Un juez apoyó a los "okupas" de un piso en Barcelona... ¡Falso!

El diario más vendido de España difunde una noticia falsa

con errores tan graves que todo parece formar parte de un complot

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¿Recuerda usted que hace un par de semanas El país destapó la «escandalosa okupación» de un piso en el barrio barcelonés de El Raval, ¡episodio acontecido en el verano de 2008!, hace ya año y medio? ¿Recuerda que según el rotativo madrileño el episodio fue zanjado por el juez dando la razón a la pareja de okupas en perjuicio del titular del inmueble?
Pues bien, los hechos y las circunstancias son radicalmente distintos.

De entrada, el pasado 11 de noviembre, ocho días antes de que fuera publicada la noticia de la ocupación, el Patronat Municipal de l’Habitage de Barcelona (PMHB) e Incasol (el organismo autonómico que gestiona el suelo) habían decidido demoler el edificio por razones técnicas: la reordenación parcial del barrio; y de salida, el titular del piso, que es de bajo alquiler y protección oficial, lo realquilaba ilegalmente o lo tenía vacío, pues él habita una vivienda de su propiedad.

[En este punto es obligado subrayar que se trata de una vivienda de propiedad pública de alquiler destinada a urgencias sociales y a familias de bajos ingresos, por lo que está terminantemente prohibido arrendarla y, por ende, los titulares de la adjudicación deben residir en ella]

La pregunta es inevitable:
¿Cómo es posible que un ciudadano que explota un comercio de su propiedad y que no acusa problemas económicos de ninguna índole obtuviera un piso destinado a urgencias sociales?

El de marras no es el único piso destinado a urgencias sociales con el que algunos listos se embolsan un dinero extra alquilándolo. Lógicamente, esas situaciones sólo son posibles debido a la negligencia del organismo público que administra y debe controlar ese tipo de viviendas.
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Intervención del Tribunal Superior de Catalunya

El texto difundido por El país provocó la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que extrañado por la historia y tras examinar los hechos ha desmentido la información del periódico y ha puntualizado que, en efecto, el juzgado número 13 de los de Barcelona desestimó la petición de desahucio interpuesta por el comerciante (adjudicatario del piso) porque la titularidad de la concesiónd e la vivienda es objeto de un pleito civil pendiente de resolver por la Audiencia, instancia a la que ha recurrido la actual inquilina (la okupa) para evitar que la desaloje el titular inicial, quien no habita en esa vivienda porque tiene una propia.

Es más, el propio TSJC ha recordado que en octubre de 2008 ya se dictaminó judicialmente que la pareja que actualmente reside en la vivienda protegida tiene derecho a ello --a la espera de que se dilucide el pleito por la titularidad--, e impuso una fianza simbólica de un euro a los actuales ocupantes debido a su precaria situación.
Además, en ese dictamen de 2008 consta que ambos inquilinos están empadronados en ese domicilio.

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Más tropezones y todos en la misma piedra

Por si fuera poco, el día 21 --dos días después de lanzar la espectacular exclusiva-- El país publicó otro texto indicando que la decisión de demoler el edificio sería fruto del notición que había lanzado el periódico.
La realidad en este caso también es bien distinta, pues esa decisión fue adoptada once días antes por el PMHB e Incasol.

En resumen, la exclusiva estaba basada en cuatro pilares cuestionables:

1. El país decía que una pareja de okupas se había apropiado del piso mientras el titular estaba de vacaciones. Este hecho forma parte del alegato del comerciante, no es un hecho comprobado y todo apunta que se trataría de un alegato falaz.

2. El país decía que el juzgado apoyó a los okupas. Falso. El desahucio no se ejecutó porque la sentencia inicial está recurrida; sin olvidar que la Justicia ha avalado que los ocupantes sigan en la vivienda a la espera de la resolución del expediente.

3. El país decía que el edificio del piso okupado es un antro de drogas, delincuencia y escenario habitual de botellones. Esas circunstancias constituyen una percepción u opinión, no un hecho comprobado; además, lo relatado por el periódico es "muy extraño" porque no constan intervenciones policiales motivadas por esos supuestos delitos y tumultos a pesar de que a 50 metros del inmueble hay una comisaría.

4. El país afirmaba que las autoridades habían decidido derruir el edificio a raíz del escándalo provocado por la difusión de la vieja noticia y por ser un enclave «incívico». Falso… Esa decisión es de orden técnico y había sido adoptada antes de la publicación del texto.
[Los inquilinos de las viviendas públicas afectadas por las demoliciones serán reubicados, operación con la que el ayuntamiento trata de reordenar la zona para, entre otras cosas, lograr un mejor aprovechamiento del espacio. De modo que es comprensible que los adjudicatarios iniciales que hayan realquilado sus viviendas o que las tenían desocupadas intenten recuperarlas o rehabitarlas para tener derecho a uno de los pisos nuevos que sustituirán a los condenados a la piqueta]
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¿A qué obedece una información tan tendenciosa y errada?

Según han informado medios catalanes no convencionales [la bitácora 500x2, por ejemplo, que fue la primera en tratar el asunto], la desinformación difundida habría servido para matar tres pájaros de un tiro:

a) La exclusiva formaría parte de una serie de maniobras promovidas por las autoridades y sus aliados para ocultar, maquillar o cuando menos disimular la desastrosa política de vivienda pública.

[El PMHB gestiona 6.000 de los 750.000 pisos que hay en la ciudad; es decir, las viviendas con fines sociales sólo suponen el 0,7 % del total; aparte de que por lo general son inmuebles de construcción deficiente y mal mantenidos y peor controlados, tanto que el fenómeno de los realquileres es normal. En numerosas ciudades de Alemania, Austria, Francia y Holanda con menor caché que la olímpica Barcelona el porcentaje de viviendas públicas de alquiler a bajo precio es superior al 20 %. Los gobiernos barcelonés y catalán no son precisamente eficientes al respecto --en el resto de España, salvo excepciones, la situación es la misma o peor]

b) La exclusiva ha sido útil para promover en la opinión pública una actitud favorable a la ley del desahucio exprés recién aprobada en el Congreso con los votos del PSOE, PP y CiU.

[El nuevo texto legal permite que las familias en apuros sean desahuciadas por procedimiento abreviado, incluso de las viviendas públicas y aunque no tengan techo bajo el que cobijarse. Mientras tanto, la banca privada en apuros recibe cientos de millones de euros…]

c) Y por último, la exclusiva de la vieja noticia también ha contribuido a desprestigiar las viviendas de promoción o propiedad pública, sobre todo las de alquiler.

ENLACE a "Un matrimonio lleva 16 meses con la casa ocupada y sin amparo judicial", en El país (en la edición del pasado 19 de noviembre).

NOTA: 
La exclusiva informativa de El país fue difundida aplicando los criterios del loro por numerosos periódicos, emisoras de radio y TV.