El principio legal conforme al cual el jefe del Estado español es inimputable penalmente es motivo de cíclicas polémicas. Hasta ahora esa inimputabilidad era excepcional, pero esta semana la Fiscalía General del Estado y la del Superior de Xustiza de Galicia han dado los primeros pasos para modificar el ámbito de aplicación de esa norma legal.
¿Que no es posible? Lea y compruébelo:
¿Que no es posible? Lea y compruébelo:
Durante la legislatura 2005-2009 un diputado del Parlamento Galego cobró de forma ilegal 26.000 euros en concepto de kilometraje, tal como él mismo ha reconocido; de modo que habría incurrido en un delito de apropiación indebida, estafa, falsedad, fraude, prevaricación... el que sea, la tipificación y la calificación deben ser determinadas inicialmente por el fiscal que corresponda, pues el ministerio público está obligado a actuar de oficio cuando tiene conocimiento de un posible delito; procedimiento que en este caso tendría base más que suficiente: la confesión.
Sin embargo, durante varios días un desconocido virus que al parecer causa sordera y ceguera afectó a todos los miembros de las fiscalías, o quizá --tal como apuntaba en el primer párrafo-- el principio de inimputabilidad penal ya se ha empezado a aplicar a los dirigentes políticos, o por los menos a los diputados de la Cámara gallega, y un servidor no se ha enterado.
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Al parecer, una vez hecho público el desliz, el presunto delincuente ha devuelto el dinero y, acaso para redondear el despropósito, ese acto voluntario y la iniciativa que ahora se ha tramitado para reformar el sistema de dietas de la Cámara han servido para que los 75 legisladores gallegos --¡todos!-- den por zanjado el episodio.
Es más, según sus señorías han revelado en un vergonzoso cruce de acusaciones, el diputado que se ha confesado autor del desliz no sería el único legislador que se ha beneficiado de las arcas públicas presentando gastos inexistentes.
En fin, desde un punto de vista informativo, una de las grandes noticias de la semana y muy probablemente del año sería esta: En España se aplica de forma discrecional el principio de inimputabilidad penal.
La polémica en torno a que ese beneficio sea potestativo del jefe del Estado ya no tiene razón de ser, ahora ya es un fenómeno de alcance discrecional...
Confiemos en que el poder legislativo del Estado (las Cortes) intervenga para determinar de forma clara quiénes somos imputables y quiénes no lo son. Precisión esta que la credibilidad del Estado democrático de Derecho exige que se haga con celeridad, por favor...
Confiemos en que el poder legislativo del Estado (las Cortes) intervenga para determinar de forma clara quiénes somos imputables y quiénes no lo son. Precisión esta que la credibilidad del Estado democrático de Derecho exige que se haga con celeridad, por favor...
Y tan discrecional querido Félix. Pero no se preocupe que aúnpuede empeorar manifiestamente.
ResponderEliminarUn saludo cordial y gracias por tenernos al corriente de estas cacicadas.
Esto sí que es un insulto y una ofensa al pueblo gallego, además de un robo. Y eso sí que es corporativismo y corrupción. ¿Y ese informe que ha mandado hacer la Presidenta de la Cámara nos lo dejarán ver? Me encantaría que salieran los datos de todos a la luz. Son politicos en el sentido más peyorativo del término.
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