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Ayer viernes, el portavoz de la Mesa pola Normalización Lingüística de Galicia, Carlos Callón, ocupó el asiento reservado para los reos en la casa de la Justicia de A Coruña por haber criticado a un juez que burló una obligación legal.
La situación es kafkiana, pues el denunciante es un funcionario público que ha cometido un acto contrario a la ley, doy por hecho que sin ánimo doloso, pero se ha ufanado de ello y ha denunciado a quien ha afeado su error.
Ayer viernes, el portavoz de la Mesa pola Normalización Lingüística de Galicia, Carlos Callón, ocupó el asiento reservado para los reos en la casa de la Justicia de A Coruña por haber criticado a un juez que burló una obligación legal.
[El juez y denunciante, Antonio Fraga Mandián, emitió un escrito utilizando el topónimo La Coruña pese a que por ley en los documentos oficiales debe utilizarse A Coruña y, además, alardeó de su heroicidade españoleira]
La ley respeta y protege que los ciudadanos utilicen el topónimo que prefieran o el que más les guste: A Coruña, La Coruña… Sanxenxo, Sanjenjo… Ourense, Orense… Xove, Jove… Rianxo, Rianjo… etcétera; pero con la misma claridad la ley determina que las instituciones públicas deben emplear en sus documentos la toponimia oficial, que en Galicia es la gallega.
Pero el debate político-lingüístico sobre la toponimia es ajeno a lo que se dirime en el juicio, cuya finalidad es determinar si Carlos Callón ha delinquido por criticar la acción del funcionario público que prescindió de una obligación legal.
El juicio merece el calificativo de sainete jurídico, pues el denunciante es un funcionario del Estado que pretende redondear su hazaña exigiendo que sea castigado quien ha reprochado su falta de respeto a los textos que hacen posible la convivencia [textos, por cierto, que el funcionario no sólo debe cumplir, sino que además cobra de los contribuyentes para castigar a quienes los incumplen].
En un Estado democrático de Derecho los ciudadanos tienen derecho a criticar a los funcionarios públicos y a todos cuantos ostentan responsabilidades institucionales. Pero tan fundamental como ese principio, o más, lo es que los funcionarios públicos y quienes ostentan responsabilidades institucionales respeten la ley con escrupuloso e inexcusable rigor.
No es la primera vez que Fraga Mandián defiende la discriminación del topónimo oficial de la ciudad coruñesa.
Un juez tiene derecho a mantener posiciones políticas; pero, no tiene derecho a incumplir preceptos legales y si lo hace, es legal criticarlo.
Un juez tiene derecho a mantener posiciones políticas; pero, no tiene derecho a incumplir preceptos legales y si lo hace, es legal criticarlo.
Hay muchas formas de desprestigiar al Estado democrático de Derecho que es el Reino de España, la denuncia y el juicio contra Carlos Callón es una de ellas.
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MÁS detalles, en::
* Entrevista a Carlos Callón, en GALICIA CONFIDENCIAL;
* «O xuíz que denunciou a Callón pídelle 15.000 euros "polas veces que saen" en Google as súas críticas», en PRAZA PÚBLICA;
* «Visto para sentencia el juicio contra Carlos Callón», en La opinón de A Coruña.
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MÁS detalles, en::
* Entrevista a Carlos Callón, en GALICIA CONFIDENCIAL;
* «O xuíz que denunciou a Callón pídelle 15.000 euros "polas veces que saen" en Google as súas críticas», en PRAZA PÚBLICA;
* «Visto para sentencia el juicio contra Carlos Callón», en La opinón de A Coruña.
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ACTUALIZACIÓN (8 enero 2013):
Carlos Callón ha sido absuelto de la falta de injurias de la que había sido acusado por el ex juez decano de A Coruña. Más detalles, en La opinión de A Coruña.
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