La coherencia y la seguridad jurídicas son relativas en España

La semana pasada, en el titular y en el contenido del post titulado "El aparato español de Justicia genera desconfianza" se apuntaba justamente eso, que la Administración de justicia del Estado español puede ser calificada de distintas maneras salvo de ejemplar y eficiente, debido, entre otras cosas, a la escasez de denuncias que se presentan y a los variables criterios que aplican jueces y magistrados.
Sin olvidar tampoco la escasez de medios ni las deficiencias de la fiscalía, que ha sido excepcionalmente diligente para dificultar la investigación de crímenes de lesa humanidad pero que, sin embargo, nada sabe --o eso parece-- de brutalidades reiteradamente denunciadas.
Legítimamente, hay quienes consideran exagerado decir que la Justicia genera desconfianza y alegan que hay matices. Cierto, hay matices, pero la actitud más generalizada entre los ciudadanos es la de desconfiar. 

Y con razón.

Durante los tres últimos días y a lo largo de sendas sesiones de 15 minutos cada una de ellas, he localizado 97 informaciones del día que constatan, por un lado, el preocupante grado de pasividad social ante faltas y delitos reiterados y que, en paralelo, revelan que la Justicia es, en efecto, ciega y que a veces se estira como un acordeón.

He aquí algunos ejemplos:

* Malos tratos en un centro de menores de Euskadi. ¿Nadie se había enterado? Por lo visto y leído, cabe deducir que no hay controles, aparte de que nadie se entera o no se quiere enterar, tampoco la fiscalía.

* Un promotor vende opciones de compra de pisos que no existen. Para colmo de absurdos, el promotor de marras ni siquiera posee terrenos donde construir las viviendas que oferta. Al margen de supuestas buenas intenciones, resulta que la venta de esas opciones de compra se hace con publicidad y se convierte en divertido espectáculo mediático-social. Pero, ¿es legal vender opciones de compra de un bien inexistente y que, para colmo, tampoco está garantizado que exista en el futuro?

* Maltratar animales es pan de cada día. La persistencia del problema y su generalización conduce a pensar que los maltratadores disponen de sótanos y mazmorras al abrigo de miradas indiscretas. ¿Condenas? Escasas y benignas (lo segundo es responsabilidad de los legisladores).

* Los vertidos contaminantes en los ríos son habituales y generalizados, tanto es así que la noticia sería encontrar un cauce fluvial que no haya sido escenario de ilegalidades.

* La Diputación de A Coruña financia una entidad privada ¡ubicada en Uruguay! El hecho de que una institución de la Administración periférica del Estado entregue dinero público español a entidades privadas extranjeras no es excepcional, ni tampoco es un fenómeno localizado en Galicia. La legalidad es un acordeón...

* La Administración pública financia colegios privados que conculcan la ley. La única explicación plausible es que los técnicos y los responsables políticos de la Administración (incluida la de Justicia) son los únicos que ignoran lo evidente.

* El 25 % de las ventas de concesionarios de coches eran falsas. Ser listo está bien visto. ¿Falsear ventas es legal? Lo habrán despenalizado, se supone...

* Sólo hay dopaje en el ciclismo profesional, o así lo parece. En el resto de disciplinas deportivas mercantilizadas ¡¡¡los controles son sistemáticos, escrupulosos y ejemplares!!!; de modo que, salvo en el ciclismo, en el deporte profesional español reina la más absoluta de las limpiezas éticas.

* En un hospital público se reparten folletos acientíficos, de contenido inequívocamente homófobo y que, para redondear, contradicen las campañas oficiales para prevenir el contagio del sida... ¿Otro carpetazo?

* Viviendas ilegales que existen desde hace años, años y años provocan la ya habitual salivera política: "Investigaremos". ¡Vivimos en el país de las investigaciones! Las edificaciones se pueden tocar --no son un espejismo--, aparte de que existen decenas de testimonios y pruebas del negocio. ¿Entonces?: "¡Investigaremos!". Sabido es que el paso del tiempo atempera hasta que reina el olvido... Con la marea negra del Prestige están a punto de conseguirlo.

* El solar destinado a construir un colegio público es cedido a una entidad privada dedicada a la enseñanza. ¿Legal?, ¿ilegal? Lo dicho, el acordeón de las leyes españolas da mucho de sí.

Y así hasta 97 informaciones jurídicamente inquietantes y ¡halladas en sólo 45 minutos!

Es inevitable concluir, pues, que la seguridad jurídica en el Estado español es, cuando menos, relativa. La responsabilidad de esa tara no es sólo de los funcionarios, ¡claro que no!, está muy repartida. Sin embargo, los profesionales del Derecho (los públicos y los privados), los legisladores (diputados y senadores) y el poder ejecutivo tienen, ¡sin duda!, la mayor cuota de responsabilidad.

Hay hechos y razones de peso que permiten afirmar sin ambages que los aparatos españoles que legislan y los que administran Justicia generan desconfianza.

TEXTO relacionado:
"La autoridad judicial acusa desprestigio grave y desestabilizador".