22 noviembre 2006

El Tribunal Supremo... ¿de España o de Madrid?

En una más que curiosa sentencia, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona.
¿Por qué?
Pues porque la mayoría de los magistrados estiman que los informes utilizados por el Gobierno son «insuficientes» para justificar el real decreto. Así de simple y de simplista. No es broma.
[Conste que varios magistrados han dejado constancia escrita de su voto en contra].
La sentencia obliga al Gobierno a elaborar una nueva batería de informes, tantos como considere necesarios el Supremo y que contengan, se supone, las razones que también el Supremo estime más adecuadas... Vamos, que la Justicia española sigue siendo un pozo de sorpresas y, a la vista está, ahora también se mete en política para censurar o enmendar decisiones gubernamentales de orden estrictamente administrativo.
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La vigencia del "Spain is different"
¿Estará suficientemente justificada la decisión política de trasladar la Agencia Europea de la Pesca de Bruselas a Vigo?...
¿Puede la Corte de Casación belga (equivalente al Supremo español) paralizar esa decisión del Consejo de Ministros de la UE que tiene sede en Bélgica?... cosas más llamativas se han visto en ¡Viva Paña!
¿Está justificado que el Inem tenga oficinas en Aranjuez, Murcia u Oviedo?... pues esa descentralización perjudica a Madrid al impedir que los empleados del Inem residan en la capital del reino.
Al fin y al cabo, en el caso de la CMT el dictamen del Supremo obedece a sendos recursos, uno de los funcionarios --ojo, no son funcionarios de 1.500 euros/mes--, ¿quién osa obligarnos a vivir en provincias?; y otro de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no se puede permitir el lujo de perder centros de trabajo relacionados con la capitalidad del reino.
Al fin y a la postre, ¿en qué radica la economía madrileña, más que en acaparar el mayor número posible de sedes de instituciones y de las principales sociedades anónimas y consorcios?
Donde hay capital, no manda marinero.
La siguiente comedia de este curioso Estado de Derecho llamado Reino de España podría consistir, por ejemplo, en que el poder ejecutivo cuestionara la existencia en Vigo de una sección de la Audiencia Provincial de Pontevedra, porque si la capital de la provincia es Pontevedra no tiene explicación que parte de las dependencias del tribunal de esa jurisdicción territorial estén en una localidad distinta de la capitalina, ¿a qué no?... De modo que si los funcionarios de Justicia vilmente trasladados a Vigo o el Ayuntamiento de Pontevedra recurren... ¡se lía!
Claro que Pontevedra no es Madrid, de modo que el Supremo pasaría bastante del asunto, ¿a qué sí?
Esta visto que siguen vigentes dos consignas archicentralistas: ¡Tó pa Madrí! y ¡viva la capital! El resto del país que se atenga a las naturales consecuencias. Sólo faltaría que los poderes institucional y económico de España viajaran por provincias como vulgares compañías de teatro.

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