12 diciembre 2014

Hai medios que morrerán matando / Hay medios que morirán matando

Nas empresas e entre os profesionais do negocio de informar hai un debate condenado a perpetuidade: que responsabilidade teñen os xornalistas dos medios de propiedade privada nas manipulacións informativas ou na difusión de medias verdades e mentiras?
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VERSIÓN EN CASTELLANO
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En las empresas y entre los profesionales del negocio de informar hay un debate condenado a perpetuidad: ¿qué responsabilidad tienen los periodistas de periódicos o emisoras de propiedad privada en las manipulaciones informativas o en la difusión de medias verdades y mentiras?
Cuando se plantea este asunto y tras barajar mil y un argumentos —con abundancia de circunloquios que conducen al desierto de la razón—, casi siempre se llega al mismo callejón: un asalariado está condenado a "tragar", o de lo contrario acaba perdiendo el empleo, es castigado salarialmente, sometido a acoso profesional —hasta que él mismo se aísle— o como mal menor es arrinconado.
Desgraciadamente, salvo contadas excepciones, cuando el propietario [o sus representantes: el director y su equipo de confianza] decide que el medio beneficie o se ponga al servicio de un gobierno, un partido, una entidad o una empresa, el periodista que incumple la orden sufre más pronto que tarde represalias y a veces es despedido, o es "invitado" a jubilarse anticipadamente si la edad y la ley lo permiten.
En las "guerras" que se libran en pro de la honestidad profesional siempre es derrotado el trabajador.
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Viñeta de J·R·Mora
El periodista ya no es dueño
ni de la información
que él desentierra
Negar que las empresas acaban aplicando medidas coercitivas es faltar a la verdad, sea por ingenuidad o por interés; sin olvidar que en las empresas del sector de la información [como en cualquier otra actividad] hay asalariados y sobre todo mandos intermedios —los bien llamados jefecillos— dispuestos a lo que sea para ganar privilegios, obtener un plus extraordinario en nómina, o medrar en la nomenclatura de la redacción o de la empresa.
Para colmo, esa realidad acostumbra a ser obviada por las asociaciones de la prensa y entidades similares.
Sólo en los colegios profesionales de periodistas y a veces en los sindicatos se habla del asunto, aunque rara vez en convocatorias o publicaciones de acceso público.
Una mezcla de vergüenza, corporativismo y miedo a perjudicar el negocio de la información y por tanto a sus trabajadores, frustra casi todas las iniciativas que tratan de abordar el problema más capital de cuantos padecen el negocio y la profesión de informar: la pérdida de credibilidad.
Para justificar esas y otras inhibiciones, las asociaciones de la prensa alegan que las diferencias entre empresarios y trabajadores son ajenas a sus funciones, aunque el origen de la discrepancia o del conflicto sea deontológico; en tanto que los otros argumentan lo contrario, que el problema no es estrictamente laboral y por tanto el sindicato no puede o no debe intervenir.
Esa renuencia a tocar tan espinoso asunto favorece a las empresas y contribuye a que en la mayoría de los medios las decisiones informativas de orden estratégico e incluso las cotidianas sean adoptadas por el propietario, la autoridad de la redacción o peor todavía, los contables y comerciales de la compañía.
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El deterioro viene de lejos e irá más lejos
gracias a la santa prudencia del corporativismo 
En los últimos años de la década de 1980 y primeros de la siguiente se constituyeron consejos de redacción en medios escritos y audiovisuales; no en todos, ni mucho menos…
La creación de esos organismos, que llegaron a España con más de veinte años de retraso respecto de países como Francia o Gran Bretaña, adoleció de las mismas taras que otros cacareados avances de la llamada Transición, que en teoría ya había concluido: casi todos los consejos se crearon para dar apariencia de rigor, no para extraer enseñanzas y mejorar la calidad del producto.
Por si fuera poco, en Galicia y España los consejos nacieron con un defecto de origen que entonces y todavía hoy condiciona la racionalización y democratización de las decisiones informativas: casi todos los directores y la mayoría de los demás responsables de redacción ejercen de representantes de la empresa y llegado el caso, sus decisiones son empresariales y se aplican criterios comerciales, publicitarios y políticos, prevaleciendo estos por encima de los informativos.
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Hay medios para los que informar no es lo esencial
y para algunos el negocio es enredar y desinformar
Hay medios en los que las funciones contable e ideológica del director ya son percibidas como "naturales". Salvo los manzanillos y los ingenuos, los periodistas no se relacionan con el director como lo que es: un colega de profesión.
Los episodios en los que el director de un medio alemán, francés, belga o británico toma una decisión informativa que contraría los criterios comerciales o socio-políticos de la empresa apenas concitan interés en España, ¡y eso cuando hay noticia del caso! Es más, en España se alude a ese tipo de episodios como si fuera hechos excepcionales, cuando en realidad allí no lo son.
La cultura periodística (o informativa) en España en lo tocante a ética es una de las asignaturas que durante la Transición aprobamos con un 5 o un 6 y en ocasiones con un notable alto; mas luego, en cursos sucesivos el sector ha suspendido la asignatura año tras año, hasta el extremo de dar por bueno que las empresas tengan estructura vertical y que la cúpula imparta órdenes sin razones que las respalden.
En paralelo, numerosos periodistas han sido convencidos o forzados a asumir como algo consustancial al oficio que existan connivencias entre el medio y el poder político, o con  tal o cual empresa —máxime si esta es poderosa e invierte en publicidad.
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Viñeta de El Roto
La falta de ética
arruina oficio y empresas
Esas taras cuentan con la bendición, el silencio o la ingenuidad [por no decir simplismo] de organizaciones profesionales, gremiales y sindicales. Prueba de esto fue, por poner un ejemplo, que a pesar de las existencia de pruebas irrefutables demostrativas de que La voz de Galicia estaba siendo utilizada para beneficiar a un negocio privado [el proyecto de la mina de oro a cielo abierto en Corcoesto] ninguna entidad profesional o sectorial se pronunció públicamente al respecto, tampoco los gabinetes de comunicación reaccionaron a pesar de que su imagen corporativa y su mercado resultaron dañada y reventado por las prácticas nepotistas que caracterizaron la operación.
La actitud de la empresa propietaria del diario coruñés era legítima, detestable pero legal y legítima, no así el silencio de la Asociación de la Prensa de A Coruña [su lavado de manos fue legal, por supuesto, pero ilegítimo y "descriptivo"], que una vez más renunció a defender la credibilidad de los periodistas y de los medios.
En ese escenario, trufado de connivencias e inhibiciones que son consideradas "naturales", hay medios que hacen propaganda partidista sin escrúpulos, venden proyectos privados y dan por ciertas las flagrantes mentiras y manipulaciones del gobierno de turno o del director de una caja de ahorros.
La situación se ha deteriorado tanto que exigir responsabilidades a los periodistas, tomados uno a uno, es un despropósito.
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La sociedad influye en la evolución de los medios pero no tanto
como los agentes económicos y algunos políticos (pocos)  
El problema es tan profundo y se ha enquistado con tanta solidez que a estas alturas sólo puede ser erradicado por el mercado; es decir, por los lectores, radioyentes y telespectadores.
En el caso de los medios privados es la difusión o la audiencia la que toma la decisión de qué medio sobra y qué medio cumple; pero el mercado dicta sentencia con lentitud; además —seamos sinceros—, las decisiones que adopta el mercado están condicionadas por los medios que más se leen, escuchan y ven… El pez se muerde la cola.
En el caso de los medios públicos (emisoras de radio y televisión), poner fin a las perversiones informativas ni siquiera está en manos del mercado o de los ciudadanos, sino que depende de los legisladores (diputados)... El pez sigue mordiéndose la cola.
No sé usted, amable lector/a, pero yo tengo la convicción de que las empresas (no todas) son las menos interesadas y las que menos se implicarán en la labor de que el trabajo de informar recupere el respeto social que ha perdido y que sigue perdiendo.
Salvo que las organizaciones profesionales y sindicales dejen de lavarse las manos y renuncien a la comodidad de separar lo laboral de lo profesional —deslindar esos campos en materia de información es perverso—, la situación seguirá degradándose y la pelota seguirá en el imprevisible tejado del mercado, de la lenta sentencia de los lectores, radioyentes, telespectadores: el pez que se muerde la cola.
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Reto: aprovechar el cambio de paradigma
Esa degradación, cuya fase aguda se inició hace 8/10 años, se ha complicado debido a una circunstancia que puede tener nefastas o beneficiosas consecuencias: si los malos hábitos en el negocio y en la profesión de informar persisten, el cambio de paradigma al que obligan la tecnología e internet sólo tendrá efectos funcionales y estéticos, malográndose una ocasión extraordinaria —quizá irrepetible— para que los criterios empresariales y periodísticos sean más propios de Europa occidental que del franquismo, y que al fin existan medios con amplia cobertura que como mínimo pongan tanto interés en informar como en obtener beneficios.
La pregunta con la que arrancaba este texto, sobre el grado de responsabilidad que tienen los periodistas, tomados uno a uno y teniendo en cuenta que son asalariados tanto o más precarizados que el resto de los trabajadores gallegos y españoles, tiene una respuesta clara: los periodistas en general son ajenos a las decisiones anti-informativas e incluso es comprensible que cierren los ojos porque el pan está en juego.
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Viñeta de Forges
Intentemos ser
realistas y ecuánimes
¿Soy corporativista? Es usted muy dueño de tener esa opinión al respecto, pero permítame señalar que sólo intento ser ecuánime, por eso considero una ignominia clavar el cuchillo en los periodistas en una sociedad que considera comprensible que ningún trabajador de banca o de las cajas levantara la voz para denunciar la comercialización irregular o ilegal de las preferentes.
Hay más ejemplos, ¡muchos!, que respaldan mi opinión: es injusto culpar a los periodistas en general o tomados uno a uno, sin menoscabo de que hay excepciones, algunas muy vergonzosas, muy dañinas y casi siempre ocultadas.
Hay muchas pelotas en juego, no sólo las de la información, y todas acaban colgadas en el tejado del dichoso mercado (comprar o no comprar este o aquel periódico) o directamente en manos de la ciudadanía (vía urnas).
Dicho de otro modo: a los ciudadanos comunes no nos conviene votar a opciones políticas que han permitido la corrupción o no la han combatido con suficiente empeño; pues bien, por razones similares tampoco nos conviene comprar ni prestar atención a los medios que supeditan la información a intereses privados o al poder político.
Somos muy dados a juzgar todo y a todos marcando distancias, como si fuéramos ajenos a cuanto acontece.
¡Ya está bien de limpiar la palangana tirando el niño y guardando el agua sucia!

INFORMACIÓN relacionada:
IFI, FEP, RSF, CPJ, OSF y AIE advierten de la «poca credibilidad de los medios españoles», vía TERC3RA INFORMACIÓN.

CON ANTERIORIDAD:
"O suicidio colectivo do xornalismo / El suicidio colectivo de la prensa".

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