TVE emite un reportaje en el que se justifican el GAL y el terrorismo de Estado

En marzo de 2001, el Tribunal Constitucional (TC) confirmó la sentencia del Supremo por la que fueron condenados varios ex altos cargos del Ministerio de Interior, incluidos un ministro, José Barrionuevo; un secretario de Estado, Rafael Vera, y un gobernador civil, Julián Sancristóbal, acusados de organizar y financiar un secuestro, entre otros delitos. Ahora, 14 años después, TVE ha emitido unas declaraciones de Vera justificando las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
El ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, ha afirmado que la "guerra sucia" [eufemismo que sirve para no emplear la expresión que en rigor corresponde: "terrorismo de Estado"] fue «una equivocación legal, pero desde un punto de vista práctico tuvo su papel» y «contribuyó notablemente a la colaboración francesa» en la lucha contra ETA.

Según Vera, si el GAL no hubiera atacado a los etarras residentes en territorio vasco-francés, las autoridades galas «no hubiesen corrido tanto en colaborar. Alguna utilidad tuvo»… ¡textual!
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[ATENCIÓN: Vera no es un historiador, politólogo o analista que llega a la conclusión de que el GAL provocó tal o cual efecto o propició la reacción de Francia ante ETA. No es el caso. Vera es el coautor de un hecho delictivo que trata de justificarlo y lo presenta como algo positivo]
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A solicitud del diputado Jon Iñárritu (Amaiur), RTVE ha precisado que la emisión de esas declaraciones constituyen un ejemplo de «respeto a la libertad de expresión» y, por tanto, «no existe motivo para incoar expediente alguno» por la difusión de un pronunciamiento que justifica actos de violencia (asesinatos incluidos) contra las personas que fueron perpetrados al margen de la ley y peor, al amparo del Gobierno o de sus representantes; o sea, terrorismo de Estado.

Para colmo, los secuestradores comprobaron que el ciudadano vasco-francés secuestrado no era miembro de ETA pero pese a ese "inconveniente" no fue liberado, sino que lo retuvieron [= tortura] y se dedicaron a marear la perdiz.
En fin, el GAL era una peña de dulces angelitos que velaba por el bien de España...

Junto a Barrionuevo, Vera y Sancristobal, a quienes les fueron impuestas sendas penas de 10 años de prisión, también fueron condenados Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Jose Amedo (9 años y 6 meses a cada uno); Ricardo García Damborenea (7 años), Julio Hierro, Francisco Saiz (5 años y seis meses), Jose Ramón Corujo, Luis Hens (5 años) y Michel Domínguez (2 años y 4 meses).

Las condenas por el secuestro en Hendaya de Segundo Marey fueron sometidas al dictamen del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que rechazó los alegatos de los defensores de los reos y calificó la sentencia de justa.

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El GAL no fue la única banda,
pero sí la única investigada a fondo

El GAL no fue la única ni la primera trama organizada, protegida, consentida y/o financiada por el Estado español para perpetrar acciones armadas clandestinas; el terrorismo de Estado fue consustancial a la dictadura y aunque se redujo sustancialmente, también lo practicaron gobiernos de la llamada Transición, caso del Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA y Triple A, o los llamados Comandos Antimarxistas y los Grupos Armados Españoles, amén de otras bandas sin denominación concreta que ejecutaron acciones puntuales amparadas o favorecidas por la desidia oficial ante la violencia patriótica o de ultraderecha, tal como quedó demostrado con motivo del asesinato de cinco miembros del bufete laboralista de la calle Atocha o el asesinato de Yolanda González.

Por motivos que es fácil intuir, el GAL fue la única de esas tramas sometida a una prolongada y minuciosa investigación oficial y sus miembros fueron los únicos procesados y condenados como grupo organizado.

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Libertad de expresión regulada al milímetro
o desregulada, según convenga   

Mas regresemos al hecho de actualidad: ¿qué cree usted, amable lector/a, que ocurriría si un periódico o una emisora de radio o TV —pública o privada— difundiera una entrevista a un ex etarra implicado en el asesinato de José María Ryan  en el que el homicida describiera ese delito como una «equivocación» que propició que se paralizara la construcción de la central nuclear de Lemóniz, proyecto que el Gobierno de la época estaba decidido a imponer a pesar de la oposición generalizada de la sociedad vasca?

¿Qué diría en ese supuesto el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy?, ¿justificaría la difusión de las declaraciones del ex etarra arguyendo que había hecho uso de su constitucional libertad de expresión? 

Entre otros detalles, los responsables de TVE que han justificado la emisión de una "lección de terrorismo de Estado" apelando a la libertad de expresión se han olvidado —o han preferido olvidar— que los atentados del GAL también causaron la muerte de personas y nada importa legalmente que fueran etarras o ajenas a ETA, amén del grave daño sufrido por Marey y otras iniquidades.

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El doble rasero
es uno de los más caros criterios del Gobierno 

El episodio protagonizado por Vera y la tele del PP es uno de los que mejor refleja el doble rasero de los "comisarios" que gestionan los medios públicos y controlan la actividad de los privados [aparte de "señalar" a periodistas que conviene silenciar o despedir].

A estas alturas, máxime tras la barbaridad de equiparar PP y Cáritas para justificar donaciones bajo mano y el uso de dinero no declarado a Hacienda, sería un tanto absurdo esperar que el Gobienro movieran el meñique, ¿lo hará el poder judicial?

Muy probablemente, otro gallo cantaría si un ciudadano adscrito a un partido de la izquierda o independentista expusiera los efectos políticamente beneficiosos que tuvo la operación Ogro.

El PP, su Gobierno y su TV juegan con fuego al retorcer los significados de la democracia siempre en su beneficio.

Maduro, lo que se dice maduro, el huevo de la serpiente está tanto o más maduro en España que en otros lares.
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ACTUALIZACIÓN (20 junio 2015):

Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad en gobiernos de Felipe González, ha sido llamado a declarar por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo al justificar los GAL. Más detalles del emplazamiento judicial, en Público.