25 agosto 2006

¡Más de 200.000 fraudes laborales en 48 horas!

Agosto agoniza, el ecuador del verano ha sido superado y las administraciones públicas (la central, las autonómicas y las locales; es decir, el Estado) han demostrado una vez más su incapacidad para poner coto a uno de los abusos laborales y económicos más habituales en España. Un simple dato ilustra el alcance del problema: en los dos últimos días hábiles del pasado mes de julio un total de 216.000 asalariados fueron dados de baja de la seguridad social y, por tanto, despedidos.
No es nuevo. El fenómeno aumenta año tras año desde hace más de un decenio.
Cientos de empresarios dan de baja de la seguridad social a los trabajadores para evitar el pago de las cotizaciones durante las vacaciones estivales.
Viñeta de J·R·Mora
Los inspectores de Trabajo, los letrados adscritos a la Administración y los laboralistas privados, los sindicatos e incluso varias organizaciones empresariales han calificado el hecho de vergonzoso e ilegal; pero el Estado, que parece empeñado en vaciarse de contenidos y de responsabilidades, no ha puesto en marcha ninguna iniciativa que de forma sistemática combata esa práctica fraudulenta pese a que la ilegalidad daña gravemente los intereses de más de 200.000 ciudadanos y de sus familiares directos.
La dejación de funciones o deberes no sólo está protagonizada por la Administración central (incluidos los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial), sino que también cabe imputársela al resto del aparato del Estado: comunidades autónomas y ayuntamientos. Estos últimos, tan proclives en ocasiones a pronunciarse e intervenir políticamente en asuntos de ámbito supramunicipal, guardan silencio, dicen que el asunto es ajeno a sus competencias o miran hacia otro lado.
La estabilidad laboral de los trabajadores y por extensión la calidad de vida de 216.000 ciudadanos merece menos atención que los problemas de algunos colectivos de afectados que apenas suman mil o dos personas.
En todo caso, más allá de consideraciones cuantitativas, que también hay que hacerlas, lo más inquietante del asunto es que deja al descubierto la debilidad del Estado y el descaro de numerosos empresarios.
Agosto agoniza y decenas de miles de trabajadores rezan para reincorporarse a su empleo y acabar de una puñetera vez con el mes de vacaciones del que disfrutan sin cobrar la nómina ni haberlo cotizado a la seguridad social.

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