicos del sospechoso, sino que además podrán ser enriquecidas con...
* fotos [incluidas las de las vacaciones o entrando en un sex-shop… ¡pecado mortal!],
* vídeos [¡vigile lo que sube a You-Tube o transmite a sus amigos o amigas!],
* extractos bancarios,
* relación de bienes muebles e inmuebles,
* las identidades de los parientes, amistades, amantes, colegas y compañeros/as de trabajo, conocidos/as y todo aquello que el funcionario de turno considre oportuno para prevenir las infracciones administrativas o delitos penales que con toda probabilidad (¿?) cometerá el ciudadano malo malísimo que ha sido fichado.
En resumen, un Big data perverso...
Para garantizar el mejor aprovechamiento de esa y otras medidas, así como para tener posibilidades reales de llenar las fichas con detalles sustanciales y sabrosos, las autoridades gubernativas podrán intervenir las telecomunicaciones de los sospechosos durante 24 horas, período que podrá ser prorrogado si un juez lo autoriza.
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[— Los motivos por los que las comunicaciones privadas de un ciudadano puedan ser grabadas no deben estar supeditados a la opinión de un juez... ¡faltaría más!; nosotros hemos comprobado que los miramientos legales sólo sirven para complicar la sagrada misión de garantizar la seguridad y la paz en las calles, las empresas y las instituciones; ¿está claro?
[— Los motivos por los que las comunicaciones privadas de un ciudadano puedan ser grabadas no deben estar supeditados a la opinión de un juez... ¡faltaría más!; nosotros hemos comprobado que los miramientos legales sólo sirven para complicar la sagrada misión de garantizar la seguridad y la paz en las calles, las empresas y las instituciones; ¿está claro?
— ¿Y si las sospechas son políticas o están infundadas…?
— ¿Infundadas?, ¿políticas?...
— Usted perdone]
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El supernumerario ama el Estado de Derecho menos que ayer y más que mañana.
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INFORMACIÓN relacionada:
«Juristas denuncian el sin sentido del registro de "malos ciudadanos" que prepara el PP», en Público.
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