30 marzo 2014

Los uniformadores están interesados en prolongar sine die el conflicto España-Catalunya

En su dictamen del pasado día 25 de marzo el Tribunal Constitucional precisó, tal como era previsible, que la Constitución de 1978 no trata ni puede tratar las discrepancias o conflictos que puedan existir entre los protagonistas políticos y sociales en presencia: desde partidos hasta agentes económicos, pasando por un largo etcétera de entidades y colectivos sociales.
Sin embargo, en el inmaduro Estado democrático de Derecho del Reino de España hay quienes están empeñados en desviar a la vía jurisdiccional todo tipo de pleitos, también los estrictamente políticos. Y lo que es peor, la mayoría de los recursos de índole política que se presentan ante el Constitucional obedecen a intereses exclusivamente partidistas.
Inevitablemente, la opinión de los magistrados es poco más que la lectura en voz alta de la Constitución de 1978, de manera que en el caso del proceso independentista abierto en Catalunya, al igual que en otros conflictos, los miembros de la institución se han limitado a confirmar que la carta magna sacraliza la indivisibilidad del territorio del Estado. Eso ya lo sabíamos. Punto.
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Objetivo, prolongar la distracción
Si el asunto se analiza con frialdad, es evidente que emplazar al Constitucional a pronunciarse sobre la indivisibilidad del territorio español es un ardid propio de trileros, pues todo conocedor siquiera superficial de la Constitución de 1978 sabía de antemano la sentencia: no podía ser otra.
El Gobierno, el PP y todos cuantos aplaudieron su iniciativa no emplazaron al Constitucional para que aclarara una duda o una confusión o un claroscuro jurídico, lo hicieron porque sabían perfectamente que así obligaban al tribunal a alinearse con sus posiciones políticas [dudo que semejante triunfo merezca la enhorabuena].
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El dictamen mina el dogma 
Todas las encuestas y, más importante, los resultados de las más recientes convocatorias electorales celebradas en la comunidad autónoma catalana indican y certifican, respectivamente, que a fecha de hoy en Catalunya existe una mayoría social partidaria de romper con la actual España. Que en un hipotético referéndum decisorio los votantes de esa mayoría apuesten por la independencia es cosa bien distinta.
En ese escenario, ¿para qué ha servido el dictamen del Constitucional?
En principio y dando por imposible la reforma de la carta magna debido al peso de los "uniformistas" en el poder legislativo estatal, la sentencia solo ha sido útil para que el Gobierno y sus aliados hayan obtenido el "apoyo judicial" para dos premisas, ambas políticas:
Primera, demostrar que los nacionalistas españoles tienen la ley de su lado, y
Segunda, colocar a gran parte de la sociedad catalana entre la espada y la pared: ustedes defienden una ilegalidad y si depende de nosotros [los uniformadores], jamás conseguirán sus aspiraciones por la vía del diálogo... Con todo lo que esto significa.
Exigir que el Constitucional lea la carta magna ha servido para que los magistrados lanzaran un mensaje que los periodistas y analistas "correctos" se niegan a escuchar y reconocer: el desencuentro es político y, por tanto, sólo puede ser superado por la vía política. Recurrir a la ley es un trile.
Dicho de otro modo: si el asunto tiene que ser dirimido aplicando la ley y esta es inamovible, el pleito y el entrenimiento seguirán vivos... ¡justo lo que ahora interesa a todos los nacionalistas!

1 comentario:

  1. En efecto, actúan como manifiestos y patentes trileros, los de este y los de otros gobiernos centralistas. Su hipócrita lema es "sin violencia se puede hablar de todo", inmediata y sibilinamente matizado con "no podéis votar porque es ilegal, y ya nos encargaremos nosotros de que SIEMPRE sea ilegal blindando la constitución". Lo cual no deja más que una vía abierta, que huelga nombrar, si se aprecia la libertad.

    Pero aparte de trileros, son idiotas. Sólo desde las heces del desconocimiento histórico, de la estulticia y del autoritarismo pueden pensar que tienen derecho a ningunear la voluntad de una nación de 7 millones de habitantes y a despreciar a su parlamento una y otra vez, por sistema. Si esta cuadrilla de indocumentados tuviese razón, las fronteras no se habrían alterado desde Noé, o al menos desde que existió el primer fuero o la primera constitución.

    Y se atrever a hablar de "desafección". Hace falta desvergüenza.

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