Para empezar 2013, otra "estafa presupuestaria": el banco malo

Entre las novedades económicas que más descuellan para empezar 2013 figura la reciente puesta en marcha del llamado banco malo, herramienta fundamental en la estrategia orquestada por el Gobierno español a instancias de la troika [Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional (FMI)], cuya función es limpiar «el sistema financiero más sólido del mundo» (¿?) Así describió a la banca española Rodríguez Zapatero durante su estancia en Wall Street, poco después de que estallara en EE UU la burbuja de los créditos basura (subprime).
La convicción zapaterista, compartida por el PP, sólo sirvió para retrasar la puesta en marcha de medidas que impidieran o suavizaran el estallido de la burbuja inmobiliario-bancaria que se inflaba en España desde 1997, cuando el Gobierno de Aznar López se empeñó en declarar urbanizable todo el territorio español [esta medida, no obstante, fue parcialmente corregida por el Constitucional], lo que propició el espejismo sobre el que durante más de una década se cimentó un falaz crecimiento económico.

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¿Qué es el banco malo
y cómo funciona?
El pasado 16 de noviembre el Boletín oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto 1559/2012, mediante el que se estableció la normativa que regula las sociedades de gestión de activos, texto que complementa lo previsto en la Ley 9/2012 para la «reestructuración y resolución de entidades de crédito», publicada dos días antes en el BOE.

Esos dos textos constituyen la base legal por la que se regirá el banco malo, cuya denominación oficial es Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

La Sareb es la herramienta que utilizará el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para absorber los activos (propiedades inmobiliarias), los préstamos, los valores tóxicos y las participaciones en sociedades inmobiliarias que acumulan las entidades bancarias que están en apuros, empezando por las quebradas y nacionalizadas BFA-Bankia, Banco de València [este ya reprivatizado], Catalunya Banc y Novagalicia Banco.
El objetivo de la Sareb es liquidar esos activos, venderlos, lo que en teoría debería hacer aplicando los criterios comerciales del libre mercado.

Las cuatro entidades mencionadas, catalogadas como grupo 1, deben haber transferido a la Sareb todos sus activos "de riesgo" antes de las 24 horas de mañana, último día hábil del año (traspaso que en cierto modo permitirá "compensar" el dinero público que han recibido para seguir vivas).
Por su parte, los bancos y cajas que no han colapsado pero requieren ayudas, catalogados como grupo 2, realizarán la transferencia de activos de forma escalonada durante los meses siguientes [no se ha fijado una fecha tope].
Por último, hay un grupo 3 al que han sido adscritas las entidades que disfrutan de una situación "normal", o estable, a las que sólo se les exige que presenten un plan de reestructuración o racionalización. No obstante, siempre resumiendo, si alguno de los bancos y cajas del grupo 3 necesitara ayudas públicas para garantizar su buena marcha, para obtener apoyo público será condición sine qua non que transfiera activos a la Sareb.
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Si el capital privado fuera minoritario, la Sareb agravaría el déficit

La Sareb dispone de un capital social (pasivo) que, de momento, es mayoritariamente de origen privado (falta cubrir una segunda fase). No obstante, está prevista una ampliación de capital, por lo que desde hace ya varias jornadas el Gobierno de Rajoy intenta convencer a los cinco grandes bancos de que la cubran en cuantía suficiente para que el accionariado siga siendo mayoritariamente privado.

[En la segunda fase también se han comprometido a entrar como accionistas las compañías aseguradoras Mapfre, con 50 millones de euros; Mutua Madrileña, 30 millones; Catalana Occidente, 10 millones y otras entidades con cantidades inferiores que en su conjunto aportarían en torno a 75 millones de euros. Por su parte, en la ampliación de febrero el FROB, que de momento ha aportado 1.463 millones de euros, prevé aumentar su participación con otros 1.036 millones]

Hay varios motivos que, aparte de los comerciales y de los compromisos que acarrea ser accionista, aconsejarían esa participación, según el Gobierno; pero en realidad sólo hay una razón de peso por la que el Ejecutivo está interesado en recabar inversores: Si más del 50 % del capital de la Sareb está en manos privadas la aportación del Banco de España-FROB no computa en la contabilidad estatal, con lo que se evita incrementar el déficit presupuestario.

La renuencia de los bancos a meter más dinero en la Sareb es lógica porque, de entrada, aunque los accionistas privados sean mayoría nunca podrán ejercer el control de la entidad, que es teledirigida desde el Gobierno, que ha sido quien ha nombrado a la presidenta [Belén Romana] y al director general [Walter de Luna], amén de otras prerrogativas.

No menos importante es que no se ha previsto un procedimiento que, llegado el caso, permita al accionista desprenderse de su participación en la Sareb, sea porque necesita recuperar el capital o porque decida cambiar su estrategia.

Por si fuera poco, todo indica que invertir en la Sareb no sólo supone adquirir un compromiso sine die, sino que además la sociedad no rentará beneficios durante tres, cuatro o más años y que, por el contrario, generará gastos que cabe presumir elevados [entre otros, la gestión de los activos, que incluye mantener los inmuebles, en numerosos casos incluso acabarlos de construir... ¡o demolerlos!, amén de costear servicios jurídicos y tareas comerciales, entre otras obligaciones].
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Inevitablemente, habrá compensaciones políticas

Pero hay un inconveniente todavía más chocante desde el punto de vista del inversor, máxime si este es un banco: los hipotéticos beneficios futuros de la Sareb dependerán en gran medida del precio (o compensación) que la sociedad abone por los activos que compre a los bancos que requieran ayudas públicas [tal como se indica en el cuarto párrafo de este post]; sin embargo, aunque la Sareb aplicará criterios de libre mercado para vender esos inmuebles, tal como prevé el Real Decreto 1559/2012, este texto también establece que el precio que la Sareb abone por los inmuebles (u otros activos) será fijado unilateralmente por el Banco de España-FROB.

Así las cosas, las repercusiones políticas de la Sareb serán inevitables: ¿Cómo compensará el Gobierno a quienes han invertido en una empresa que pese a ser accionistas mayoritarios nunca podrán controlar y ni siquiera fijar los precios a los que compra activos?
Que nadie lo dude, el Gobierno se verá obligado más pronto que tarde a compensar ese esfuerzo a los inversionistas y cómo lo haga es un asunto radicalmente político.

Para redondear, aparte del dinero público que ya ha invertido el Banco de España-FROB para crear la entidad (capital social), la Sareb debe emitir deuda, que en parte será garantizada por el Estado, que también pagará los intereses correspondientes; es decir, garantizamos y pagamos todos los contribuyentes.
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Y dicen que los recortes son imprescindibles... 

Si al dinero que el Estado español ya ha inyectado en las entidad financieras arruinadas o tocadas, sumamos el crédito del rescate bancario recién recibido del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera [dinero que debe ser devuelto, por el que se pagan intereses y que ha sido avalado por el Estado, no por la banca], más la inversión que supone poner en marcha de la Sareb, más la adquisición de activos inmobiliarios que lastren a bancos, más... ¿Usted considera que los ajustes presupuestarios que obligan a recortar servicios para reducir déficit están justificados, teniendo en cuenta las ingentes cantidades de dinero público que recibe la banca?

No sé a usted, amable lector/a, pero a mi ya se me han atragantado las doce uvas...

MÁS sobre el mismo asunto:
* "Banco Malo, el mejor instrumento de blanqueo de dinero sin pagar impuestos", en CUARTO PODER;
* "Banco malo, mala gobernanza" (composición del consejo de administración), en ELDIARIO.ES; 
* Dosier informativo sobre la Sareb, en El país; 
* "El banco malo destinará 500 millones de euros a demoler inmuebles", en EL CONFIDENCIAL;
* "La banca nacionalizada traslada (al banco malo) 37.109 millones del ladrillo tóxico", en PÚBLICO.