23 febrero 2014

«¡Espabila!, que si no te ven, no es delito...»

Por favor, amable lector/a, lea y haga un esfuerzo de imaginación. No le pido que imagine personajes de cuento de hadas, ni tampoco que cierre los ojos para recrear fantasías. Al contrario, imagine con los ojos abiertos. Muy abiertos. Se trata de hacer "filosofía del Derecho"; pero no tema, el argumento es simple: Basta con ser racional. Veamos:
Una persona fuerza el acceso a una vivienda, ingresa en el inmueble, registra armarios y cajoneras, se mete en el bolsillo los 55 euros que había en bote de la cocina, otros 200 que estaban guardados en la cómoda del dormitorio, tres anillos de oro, los pendientes que la señora de la casa heredó de su madre, los gemelos de oro que al marido le regaló la empresa cuando cumplió los 25 años de antigüedad, y además mete en el bolsón un ordenador portátil, una cámara de fotografiar y, ducho en su oficio, el asaltante aún tiene tiempo de beber una cerveza, eructar antes de abandonar la casa y, chino-chano, alejarse tranquilamente calle abajo porque, lógicamente, no había ningún agente policial apostado en las inmediaciones de la vivienda para impedir esa u otras acciones delictivas.
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Ilustración capturada en DESMOTIVACIONES
Hay ladrones y "ladrones"
Pues bien, en España, en determinados episodios y con actores concretos las leyes y normas establecen, según certifican hechos y sentencias, que la inexistencia de vigilancia o control personalizado y permanente exime de delito al autor o autores de una estafa, una apropiación indebida, una administración dolosa y delitos similares.
Sí, ha leído bien. Procuraré enunciarlo con mayor claridad:
Hay profesionales del Derecho, funcionarios de Justicia y legisladores (diputados y senadores) que defienden un dislate: en la actividad financiera y bancaria el delito sólo existe delito si es detectado mediante vigilancia directa, personal y permanente... ¿?
Los autores de esos no delitos y no faltas pueden ser criticados, en efecto, que para eso hay democracia... Incluso pueden ser criticados con dureza, pero son inocentes cual dulce gatito.
De modo que aplicando el mismo principio y no existiendo vigilancia policial en la vivienda, tampoco delinque el ladrón que ha entrado en casa… ¡Perdón, el presunto ladrón!, pese a que se ha llevado los 255 euros, el ordenador y las joyas de la familia. No obstante, los propietarios del inmueble (usted o yo) tienen derecho a protestar y criticar al delincuente… ¡Perdón!, al presunto delincuente.
Mas, ¡cuidadín!, si protesta, hágalo sin hacer ruido.
Esa singularidad explica que sean inocentes cual dulces gatitos los directivos y comerciales de banca que vendieron participaciones preferentes a personas analfabetas, niños, viejecitos aculturizados y a decenas de miles de pequeños ahorradores que adquirieron ese u otros productos financieros sin ser debidamente informados.
Y eso explica también que sean inocentes cual dulces gatitos quienes han cobrado pensiones millonarias de entidades financieras arruinadas que luego han tenido que ser reflotadas con dinero público.
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Si no hay control personalizado y permanente, ¿no hay delito?
La tesis que arguyen los abogados defensores de quienes erraron o tuvieron un desliz, tesis aceptada por no pocos jueces y difundida como palabrita del niño Jesús por numerosos medios, es fácil de resumir:
La autoridad administrativa o gubernativa, en este caso el papel de la policía lo ejercen la CNMV y el Banco de España, no vigilaba directa, personal y permanentemente las ventas de participaciones preferentes u otros productos, por lo que los directivos o comerciales no han incurrido en responsabilidad penal alguna.
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Si los delitos y faltas no existen cuando
no hay vigilancia personal y permanente,
deberán aumentar en varios millones
las plantillas de representantes de la
autoridad y policías, o bien instalar
cientos de miles de ingenios que
graben imágenes y sonidos...
[INCISO: Todas, ¡absolutamente todas!, las autorizaciones para emitir preferentes u otros productos son aprobadas por la Administración, que al hacerlo especifica las condiciones en que deben ser comercializados. Una vez descubierto el generalizado incumplimiento de las condiciones legales de venta en el caso de las preferentes, se desató una intensa campaña mediática para culpar de posibles irregularidades y delitos a la CNMV y/o al Banco de España porque, según esa tesis, la Administración debería haber enviado un inspector a cada una de las oficinas que comercializaban preferentes para fiscalizar cómo y a quiénes eran vendidas esas participaciones. 
Esa teoría obliga a formular una pregunta a los "filósofos" del Derecho que insisten en ese y otros argumentos similares: ¿Pretenden hacernos creer que un bancario o cualquier otro ciudadano solo está obligado a cumplir las leyes y normas cuando está vigilado personal y permanentemente por un representante de la autoridad o un policía?, ¿pretenden hacernos creer que si el ciudadano incumple una ley o una norma sin estar sometido a vigilancia personal y permanente, queda eximido del delito o de la falta que pudiera haber cometido?... Si conviene, hay quien inventa y/o difunde teorías aberrantes]
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Prometo que jamás volverá a suceder...  
¿Comprende usted, amable lector/a, porque el "lío" de las preferentes es tratado oficialmente como si fuera simplemente eso, un "lío"?, ¿comprende usted porque los bancos y cajas han procurado destruir las circulares internas sobre comercialización de preferentes que remitían a sus empleados?, ¿comprende usted porque ese "lío" está siendo sorteado a base de aplicar la desestimación o el sobreseimiento a miles de casos?, ¿comprende usted porque tienen tanta proyección mediática las explicaciones de los "expertos" que insisten en que lo ocurrido es una desgraciada suma de malentendidos, deslices, errores o comportamientos indebidos de carácter individual que jamás volverán a suceder?
Es evidente que tamaño error legislativo debe ser corregido, y solo hay dos posibilidades ciertas de hacerlo con equidad:
1. Acometer una profunda reforma de las leyes y normas que derogue ese tipo de singularidades "filosóficas", al tiempo que las entidades devuelven ¡todo! el dinero a los perjudicados o, alternativamente,
2. Reconocer oficialmente que todas las personas físicas y jurídicas tienen los mismos derechos que las entidades financieras y sus directivos; es decir, todas pueden incurrir en "deslices", "errores" o "comportamientos indebidos" y quedar eximidas de posibles delitos o faltas si en el momento de los hechos no estaban sometidos a vigilancia personal y permanente.

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