29 enero 2009

Bolivia es víctima de una campaña (des)informativa

En lo tocante al mundo de la información, el referendo constitucional recién celebrado en Bolivia --en el que un 60 % de los votantes han aprobado el texto propuesto-- ha servido para demostrar sin ningún género de dudas que nueve de cada diez medios de comunicación españoles hacen campaña contra Evo Morales, presidente electo del país y promotor de la reforma constitucional.
La mayoría de los medios han afirmado, ¡no informado!, que el referendo y su resultado ¡han provocado o consagrado la división del país! (¿?) Algún medio incluso se ha atrevido a editorializar que el referendo y su resultado ¡exigen que Evo Morales abandone la política!
Por lo visto, escuchado y leído, cabe concluir que la mayoría de periodistas y prácticamente todos los comentaristas y columnistas españoles opinan que para que una Constitución sea aprobada es necesario que sea respaldada por más del 50 % del electorado... ¡incluidos los abstencionistas!
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Una tesis que no desacredita a Morales, sino a todos los referendos 
La tesis va más allá, pues ese porcentaje mínimo debe haberse registrado en todos y cada uno de los departamentos, provincias o circunscripciones del país. Semejante tesis cuestiona la legitimidad de la mayoría de referendos celebrados en todo el mundo.
Veamos un ejemplo muy cercano:
Aplicando esa singular teoría, la Constitución española de 1978 también habría provocado o consagrado la división de la sociedad española, pues en Euskadi apenas apoyaron la carta magna tres de cada diez electores censados.
Esa tesis anti-democrática y desinformativa persigue dañar la estabilidad de Bolivia, al actual partido en el poder, el Movimiento al Socialismo, así como al líder de esa formación y actual presidente de la república, el cual, por cierto, fue elegido democráticamente.
Evo Morales y lo que representa pueden e incluso es sano que sean criticados, también es comprensible, lógico y respetable que haya quienes incluso repudien el indigenismo, el derecho del Gobierno boliviano a controlar los bienes naturales del país u otras políticas y decisiones; pero informar, analizar y juzgar aplicando criterios manifiestamente torticeros es una canallada y revela sin ningún género de dudas que de ese episodio sudamericano se ha (des)informado en función de intereses. ¿Los de quiénes?
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