05 marzo 2015

Catalá confía en el nuevo juez-instructor del caso Gürtel, pero...

El ministro dice que haber tenido responsabilidades administrativas durante
el Gobierno del PSOE no inhabilita al funcionario, pero «eso hay que demostrarlo»
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Esta mañana, durante un desayuno informativo el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado que el magistrado José de la Mata, que sustituirá en la Audiencia Nacional al juez-instructor del caso Gürtel, cuenta con la «confianza absoluta» del ministro —en rigor, tanto da que la tenga o no, ¿acaso la Justicia no es independiente del poder ejecutivo?
Temeroso de que mi opinión sobre esa comparecencia gastronómica y mañanera del ministro fuera radicalmente errada, he sometido mi parecer al criterio de tres profesionales del Derecho y los tres han coincidido en que desde un punto de vista jurídico e institucional, en un Estado democrático de Derecho es cuando menos inadecuado y a criterio de los tres, difícilmente justificable que el ministro de Justicia de un Gobierno cuyas responsabilidades ostenta el partido que está imputado en el caso Gürtel haga semejante declaración aludiendo personalmente al juez-instructor que será el responsable de los trámites previos a la vista oral de ese juicio.
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Experto en administración de justicia no es,
pero en pisar charcos...
Abundando en inconveniencias, el ministro se ha permitido la licencia de referirse al hecho de que De la Mata ejerciera una dirección general en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero: «No me parece que haber trabajado en una administración pública con un gobierno democrático inhabilite a nadie para el desempeño, pero eso hay que acreditarlo y demostrarlo en el quehacer cotidiano».
O sea, el ministro confía en el juez-instructor pero debe demostrarle que no se equivoca… ¿desde cuándo un juez o un magistrado debe demostrar algo al ministro o al Gobierno de un Estado democrático de Derecho?
Convendría que ese ministro, o mejor el propio presidente del poder ejecutivo, explicará qué canastos debe demostrarles el juez.
Catalá ha comentado que todos los nuevos magistrados designados en el reciente concurso realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuentan con su «confianza absoluta» —insisto: tanto da que el Gobierno confíe o no en ellos, ¿acaso la Justicia no es independiente del poder ejecutivo?—, pero a renglón seguido advierte que «si no es así, cada uno de ellos sabrá que consecuencia puede tener en términos de recusación, pero eso son extremos finales que espero que no haya que llegar en ningún caso».
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Al ministro no le satisface el método de selección,
pero hay vocales del CGPJ que tampoco están
precisamente contentos. La palabrería de ciertos
políticos y la realidad no cuadran...
¡Vaya por Dios!, al ministro no le satisface
como se adjudican las plazas 
Quizá con la finalidad de redondear sus sorprendentes declaraciones, Catalá ha manifestado estar en desacuerdo con el sistema que aplica el CGPJ para adjudicar las plazas, denostando expresamente que durante ese proceso la antigüedad profesional (la experiencia) de los candidatos sea el factor más determinante a la hora de tomar decisiones.
En fin, el actual ministro de Justicia [el cual, por cierto, jamás ha ejercido de juez ni cosa parecida] ha hecho historia: es el primer titular de esa cartera que reconoce —se supone que sin querer y sin ánimo de amenazar— que el Gobierno vigila de forma personalizada la tarea profesional y las decisiones de los jueces y magistrados, dando a entender de forma implícita pero inequívoca que si él o el Gobeirno están en desacuerdo en algo (¿?) se adoptarán las decisiones oportunas.
Resumiendo, Catalá se inmiscuye en una tarea que corresponde exclusivamente al CGPJ, no al poder ejecutivo.
En fin, dicen que por ser un Estado democrático de Derecho, en el Reino de España los poderes judicial y ejecutivo son independientes el uno del otro… ¿verdad?

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