La honestidad política de al menos 67 diputados está en el alero

Sesenta y siete (¡67!) miembros del Congreso de los Diputados no han informado con suficiente claridad de sus fuentes de ingresos pese a que la ley les obliga a ello, según la información difundida por El país.
Lo más vergonzoso del asunto es que en el Estado de Derecho del Reino de España esas declaraciones tienen el carácter de reservadas --o sea, secretas--, motivo por el que el informe elaborado por la Comisión del Estatuto del Diputado que ahora ha trascendido sólo ofrece cantidades y tasas, sin nombres ni apellidos.

Es más, la comisión parlamentaria encargada de verificar que se cumple la ley de incompatibilidades carece de poder legal para comprobar la veracidad de lo declarado por los legisladores, y sólo puede solicitar aclaraciones --como ahora ha hecho-- cuando tiene indicios de que la declaración incurre en errores u omisiones. Tal sería el caso, por ejemplo, de Manuel Pizarro, diputado del PP por Madrid, que según su declaración no pertenece a ningún consejo de administración...

Sin rodeos: treinta años después de ser aprobada la Constitución la honestidad de los legisladores se supone, pues no hay forma ni procedimiento efectivo que impida que un diputado de profesión abogado trabaje para una petrolera o un banco y, al mismo tiempo, ejerza de legislador y vote leyes o normas referidas al mundo de la energía o de las finanzas.

Y luego hay quienes se preguntan por qué ganan terreno el apoliticismo o el nihilismo; por qué la sociedad civil es cada vez más reacia a participar en la cosa pública; o por qué tres, cuatro o cinco de cada diez electores optan por la abstención.