12 noviembre 2008

El aparato español de Justicia genera desconfianza

Es cosa sabida y comprobable: El aparato de Justicia español está enfermo. A diario es posible comprobar que un notable porcentaje de jueces y magistrados carecen --o prescinden-- de los criterios de proporcionalidad que deben --o deberían-- regir su oficio --diciendo esto no pretendo poner en entredicho el obligado acatamiento que se les debe por imperativo legal.
Esa situación es altamente preocupante porque provoca que cada vez sean más los ciudadanos que desconfían de la Justicia y, aunque no se diga porque es políticamente incorrecto, también son cada vez más los ciudadanos que en caso de vivir un problema de convivencia o sufrir un delito prescinden de acudir a los tribunales y buscan solución por otros medios. Esta circunstancia, ¡y no los avatares político-laborales que aducen los funcionarios!, constituye la principal urgencia de la Justicia.
En ocasiones, los tribunales españoles son tan absurdos que llegan a considerar sagrado --en el sentido religioso, que no jurídico-- el derecho a la libertad individual (por ejemplo, la de cátedra) aunque el protegido injurie o insulte, también a los muertos, tergiversando y falseando hechos probados del pasado o de la actualidad.
En paralelo, España es el único Estado del llamado Occidente democrático y civilizado en el que altos cargos del aparato de Justicia ponen trabas al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, para lo que incluso utilizan y retuercen enrevesadas motivaciones procedimentales a fin de burlar las demandas de quienes sólo solicitan justicia y, para colmo, conculcando acuerdos legales de ámbito internacional.
Pronunciamiento de AI
Copio y pego: «Ahora que España está en el punto de mira de la comunidad y de la opinión pública internacionales, Amnistía Internacional recuerda al Estado español que debe cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas. Así, España debe garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la guerra civil y el franquismo.
«El pasado 31 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicaba el proyecto de observaciones finales al quinto informe periódico de España --presentado después de más de doce años de silencio del Estado español-- en el que recomienda a las autoridades españolas cumplir con sus obligaciones internacionales, en calidad de Estado miembro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
«El Comité ha manifestado su preocupación por los obstáculos a los que llevan años enfrentándose las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación; y ha instado a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. También pide al Gobierno que establezca una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo, y que garantice la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y su restitución a los familiares».
Digan lo que digan los amantes de la retórica y del formalismo jurídico que impuso el franquismo --trampas en las que la Justicia española sigue cayendo--, es inevitable que la desconfianza en el poder judicial se generalice.   
ENLACE a "Delitos permanentes y memoria histórica", por Antonio Doñate, magistrado cofundador de Justicia Democrática; vía SIN PERMISO.

5 comentarios:

  1. Félix Soria:

    Tal vez, la desconfianza venga de tiempos lejanos o cercanos, según se mire, en los que la Judicatura estaba imbricada con los poderes políticos (léase Tribunal de Orden Público) que, no se podía distinguir en donde empezaba una y terminaba el otro.

    Estos pocos años de separación, no han permitido que ciertas mentalidades sigan considerándose élites en lugar de servidores públicos y entiendan que, desde una evidente endogamia y corporativismo, los ciudadanos son el sujeto de su Justicia y ellos los administradores de un poder que viene del cielo, pues tal parece, toda vez que dar cuentas de sus actividades, intereses, dependencias, etc., no tienen por costumbre.

    Y el pueblo, como no es tonto, los elude, como si de la peste se tratara.

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  2. Félix,
    te doy la razón a la observación que has hecho en el blog sobre la SGAE.
    También a mí me ha dejado algo chafada.
    Mi hermano es músico y no siempre coincido con él.

    Gracias por dejar siempre observación tan necesarias como inteligentes.

    M

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  3. Hola,

    no sé si los datos referentes a que cada vez son menos los ciudadanos que acuden a los tribunales responde a una reacción social verificable. Por lo que yo conozco las prácticas de autocomposición y arbitraje no gozan de mucho predicamento en nuestro país (a diferencia, por ej. de los países escandinavos).
    También creo que es rasgo distintivo nuestro el pleitear a la mínima, en cambio para los japoneses es un auténtico deshonor. Desde luego debe avanzarse en el modelo de proceso. Creo que el del proceso laboral es el que más ventajas presenta, al introducir la conciliación previa al juicio donde el juez puede orientar a las partes para solucionar la controversia. También existe en el proceso civil, pero en esta jurisdicción ese acto es una pantomima en la inmensa mayoría de los casos.

    Un saludo

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  4. Andrés, pleitos civiles (generalmente por dinero, tierras, herencias, etc.) los hay como en cualquier otro país, en alguinas comunidades incluso son sorprendetentemente numerosas; pero las denuncias de delitos penales son escasas.

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  5. Hola Felix!

    Pues es que el proceso penal reviste características propias, entre ellas que está regido por el principio de oficialidad, a diferencia del civil que rige el de petición de parte. Por tanto en caso de delitos se abre la investigación de oficio, aunque el ofendido no quiera, siempre claro que se tenga conocimiento de su comisión. Los delitos perseguibles a instancia de parte son los menos, que requieren querella o denuncia: injurias, calumnias, las faltas en gral, etc.
    De todas formas también creo que el proceso penal debe dar lugar a una mayor flexibilidad, en delitos en que pueda llegarse a un acuerdo. Muchas veces, en mi opinión, la víctima quiere un reconocimiento de que ha sido ilegítimamente perturbado, que el culpable reconozca su responsabilidad. Así en delitos leves podría restaurarse la paz social sin recurrir a la sentencia penal, que siempre ha de ser la ultima ratio.

    Un cordial saludo

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